La Corte Suprema de EE.UU. determina cuándo se puede demandar a los funcionarios por el uso de las redes sociales
El máximo tribunal estableció los criterios sobre cuándo una autoridad no puede bloquear el acceso de un usuario a sus publicaciones; cuando Trump era presidente un tribunal federal había dicho que esa práctica era “inconstitucional”
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LA NACION
WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes en qué casos los funcionarios públicos pueden bloquear a personas en sus redes sociales y cuándo no pueden impedir el acceso de un usuario a esas publicaciones, aunque se trate de cuentas personales.
Aunque el dictamen fue a partir de impugnaciones realizadas por funcionarios de gobiernos locales en Michigan y California, que bloquearon a seguidores que los criticaban en Facebook, la decisión fue también a la luz de una medida similar tomada en su momento por el expresidente Donald Trump. Cuando estaba en el poder, el líder republicano fue demandado por algunos usuarios de Twitter a quienes les bloqueó la interacción con su cuenta. En aquel momento, un tribunal federal de apelaciones dijo que la medida de Trump era “inconstitucional”, pero luego la Corte anuló la decisión y ordenó que se desestimara el caso porque la apelación llegó a sus manos cuando Trump ya no estaba en el cargo.
Esta vez, en una opinión unánime de la Corte escrita por la jueza Amy Coney Barrett, el tribunal estableció un estándar más claro sobre cuándo los funcionarios públicos son actores estatales en las redes sociales y cuándo pueden tener más control sobre su presencia allí.
En una era en la que los funcionarios públicos suelen comunicarse con los votantes a través de las redes sociales, los casos plantearon importantes preguntas sobre la Primera Enmienda, y sobre si esas páginas eran privadas o si eran una extensión de la publicidad de los actos de gobierno. Algunas de las páginas incluían información que parecía oficial junto con publicaciones personales que mostraban al perro de la familia.
“Cuando un funcionario del gobierno publica en las redes sociales información sobre temas relacionados con su tarea, puede resultar difícil saber si el discurso es oficial o privado”, escribió Barrett.
La Corte dictaminó que esas declaraciones de funcionarios gubernamentales pueden atribuirse al Estado y, por lo tanto, estar sujetos al escrutinio de la Primera Enmienda, sólo si la persona involucrada tiene la autoridad para hablar en nombre del estado y si el funcionario pretendía ejercer esa autoridad en nombre del Estado.
El dictamen establecido por el tribunal este viernes se podrá aplicar como antecedente para los funcionarios de cualquier nivel de gobierno.
Uno de los casos sobre los que se expidió este viernes la Corte, O’Connor-Ratcliff v. Garnier , involucra a miembros electos de una junta escolar en California que bloquearon a los padres de estudiantes en su distrito. Otro, Lindke v. Freed , trata sobre un administrador de la ciudad de Michigan que bloqueó a un defensor que criticaba el manejo de la ciudad durante la epidemia de Covid-19.
“El fallo de hoy divide la diferencia entre dos polos bastante extremos”, dijo Steve Vladeck, analista de la Corte de CNN y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.
“A diferencia de la idea taxativa de que los funcionarios públicos son siempre actores estatales en las redes sociales, o nunca lo son, el tribunal está aclarando las circunstancias específicas en las que, incluso a través de una cuenta personal, un funcionario público todavía está limitado por la Primera Enmienda en cuanto a cómo actuar e interactuar con sus electores. Los tribunales inferiores ahora tendrán que aplicar los criterios de este nuevo dictamen, así que veremos cómo funciona sobre el terreno”.
Agencia AP
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