La Corte Suprema de EE.UU. define los límites de la libertad de expresión en las redes sociales

WASHINGTON.– Las causas más importantes de la era de internet que atañen a la primera enmienda de la Constitución norteamericana serán escuchadas por la Corte Suprema mañana lunes y podrían girar en torno a una misma y única pregunta: ¿las plataformas como Facebook, YouTube, TikTok y X (la antigua Twitter) se parecen más a un diario, a un centro comercial o a una compañía telefónica?

Las dos causas llegan al máximo tribunal revestidas de política, ya que refieren a leyes de Florida y Texas destinadas a proteger el discurso conservador, ya que prohíben a los principales sitios de redes sociales eliminar publicaciones sobre la base de las opiniones que expresan.

Pero el enorme dilema que presentan estas causas trasciende la ideología. Se trata de si las plataformas tecnológicas tienen derecho a la libertad de expresión para emitir juicios editoriales. Encontrar una analogía adecuada en otros precedentes judiciales podría decidir el asunto, pero ninguno de ellos encaja perfectamente con el caso actual.

Si las plataformas son como los diarios, podrán publicar lo que quieran sin interferencia del gobierno. Si son como centros comerciales privados y abiertos al público, es posible que se les exija que permitan a los visitantes decir lo que quieran. Y si son como las compañías telefónicas, deben transmitir el discurso de todos, sin intervenir.

“Los precedentes son anteriores a la era de internet y no queda ni remotamente claro que puedan aplicarse a las grandes empresas de redes sociales”, escribió el juez Samuel Alito en su fallo en disidencia de 2022, cuando una de las causas pasó brevemente por la Corte Suprema.

Los partidarios de esas leyes estatales dicen que fomentan la libertad de expresión, dando acceso a la opinión pública a todos los puntos de vista. Los opositores dicen que las leyes pisotean los derechos de las plataformas consagrados en la primera enmienda y que las convertirían en cloacas de odio y mentiras. Un documento en contrario, a cargo de académicos progresistas, instó a los jueces a defender esa disposición clave de la ley de Texas a pesar del daño que dicen que causaría.

Lo que está claro es que la decisión del tribunal, prevista para junio, puede transformar por completo Internet.

“Estos casos son de suma importancia para la libertad de expresión online”, dijo Scott Wilkens, abogado del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, que presentó un escrito como amicus curiae donde no apoya a ninguna de las partes en ninguna de los dos causas, argumentando que en ambas se había adoptado una posición extrema.

Los casos se refieren a leyes promulgadas en 2021 en Florida y Texas, destinadas a prohibir que las principales plataformas eliminen publicaciones que expresen opiniones conservadoras. Las leyes difieren en sus detalles, pero a ambas las impulsa la frustración de la derecha, en particular por las decisiones de algunas plataformas de bloquear al expresidente Donald Trump después del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

En una declaración que difundió tras promulgar la ley en Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis dijo que la ley estaba destinada a promover los puntos de vista de la derecha. “Si los censores de las grandes tecnologías no son consistentes en la aplicación de las reglas para discriminar a favor de la ideología dominante de Silicon Valley, ahora tendrán que rendir cuentas”, dijo DeSantis en esa oportunidad.

El gobernador de Texas, el también republicano Greg Abbott, dijo más o menos lo mismo al promulgar el proyecto de ley de su estado. “Ahora es ley que en Texas las opiniones conservadoras no pueden prohibirse en las redes sociales.”

Las dos agrupaciones comerciales que desafiaron las leyes –NetChoice y la Computer & Communications Industry Association– argumentaron que las plataformas están protegidas por los mismos derechos de la primera enmienda que los medios de noticias convencionales.

“Así como Florida no puede decirle a The New York Times qué artículos de opinión publicar o a Fox News qué entrevistas transmitir, tampoco puede decirles a Facebook y YouTube qué contenido difundir”, argumentaron ante la Justicia. “Cuando se trata de difundir opiniones, las decisiones sobre qué mensajes incluir y excluir son responsabilidad de los privados, no del gobierno”.

Los estados adoptaron la posición opuesta. La ley de Texas, escribió en su presentación el fiscal general del estado, Ken Paxton, “simplemente permite la comunicación voluntaria en las plataformas más grandes del mundo entre personas que quieren hablar y oyentes que quieren escuchar, considerando a las plataformas como empresas telefónicas o de correos”.

Las presentaciones de apoyo a uno u otro bando están divididas según líneas bastante previsibles. Pero hubo una notable excepción. Para sorpresa de muchos, algunos destacados académicos presentaron un escrito instando a los jueces a respetar una disposición clave de la ley de Texas.

“La ley en cuestión en este caso suscita preocupaciones serias y legítimas de política pública”, escribieron los académicos, entre ellos Lawrence Lessig, de la Universidad de Harvard; Tim Wu, de Columbia, y Zephyr Teachout, de Fordham. “Estas leyes podrían amplificar los discursos de odio y contenidos nocivos”. Pero agregaron que “las malas leyes pueden sentar malos precedentes” e instaron a los jueces a rechazar la petición de las plataformas de ser tratadas como medios de comunicación.

“Para ser más claros: Facebook, Twitter, Instagram y TikTok no son periódicos”, escribieron los académicos. “No son publicaciones con espacio limitado que dependen de la discreción editorial a la hora de elegir qué temas o cuestiones destacar. Son más bien plataformas para la expresión y el discurso público generalizados. La bestia es su propia criatura, pero están mucho más cerca de ser un centro comercial o un ferrocarril que de ser un diario de provincias”.

En una entrevista, el profesor Teachout vinculó el caso de Texas con la decisión de la agrupación Citizens United, que con base en la primera enmienda logró la anulación de una ley de financiación de campañas que regulaba el aporte de las empresas.

“Este caso amenaza con ser otra expansión de los derechos de expresión de las empresas”, dijo Teachout. “De hecho, puede terminar siendo un caballo de Troya, porque quienes impulsan la legislación son personajes muy desagradables. Deberíamos ser realmente cautos a la hora de ampliar los derechos de expresión de las empresas solo porque no nos gustan determinadas leyes”.