La Corte Suprema de Brasil es de las más poderosas del mundo: ¿está salvando o acechando la democracia?
El STF amplió sus poderes para protegerla, pero algunos se preguntan si ahora la amenaza no es el propio máximo tribunal
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The New York Times
BRASILIA.- Daniel Silveira, un policía devenido en diputado de la ultraderecha brasilera, estaba furioso. Convencido de que el Supremo Tribunal Federal (STF) de su país estaba persiguiendo a los conservadores y silenciándolos en las redes sociales, Silveira decidió actuar. Entonces se sentó en su sillón y empezó a grabarse: “¿Sabés las veces que imaginé que los agarraban a golpes en la calle?”, dijo en una diatriba de 19 minutos contra los miembros del tribunal, mientras sacaba músculo debajo de su ajustada remera. Posteó ese video en YouTube en febrero de 2021, donde agregaba: “Acá yo digo lo que se me da la gana”.
Uno de los jueces del máximo tribunal ordenó su inmediata detención. Un año después, 10 de los 11 jueces de esa Corte lo condenaron a casi nueve años de cárcel por amenazarlos.
El por entonces presidente Jair Bolsonaro indultó a Silveira, pero el máximo tribunal revocó el indulto: hoy Silveira sigue preso, y no hay instancia de apelación más allá del máximo tribunal.
El caso de Silveira es parte de la crisis institucional que se está cocinando desde hace tiempo en Brasil.
Durante los últimos cinco años, el STF amplió sus poderes para abocarse a una amplia campaña para defender a las instituciones brasileñas de los ataques que provienen, sobre todo, de las redes sociales.
Para la izquierda brasileña, la ofensiva judicial ayudó a rescatar la democracia en su país. Para la derecha, convirtió al STF en una amenaza para la democracia en sí misma. Y tal vez ambos bandos tengan razón.
Poco después de que Bolsonaro asumiera la presidencia en 2019, el STF comenzó su campaña con una medida muy inusual: se otorgó facultades para abrir una investigación penal sobre los ataques contra la Corte. La llamó Investigación de Noticias Falsas.
De allí partieron una serie de investigaciones dirigidas por uno solo de sus jueces, Alexandre de Moraes.
Las investigaciones apuntaron a operadores de extrema derecha que llamaron a dar un golpe militar cuando Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales en 2022, y eso contribuyó a salvaguardar la transferencia de poder.
Moraes también asumió nuevos poderes que le permitieron ordenar allanamientos contra personas que simplemente criticaron a la Corte en las redes, obligar a los medios de noticias a eliminar artículos, y ordenar a los organismos tributarios que dejen de investigar a otro juez y a su esposa.
La Corte también lo nombró una especie de sheriff de la Internet brasileña, poder que ejerció para obligar a las empresas tecnológicas a suspender las cuentas de cientos de personas en las redes sociales, y cuando Elon Musk se negó a hacerlo, bloqueó la red social X en Brasil.
La mayoría de los otros 10 jueces del STF respaldaron sus decisiones de manera formal.
Ahora, dos años después del tumulto de las últimas elecciones y cinco años después de otorgarse a sí misma esas nuevas facultades, el STF parece reacio a renunciar a ellas.
“Si no fuera por nuestra investigación, la democracia en Brasil se habría derrumbado”, dijo el juez Dias Toffoli, de 56 años, que creó la Investigación de Noticias Falsas y eligió a Moraes para dirigirla.
El presidente del tribunal, Luís Roberto Barroso, de 66 años, dijo que imponer los estándares de otras naciones a Brasil era injusto. Si bien la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege incluso los discursos de odio, por ejemplo, en el caso de Brasil no es así. “Las circunstancias de cada país son diferentes, y una democracia joven, como Brasil, tiene que protegerse de esos riesgos reales”, señaló Barroso, que agregó que “está previsto poner un fin” a esas investigaciones.
Poderío
Con sus nuevos poderes, el STF se convirtió en uno de los tribunales superiores más poderosos del mundo, señala Tom Ginsburg, profesor de derecho constitucional comparado en la Universidad de Chicago, que sigue de cerca el funcionamiento de los máximos tribunales en todo el mundo.
“Aunque algunas de sus decisiones puedan ser buenas y otras tengan sentido, muchos las ven como una verdadera extralimitación con un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión en Brasil”, dijo. “En una democracia tenemos que poder criticar a todas las instituciones del gobierno”, añadió.
El caso de Silveira deja expuesta una crítica central que se hace a las recientes acciones del STF: a veces, el tribunal ha sido al mismo tiempo víctima, investigador y juez del hecho. Los jueces cuestionan esa interpretación y dicen que la víctima es la democracia de Brasil, y no los jueces.
(El abogado de Silveira dice que la condena de su cliente violó varias leyes y sus fueros como diputado).
Algunos expertos legales dicen que la Corte respondió apropiadamente al movimiento bolsonarista ante la inacción de la Procuraduría General del país, pero les preocupa que la Corte continúe sigua actuando igual cuando la amenaza ya se ha diluido.
“Los tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales”, señala Thiago Amparo, un destacado abogado brasileño de derechos humanos que ha apoyado la actitud de la Corte. “Pero cuando ya no son tiempos excepcionales, no hacen falta medidas excepcionales”.
En los años posteriores a su creación, el alcance de la Investigación de Noticias Falsas se amplió para centrarse en cualquier ataque contra las instituciones. Moraes usó entonces su puesto al mando de la investigación para tomar las riendas de por lo menos ocho investigaciones similares, la mayoría centradas en las acciones de Bolsonaro y sus partidarios. Eso convirtió a la Corte en el blanco número uno del movimiento bolsonarista: furiosos, los seguidores de Bolsonaro amenazaban a los jueces en Internet, los escrachaban en público y rastreaban sus movimientos en secreto.
En determinado momento, en un aparente intento de intimidación, el entonces presidente Bolsonaro ordenó que los aviones de guerra de la Fuerza Aérea volaran tan bajo sobre la sede del STF que hicieran estallar las ventanas del edificio. Los militares se negaron.
La Corte solo endureció su enfoque. En el período previo a las elecciones de 2022, Moraes, que también actuaba como jefe electoral nacional, ordenó a las empresas de tecnología que eliminaran las cuentas o publicaciones que, según él, amenazaban la integridad del acto eleccionario, incluidas algunas del propio Bolsonaro.
Tras la derrota de Bolsonaro, sus partidarios bloquearon rutas y acamparon en bases del Ejército: denunciaban fraude y reclamaban la intervención de los militares. Algo preocupante para un país que entre 1964 y 1985 sufrió una dictadura militar. Moraes ordenó la eliminación de más cuentas en redes que cuestionaban la votación o apoyaban el alzamiento.
En 2023, una semana después de que Luiz Inacio Lula da Silva volviera a la presidencia, cientos de partidarios de Bolsonaro irrumpieron en los edificios de los tres poderes de Brasil, incluida la Corte, exigiendo un golpe de Estado. Fracasaron, y desde entonces Moraes ha supervisado más de 220 de las condenas de los que se alzaron.
Moraes también debilitó políticamente a Bolsonaro. El tribunal electoral de Brasil, también a cargo de Moraes, dictaminó que el expresidente no podía presentarse a las próximas elecciones porque intentó socavar el proceso electoral en 2022.
Moraes también autorizó operaciones policiales contra Bolsonaro y muchos de sus colaboradores en tres investigaciones separadas, incluidas las acusaciones de que planearon un golpe de Estado. La policía confiscó el teléfono y el pasaporte de Bolsonaro. El exmandatario dice que se trata de una persecución política.
En los últimos meses, miles de sus partidarios han hecho manifestaciones contra el STF y reclamaron el juicio político de Moraes. La semana pasada, una comisión del Congreso brasileño emitió un dictamen para limitar los poderes de la Corte: es poco probable que el proyecto se convierta en ley.
Cuando son entrevistados, los jueces del máximo tribunal insisten en que en Brasil la democracia aún está seriamente amenazada y que criticarlos socava sus esfuerzos por protegerla.
“Estamos tratando con gente peligrosa”, dijo el juez Barroso, presidente del STF. “Y no debemos olvidarlo”.
¿Y si la Corte se equivoca?
“Alguien tiene que tener ese derecho a cometer el último error”, dijo Barroso. “No creo que nos hayamos equivocado, pero la última palabra es del Supremo Tribunal”.
Jack Nicas
Traducción de Jaime Arrambide
The New York Times
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