La batalla de los toros, la espina cultural que enfrenta a Madrid con la Cataluña secesionista
La Corte consideró que la ley antitaurina catalana invade competencias del Estado
LA NACIONMartín Rodríguez Yebra
MADRID.- La tensión separatista de Cataluña volvió a dispararse en las últimas horas a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) español que anuló la prohibición de las corridas de toros vigente desde hace cinco años en esa región.
"¡No volverán!" es el nuevo grito de guerra de los independentistas, que prometen resistir la medida. Esgrimen una defensa de los derechos de los animales, aunque el rechazo a las fiestas taurinas responde sobre todas las cosas a que se las considera uno de los mayores símbolos de esa España que sueñan con abandonar.
Después de cinco años de litigio, promovido por el Partido Popular (PP), los jueces resolvieron anteayer que la Generalitat de Cataluña tiene autoridad para regular las corridas de toros, pero no para prohibirlas.
En una decisión dividida, el TC consideró que la ley antitaurina aprobada por el Parlamento catalán invade competencias del Estado en materia cultural, ya que la tauromaquia ha sido declarada "patrimonio inmaterial" de España y por tanto contaría con protección constitucional. "El tribunal puede decir lo que quiera, pero nosotros ya hemos decidido que no habrá corridas de toros en Cataluña. Haremos todo lo posible para que esta actividad no vuelva a nuestro país", advirtió Josep Rull, consejero de Territorio y Sostenibilidad del gobierno regional.
A la cruzada se sumó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aliada de Podemos y que no integra oficialmente el bloque del independentismo: "Somos una ciudad antitaurina y no vamos a permitir que se incumplan las normativas de maltrato animal".
La única plaza de toros en condiciones de funcionar en Cataluña es la Monumental de Barcelona. Otras se tiraron abajo o se reconvirtieron en centros comerciales después de la ley que impidió las corridas.
Los dueños de la Monumental la mantienen abierta como museo y albergaban desde 2011 la esperanza de una sentencia que les permitiera reabrir la plaza para las fiestas. Pero la reacción de las autoridades locales deja dudas sobre si realmente los toros y los matadores podrán volver a pisar el ruedo.
El gobierno que conduce el separatista Carles Puigdemont (del Partido Democrático) ha declarado su intención de desconocer órdenes mucho más perentorias del TC, como la que impide tramitar en el Parlamento regional leyes para crear las estructuras de un futuro Estado independiente.
La sentencia sobre los toros es "combustible para la causa", definía a LA NACION un dirigente relevante del Partido Democrático.
El TC es visto en Barcelona como una institución altamente politizada y hostil con la singularidad catalana desde que en 2010 anuló parte del estatuto de autonomía que había sido aprobado en el Congreso español y convalidado en un referéndum.
El desafío independentista se acerca al punto de no retorno. Puigdemont prometió que convocará en 2017 a un referéndum vinculante para que los catalanes decidan si quieren o no formar un Estado propio, algo que el gobierno de España se propone impedir por considerarlo inconstitucional.
"Seguiremos intentando un acuerdo negociado, pero si no hay voluntad de diálogo no nos dejan más remedio que avanzar solos", dijo esta semana en diálogo con corresponsales extranjeros el ex presidente regional Artur Mas, líder del Partido Democrático.
El gobierno de Mariano Rajoy desoye las amenazas y responde con demandas judiciales ante el TC. En los últimos meses consiguió que se procesara a Mas y a varios de sus colaboradores por un delito de desobediencia que podría costarles una inhabilitación de 10 años. La misma suerte podrían correr cargos actuales de primera línea.
Ante la sentencia de ayer, el PP de Rajoy se limitó a celebrar la protección "a un fenómeno nacional, cultural, histórico, social, económico e industrial". Sus dirigentes calificaron el fallo como "un soplo de libertad".
Más allá del choque de nacionalismos que despertó en este caso, la tauromaquia vive un momento de fuerte resistencia en toda España. Hay proyectos en marcha para prohibir las carreras en otras regiones, como las Islas Baleares, y se han cortado las ayudas oficiales a la actividad en ciudades gobernadas por fuerzas de izquierda, como Madrid, La Coruña y Valencia.
Aun así resiste como un símbolo inalterable: una encuesta internacional del Real Instituto Elcano revela que "los toros" son el tópico más repetido entre los extranjeros cuando se les pregunta en qué piensan cuando se les menciona España.
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