La acusación contra Donald Trump: por qué el arresto de un expresidente puede fortalecer la democracia de EE.UU.
Lo más preocupante sería el mensaje de impunidad que recibiría la sociedad si los fiscales miraran para otro lado simplemente porque el sospechoso es un exmandatario
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The New York TimesNicholas D. Kristof
NUEVA YORK.- En 1872, el entonces presidente norteamericano Ulysses S. Grant fue arrestado por la policía de Washington por exceso de velocidad al mando de su coche tirado por caballos. El oficial de policía extendió el brazo para señalarle que se detuviera, el general Grant obedeció y de allí acompañó al agente a la comisaría.
¿Eso socavó su investidura? No, yo diría que todo lo contrario: fue un bello tributo a la democracia. Lo que era inimaginable que le pasara a Luis XIV, “el Rey Sol”, quien célebremente dijo “El Estado soy yo”, sí era apropiado en un sistema de igualdad ante la ley.
Un gran jurado del distrito de Manhattan imputó a Donald Trump de haber silenciado con pagos de dinero a una estrella del porno, pero por el momento esa imputación está bajo secreto judicial. Esta acusación en particular despierta dudas legítimas, y hasta que no se conozcan los detalles de los cargos que se le imputan al expresidente, solo podemos especular, aunque en base a informaciones previas.
¿Y si la primera imputación a un expresidente se enmarca en una novedosa teoría legal que luego pueda ser rechazada por un juez o un jurado?
¿Qué hay que entender de las dudas sobre este caso incluso entre aquellos que no tienen la menor simpatía por Trump?
¿El fiscal de distrito, Alvin Bragg, sabe realmente lo que está haciendo?
Nadie puede tener certeza de la respuesta a esas preguntas hasta que veamos las evidencias que se presentaron ante el gran jurado, y mi temor es que una acusación fallida contra Trump lo termine fortaleciendo.
Pero también me preocupa, incluso más, el mensaje de impunidad que recibiría la sociedad si los fiscales miraran para otro lado simplemente porque el sospechoso es un expresidente.
Principio de la Justicia
Michael Cohen, el exoperador de Trump, fue condenado a tres años de prisión por negociar en nombre del expresidente, y uno de los principios fundamentales de la Justicia es que cuando un agente es castigado, quien lo envió también debe serlo. Eso no siempre es factible, y tal vez sea difícil repetir lo que la acusación federal logró en el caso de Cohen. Pero el objetivo debe ser hacer justicia, y esta imputación hace honor a ese objetivo.
Y en este caso es aún más cierto porque claramente se trata de un delito más grave que un típico caso de falsificación en los libros de una empresa: el objetivo del delito aquí fue incidir en el resultado de una elección presidencial, algo que tal vez haya pasado.
Cuando Trump sea arrestado, supuestamente le tomarán sus huellas dactilares, le sacarán la foto de rigor y hasta tal vez salga esposado. Y ahí surge otra pregunta: ¿el procesamiento de un exmandatario degrada la democracia?
Si hay una democracia experta en arrestar a sus expresidentes es Corea del Sur, que lleva metidos presos a cinco exmandatarios, un país que me tocó cubrir intermitentemente cuando era jefe de la oficina de The New York Times en Hong Kong, en la década de 1980.
En 1996, un expresidente surcoreano fue condenado a muerte por su participación en una masacre durante la dictadura militar que sufrió ese país. Su sucesor fue condenado a 17 años de prisión por cargos similares.
Otro expresidente se suicidó en 2009 cuando estaba siendo investigado en el marco de un escándalo de corrupción. El sucesor de ese presidente fue condenado a un total de 17 años de cárcel por corrupción. Y el presidente que lo siguió y ocupó el cargo entre 2013 y 2017 fue condenado a un total de 25 años de prisión por diversos delitos, entre ellos, sobornos y abuso de poder.
Durante un tiempo pensé que ese desfile de procesamientos era un signo de inmadurez política. Tal vez lo había entendido al revés. Tal vez en la década de 1990 efectivamente Corea del Sur era una democracia inmadura y afecta a la corrupción, pero esos juicios ayudaron a robustecer año a año la democracia surcoreana.
“A los surcoreanos no nos resulta nada fácil enjuiciar a nuestros expresidentes”, me dijo Jie-ae Sohn, profesora de Comunicaciones de la Universidad de Mujeres Ewha, en Seúl.
“Es un proceso doloroso y no nos hace nada felices mostrarle esa cara al resto del mundo. Sin embargo, con esos procesos hemos dejado muy claro que el Estado de Derecho y el imperio de la ley se aplican a todos por igual”, dice la académica.
“Son procesos muy duros, pero creemos que fortalecen nuestra democracia y la hacen más resistente después de cada sentencia”, agrega Sohn.
El contraargumento es que en este momento Estados Unidos debería ser discreto en sus acusaciones para permitir que el país se recupere y siga adelante.
Todavía recuerdo mi indignación adolescente cuando el presidente Gerald Ford perdonó preventivamente al expresidente Richard Nixon, pero con el tiempo llegué a pensar que era la decisión correcta y que hizo posible que el país sanara.
Diferencia evidente
Sin embargo, hay una diferencia obvia: en 1974, Nixon ya estaba completamente desacreditado, condenado al ostracismo y arruinado, mientras que Trump niega haber actuado mal y quiere postularse nuevamente para ocupar la Casa Blanca en las próximas elecciones presidenciales.
Quizá Corea del Sur sea un buen modelo que fomenta tanto el Estado de Derecho como la reconciliación nacional. Si bien los expresidentes recibieron sentencias duras, todos fueron indultados y liberados en un plazo de uno a cuatro años.
Como decía anteriormente, hasta que se conozcan más detalles es difícil sopesar la fuerza de la acusación del fiscal de distrito de Manhattan contra Trump, pero en estas circunstancias me parecen inspiradoras las palabras de William H. West, el agente de policía que arrestó a Grant por exceso de velocidad.
Según un relato que dio muchos años después, publicado en el diario The Washington Post, el policía le dijo a Grant: “Lamento mucho tener que hacerlo, señor presidente, porque usted es el jefe de la nación y yo no soy más que un policía, pero el deber es el deber, señor, y tengo que ponerlo bajo arresto”.
Esa es la grandeza y la dignidad de nuestro sistema legal llevada a su máxima expresión.
Y si un oficial de policía en 1872 pudo extender el brazo y obligar a detener el veloz carruaje del presidente, nosotros tendremos que hacer todo lo que podamos para defender el magnífico principio de igualdad ante la ley.
Traducción de Jaime Arrambide
The New York Times
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