Juicio político a Sebastián Piñera: cómo sigue el proceso y qué puede pasar con el presidente de Chile

SANTIAGO.- Tras la maratónica y frenética jornada en la Cámara de Diputados de Chile que aprobó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, los próximos pasos están vinculados con el trámite que enfrentará el líbelo en el Senado, donde se necesitarían dos tercios para destituir al jefe de Estado.

Por ahora, la destitución de Piñera asoma complejo que se apruebe: se requieren 29 votos, pero la oposición cuenta con 24 escaños. En este caso la votación es distinta, ya que por tratarse del presidente, se requiere un quórum de 2/3 de los senadores en ejercicio. Si fuese otra autoridad pública la acusada, sólo se requiere de mayoría simple.

¿De qué se lo acusa?

En el marco de la investigación de los Pandora Papers -publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), del que forma parte LA NACION- se expuso cómo la familia del mandatario chileno, y la de su amigo y empresario Carlos Délano, sellaron en 2010 una millonaria compraventa del megaproyecto minero Dominga en Islas Vírgenes Británicas, territorio considerado paraíso fiscal.

Además, el pago de una de las partes de dicha transacción dependía de una decisión que su gobierno debía tomar: en dicha operación, se estableció una cláusula que condicionaba el último pago de la venta, de unos US$10 millones, a que no se realizaran modificaciones medioambientales en la zona que pudieran afectar el desarrollo del proyecto minero.

“Nos estamos refiriendo una cláusula cuya vigencia terminó en 2011, fíjense los juegos de tiempo, donde se quiere juntar un periodo al cual se le atribuye el conflicto de interés, y como se quiere traer a tiempo presente, con la base de confundir”, respondió el abogado del mandatario, Jorge Gálvez, en una defensa que se extendió por más de cinco horas.

¿Qué dice el texto acusatorio?

El líbelo en el que se aprobó la acusación contra Sebastián Piñera contiene dos partes relacionadas con esos antecedentes: una en la que se acusa al mandatario de incurrir en “faltas graves a la probidad” y la otra que lo responsabiliza por poner “en tela de juicio del honor del país”.

De manera paralela, la Unidad Anticorrupción de Fiscalía anunció una investigación de oficio contra el gobernante. “El fiscal nacional ha tomado esta decisión atendida a que los antecedentes podrían revestir caracteres de delitos de cohecho con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios. Materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación”, dijo Marta Herrera, la directora de la entidad.

El proceso ha seguido su curso y la Fiscalía ya le entregó antecedentes de compraventa al Consejo de Defensa del Estado.

¿Qué pasa ahora?

La Cámara baja debe conformar una comisión de tres diputados que serán los encargados de sostener la acusación ante el Senado. Se propusieron los nombres de los diputados Jaime Naranjo, Gabriel Silber y Marcelo Díaz, pero esta terna no obtuvo los votos necesarios, y durante la jornada se decidirán los nuevos nombres.

En las próximas horas, además, la presidenta de la Cámara Baja, la democratacristiana Ximena Rincón, será notificada del resultado de la votación y se establecerá un plazo de entre cuatro y seis días para fijar la votación en el Senado.

Rincón anunció que la acusación constitucional contra Piñera podría verse en la sala el lunes y martes de la próxima semana, aunque aún está clara la fecha específica. En caso de que llegue la semana próxima, se podría votar antes de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, donde el mandatario no es candidato porque no es posible la reelección consecutiva.

¿Qué pasa con Piñera?

El mandatario queda inhabilitado para salir del país, a la espera de lo que resuelva el pleno de los senadores, que deberán actuar ahora en calidad de jueces, para evaluar los méritos de la acusación. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los ministros, el presidente no queda inhabilitado de sus funciones durante el proceso.

En el caso de que se apruebe la acusación en dicha instancia, el presidente quedará destituido de su cargo y no podrá ejercer ninguna función pública en cinco años. De igual modo, podría enfrentar el juicio ante un tribunal competente para aplicar la pena correspondiente según el delito -si lo hubiere- y para establecer la responsabilidad civil por daños y prejuicios causados, en este caso, al Estado.

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