Inestabilidad: América Latina, un territorio de bandas criminales y redes de violencia que se consolidan

El asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, el 7 de julio pasado en su residencia de Puerto Príncipe, puso en evidencia no solo universo sombrío de los mercernarios colombianos –señalados como partícipes del magnicidio–, sino, también, el profundo nivel de deterioro del Estado en el país caribeño, palpable también en otros países de América Latina en los que la debilidad institucional facilita el desarrollo del crimen organizado, algo que se intensificó con la pandemia del coronavirus.

El homicidio de Moïse “sirve para poner sobre la mesa las conexiones entre todos los grupos ilegales, que en muchos casos están siendo más fuertes que los propios Estados o han penetrado a las instituciones estatales y, quizás, ya son parte [de ellas]”, señaló a LA NACION Laura Tedesco, especialista en liderazgos políticos en América Latina. “El magnicidio expuso cómo se están regionalizando estos grupos y las consecuencias que pueden tener para Estados tan frágiles”, advirtió.

La inestabilidad de las instituciones y de la democracia; la corrupción; la impunidad; la fragilidad de la ley y de las penalidades; la superpoblación en las cárceles, que suelen ser “escuelas” del crimen; la porosidad de las fronteras, y las amplias extensiones geográficas son algunos de los factores que caracterizan a varios países de la región, según expertos consultados por LA NACION, y favorecen la consolidación de las organizaciones criminales, que buscan rédito económico a través de actividades ilícitas diversas.

“Tienen como mantra el profit, la generación de ganancia económica. Los mueve lo que más plata dé en el momento”, indicó la investigadora del Conicet y coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional de la Universidad Nacional de La Plata, Carolina Sampó.

El portfolio es diverso: asesinatos a sueldo, extorsiones, secuestros, lavado de dinero, explotación minera, tráfico de personas, de armas, y, principalmente, de drogas. “En América Latina, la mayor parte de las actividades criminales están asociadas al tráfico de cocaína porque es el único espacio territorial en el mundo en donde se puede generar un arbusto de coca susceptible a transformarse en droga”, explicó Sampó. “Además, los mercados están en expansión. Ya no demanda solo Estados Unidos, sino Europa, Australia, China y Medio Oriente. Por eso, todos se focalizan tanto en cocaína como en marihuana”, añadió.

La cocaína, estrella de la actividad ilícita

La producción de cocaína se concentra en Colombia, Bolivia y Perú, pero su traslado hacia los países de consumo hace que la actividad despliegue rutas y actores en todo el territorio lationamericano. Aunque ya hace tiempo cayeron los principales capos narcos, como el colombiano Pablo Escobar –del Cartel de Medellín– o el mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán –del Cartel de Sinaloa–, y se hayan desmantelado grandes grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lejos de desaparecer, las organizaciones se fragmentaron y ganaron capilaridad.

“Se democratizó la cocaína. Ahora no está claro quién se encarga de cada parte porque hay mucha coca disponible y son cada vez más los actores que se involucran en el negocio sin sufrir reprimendas”, detalló Sampó. “Una de las lecciones de la caída de [los carteles de] Cali y Medellín es hacerse menos visibles”.

El Cartel de Jalisco Nueva Generación, Los Zeta, el Cartel del Golfo y la Familia Michoacana, en México; las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Urabeños, en Colombia; el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y la Familia do Norte, en Brasil; el Tren de Aragua y la Banda de El Koki, en Venezuela, y las maras Salvatrucha y M-18 en El Salvador, Honduras y Guatemala –el denominado Triángulo Norte– son tan solo algunos de los cientos de grupos criminales que se mueven por América Central y América del Sur.

El “contraejemplo a la atomización” es, para Sampó, el PCC. “Es la organización más importante de toda América Latina y sigue una lógica inversa al resto. Mientras todas se fragmentan, el PCC se consolida y tiende cada vez más redes, con el agravante de que se nutre de las prisiones, un espacio que debería ser un monopolio estatal”, detalla la investigadora del Conicet.

Con una estructura financiera sofisticada y una gestión de recursos humanos que les permitió conseguir fuerte lealtad de los grupos marginados por el Estado, al beneficiarlos con dinero, alimentos y servicios sociales, el PCC logró expandirse más allá de San Pablo –su lugar de origen–, y desembarcar en Paraguay, Bolivia, Perú, e, incluso, Colombia, para acercarse, así, a la cadena de producción.

La conquista de tierras es uno de los principales factores desencadenantes de violencia, según expertos. Eso explica por qué Brasil, México, Colombia, Honduras y Venezuela, entre otros países, registran picos de homicidios que oscilan entre las 20 y 50 víctimas cada 100.000 habitantes –según datos de la ONU, el Banco Mundial e instituciones locales–; números 30 veces mayores que el promedio europeo y que superan con creces los de algunos países vecinos, como la Argentina, Uruguay y Perú, que no suelen alcanzar los diez homicidios cada 100.000 personas.

Autodefensas y grupos paramilitares

La situación se complejiza aún más con el surgimiento de las autodefensas de la población civil, agrupaciones paramilitares o milicias autogestionadas que intentan contrarrestar el avance de las bandas criminales, ante un Estado que no las logra disuadir o que, incluso, cuenta con funcionarios y policías sobornados que juegan para ellas.

Subidos al round, estos grupos armados secundarios empiezan a involucrarse en las mismas actividades que los carteles y las guerrillas. Andrei Serbin Pont, analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Cries), lo ejemplificó: “En el arco minero de Venezuela, tierra de nadie, hay muchos países presentes extrayendo minerales y oro, y recurren a grupos paraestatales para que le den seguridad”.

Una vez más, la motivación es la plata. “Quienes buscan seguridad privada en la minería venezolana pagan 1000 dólares al mes, en un país donde el salario mínimo es de cuatro dólares. El financiamiento les da un poder enorme”, detalló Serbin Pont.

Algo similar ocurre con los pagos millonarios que reciben los militares retirados, otra suerte de banda ilícita organizada, con un set de habilidades específicas que no se traducen en el mercado civil. “No es sorpresa que sean colombianos los involucrados en el asesinato del presidente de Haití, porque son los pocos con tanta experiencia en combate. Tienen medio siglo de guerra interna en la jungla”, explicó el director de Cries. Según una publicación de Los Angeles Times, los acusados por el crimen de Moïse tendrían sueldos mensuales superiores a 3000 dólares, en tanto un soldado activo colombiano cobra menos de 500 dólares.

Como en Venezuela, en México es moneda corriente la explotación ilegal minera por parte de los carteles. Se estima que en 2018 los ladrones de petróleo o “huachicoleros” robaron, en promedio, 58.200 barriles por día, equivalente a 4,1 millones de dólares de ingresos perdidos diarios. El dato surge de una investigación publicada este año por la revista Global Crime, titulada “Robo de petróleo de oleoductos: un examen de su comisión criminal en México”.

Los grupos criminales se cruzan en todos los rubros. “El Tren de Aragua, de los más grandes de Venezuela, está vinculado con el Clan del Golfo, con los grupos de Perú, con el PCC. Cada uno se expande y abre su mercado”, explicó Serbin Pont, y continuó, respecto de otra actividad ilegal: “Semanas atrás encontraron en Rosario un fusil AR-15 traído de Estados Unidos. Eso da cuenta de una coordinación para el tráfico de armas”.

En cuanto a la situación argentina, en donde la banda local más poderosa es la rosarina Los Monos y el país crece como punto de transbordo para el despacho marítimo de drogas, el director de Cries hizo una salvedad: “Las estructuras criminales en la Argentina viven en la edad de piedra comparadas con el PCC o el CV de Brasil. Pero si el PCC se siguiera expandiendo y nos empezara a ver como un mercado lucrativo, no tenemos capacidad para resguardarnos”.

En la misma línea, Luca Sorti, investigador del crimen organizado en la Universidad de Turín, en Italia, sostuvo que el sentido de pertenencia a un grupo criminal no siempre significa una limitación para su movimiento, en tanto el cruce con otra banda resulte redituable.

“Dentro de los grupos de crimen organizado existe una convicción de pertenencia al grupo que crea límites entre bandas. Pero, al mismo tiempo, convive la actitud racional y la necesidad de hacer negocios y lucrar para mantener la estructura que los lleva a cooperar”, indicó a LA NACION el académico.

Las maras y su lógica interna

El Triángulo Norte de América Central, la región más peligrosa del mundo según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), es un corredor casi natural para el contrabando hacia Estados Unidos, no solo por su ubicación geográfica, sino, también, por la fragilidad de sus sistemas institucionales. Las poderosas maras son el reflejo de la marginalidad y los problemas socioeconómicos característicos de la zona, al tiempo que actúan como protectores de estas sociedades afectadas.

Su estructura difiere de la del resto de los grupos criminales. “Son muy territoriales y tienen detrás un sentido de identidad y pertenencia muy fuerte. Las pandillas empezaron siendo una especie de juego serio muy violento en el que poco importaba el crecimiento económico. Se basaban en mantener un sistema de agresiones recíprocas entre pandillas”, detalló Juan José Martínez D’Aubuisson, antropólogo salvadoreño dedicado al estudio de estos grupos.

“Los carteles prefieren no relacionarse con estas pandillas por ser estructuras muy porosas, que tienden a confiar muy hacia adentro y muy poco hacia afuera. Es todo lo que no le interesa a un narco”, profundizó D’Aubuisson.

¿Cómo se desmantela este amplio tejido criminal? Sampó sostuvo que “la única forma de contenerlo es operando”, con países que actúen coordinados. Por su parte, Serbin Pont recuperó el intento del macrismo por convertir la policía federal en una suerte de FBI. “Además de fuerzas de choque, se necesitan equipos de inteligencia, políticas a largo plazo y acompañamiento estatal. Tenés que dar educación y servicios a la gente que encuentra una salida en el mundo ilegal”, afirmó el analista.

Lo cierto es que, hasta el momento, ninguna iniciativa de combate del crimen organizado ha prosperado. No lo hizo la inversión de Estados Unidos en el Plan Colombia de principios de los años 2000, ni el acuerdo bilateral entre George W. Bush y el entonces mandatario mexicano Felipe Calderón por la Iniciativa Mérida de 2007.

La pandemia tampoco puso freno al desarrollo del crimen en América Latina. “Los Estados están mirando para otro lado por la crisis sanitaria. Hubo una primera etapa de shock, con el cierre aéreo, que complicó sacar la cocaína por vuelos. Pero el tráfico marítimo siempre es rentable: solo el 2% de los contenedores se escanea, según datos de la Unodc”, concluyó Sampó.

D’Aubuisson agregó: “El coronavirus demostró que las pandillas son realmente los gobiernos locales de muchas comunidades. En América Central, con las restricciones y la crisis económica hubo hasta hambruna, y la gente decidió no mirar hacia el Estado, miró a la pandilla. Y ésta respondió”.

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