Impuesto a la riqueza, Ganancias y minería: cómo es la reforma tributaria que anunció Gabriel Boric en Chile
El gobierno presentó ayer un ambicioso plan que apunta a que la recaudación neta llegue a un 4,1% del PBI en cuatro años; los ingresos se destinarán a gastos sociales
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SANTIAGO, Chile.- Tras un proceso que empezó en abril con los diálogos sociales y un intenso trabajo prelegislativo, el gobierno de Gabriel Boric anunció el viernes la ruta y el contenido de la esperada reforma tributaria, la primera de las reformas estructurales de la administración del líder de izquierda.
Se trata de un proyecto que, según el Ejecutivo, busca avanzar en “equidad y justicia tributaria”, junto con ser clave para financiar la ambiciosa agenda del gobierno, a través de una reforma robusta.
“Nos tomamos muy en serio la responsabilidad que significa estarle planteando al país una reforma tributaria de esta envergadura, por supuesto que no es algo que podamos minimizar y aun cuando quienes contribuyan fundamentalmente a esta mayor recaudación sea un subconjunto de la población, nuestro compromiso es con el país en su conjunto para usar bien estos recursos y demostrarles a las chilenas y chilenos que el esfuerzo que se está haciendo por pagar mayores impuestos va a ser un esfuerzo que valga realmente la pena”, subrayó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante la presentación de la reforma.
Medidas para la lucha contra la elusión y evasión fiscal, reducción de exenciones tributarias, modificaciones al impuesto a la renta (Ganancias), la creación de un impuesto a la riqueza, indicaciones al proyecto del royalty minero que se tramite en el Senado y un compromiso de mayor transparencia fiscal, son parte del corazón de esta reforma, que apunta a que la recaudación neta llegue a un 4,1% del PBI en un plazo de cuatro años.
La reforma se estructura en torno a cuatro iniciativas legislativas, dos de las cuales se presentarán al Congreso durante julio, mientras que las restantes se concretarán en el cuarto trimestre.
Las dos primeras se refieren a un proyecto de ley que incorpora cambios al Impuesto a la renta (Ganancias), incorpora un Impuesto a la riqueza, limita exenciones e introduce medidas contra a elusión y evasión fiscal. El segundo componente corresponde a un paquete de indicaciones que se introducirán al proyecto de ley sobre royalty minero que se tramita actualmente en el Senado.
Impuesto a la renta
En primer lugar, se apunta a establecer un sistema dual que separa la tributación de la empresa de la tributación de sus socios. Con esto se apunta a simplificar el sistema tributario y la reducción de las horas de cumplimiento tributario del contribuyente pues se reducirán los registros y los formularios que deberá presentar en la declaración anual de impuestos.
La reforma contempla, además, un reducción de tasas corporativas, reduciendo el impuesto de primera categoría se reduce del 27% actual a 25% y se crea un nuevo impuesto denominado “Tasa de Desarrollo” de 2% que las empresas podrán descontar si acredita que ha destinado parte de sus inversiones a financiar proyectos relacionados a Innovación y Desarrollo (I+D), adquisición de manufactura y servicios de alta tecnología a proveedores locales, adquisición de bienes y servicios desarrollados con apoyo público, entre otras que impliquen inversión en productividad.
También se aplicará un impuesto a las rentas del capital equivalente a un 22%, que se aplicará a los dividendos pagados por las corporaciones cuando distribuyan a personas naturales o no residentes. En el caso de residentes en Chile, podrán alternativamente reliquidar sus impuestos incorporando el dividendo a su impuesto global complementario.
En tanto, se mantiene la tributación para no residentes en países con convenios para evitar la doble tributación, es decir, un impuesto adicional de 35% en un sistema integrado donde el impuesto de primera categoría funciona como crédito.
A su vez, se busca beneficiar a la clase media, contemplado dos casos en que las personas naturales podrán efectuar deducciones de su base imponible de impuesto personal: el gasto por alquiler con un tope de 8 UTA (450.000 pesos chilenos al mes); y el gasto asociado al cuidado de menores de 2 años y personas con grados de dependencia severa, con un tope de 10 UTA (550.000 pesos chilenos al mes).
En cuanto las pymes, los beneficios que hoy se contemplan para ellas se mantendrán en las mismas condiciones. Adicionalmente se incorporan a los beneficios en inversión en I+D privada.
Impuestos personales y a la riqueza
En la reforma, por otra parte, se establece un aumento de impuestos personales -a renta y global complementario- solo en la segunda parte de los actuales tramos, en particular aquellas rentas superiores a $4 millones (unos 4300 dólares) mensuales promedio.
Para quienes se encuentren en esos tramos, habrá un aumento en las tasas marginales, hasta llegar a un techo de 43% -actualmente en 40%-. Con esto, según Marcel, “más del 97% de estos contribuyentes mantendrá su carga tributaria actual”.
También se apunta a crear un impuesto a la riqueza, el cual partirá gravando a 6300 personas naturales con domicilio o residencia en Chile. Esto, respecto a su riqueza mantenida tanto en Chile como en el extranjero.
Se establecen dos tramos para este impuesto con un tramo exento de US$ 5 millones: el primer tramo irá entre US$5 millones a US$15 millones, con una tasa marginal de 1%; el segundo tramo tendrá una tasa de 1,8% sobre la parte del patrimonio que supere los U$$15 millones.
Dentro del patrimonio a declarar se consideran, entre otros, la participación en sociedades, los inmuebles, vehículos, portafolios de inversiones e instrumentos financieros.
Reducción de exenciones, evasión y elusión
Por otro lado, se consideran varios cambios a la legislación tendientes a fortalecer normas antielusión sobre tasación, gastos rechazados, precios de transferencia, entre otras. En cuanto a transparencia, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, se creará un registro de beneficiarios finales.
Además, se modificarán las exenciones que mantienen los Fondos de Inversión. Los fondos de inversión privados serán contribuyentes del Impuesto de Primera categoría, salvo aquellos que inviertan en capital de riesgo. Por su parte los fondos de inversión públicos mantendrán la exención del Impuesto de Primera Categoría, pero la distribución de dividendos hacia personas jurídicas será gravada con dicho impuesto, y se modifica la tributación de los aportantes no residentes quienes pasarán a tributar según las reglas generales.
Indicaciones al proyecto de royalty
Respecto al controvertido proyecto que establece un royalty minero y que está siendo tramitado en el Senado, el Gobierno buscará introducirle indicaciones al proyecto, a fin de que exista un nuevo régimen para la gran minería del cobre. Esto solo afectaría a aquellas empresas con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino.
Este impuesto tendrá dos componentes: el primero es un componente “ad valorem” que oscilará entre tasas efectivas entre 1% y 2% para los productores entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino, y entre 1% 4% para aquellos con más de 200.000 toneladas; y un componente sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 32% sobre la rentabilidad operacional, para precios del cobre entre dos y cinco dólares la libra.
Recaudación
De aprobarse estas medidas se estima que en 2023 la recaudación llegará a un 0,6% del PBI para ir aumentando progresivamente a 1,8% en 2024, a 3,1% en 2025 hasta llegar a un 4,1%.
Estos mayores recursos, sumados a los mayores recursos obtenidos de una mayor eficiencia en el gasto se destinarán a derechos sociales como subir la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 (US$ 270); financiar la reforma a la salud para aumentar el acceso a la atención y reducir las listas de espera, por ejemplo; resolver la “deuda histórica” de profesores y profesoras; invertir en infraestructura educativa; aportar al Plan de Emergencia Habitacional, que tiene como meta 260.000 nuevas viviendas; y fortalecer el sistema nacional de cuidados.
Además, una parte de los recursos adicionales se destinarán a la agenda de productividad, a las descentralización y equidad territorial para apoyar medidas como transformación digital de pymes y las estrategias de desarrollo regional y de innovación, ciencia y tecnología en regiones; y proyectos y perímetros de exclusión de transporte regional.
Por Tomás Molina
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