Hong Kong aplaza las elecciones en otro duro revés para la oposición demócrata

PEKÍN.- Hong Kong pospondrá un año las elecciones legislativas que estaban previstas para el próximo 6 de septiembre. La jefa del Gobierno autónomo, Carrie Lam, confirmó lo que se había convertido en un secreto a voces esta semana en el centro financiero internacional. "Es la decisión más dura que he tomado en los últimos siete meses", ha asegurado en una conferencia de prensa. La razón oficial: la pandemia de covid, que este julio ha visto el mayor aumento de casos diarios en la ciudad desde el comienzo de la crisis. Pero, para los simpatizantes del movimiento democrático, se trata de una maniobra para evitar que, impulsada por el descontento popular contra la nueva ley de Seguridad Nacional, la oposición consiga la mayoría en el Parlamento local por primera vez en la historia y el Legislativo pueda convertirse así en un baluarte de resistencia a las políticas proPekín.

Protegida con tapabocas y ante una imagen de la bahía de Hong Kong en la sede del Ejecutivo autónomo, Lam ha asegurado que el aplazamiento es "necesario" para "proteger la salud pública, las vidas de la gente y garantizar la imparcialidad de los comicios". El retraso electoral hasta el 5 de septiembre de 2021, ha agregado, cuenta con el pleno respaldo del gobierno central en Pekín.

En los últimos diez días Hong Kong ha superado el centenar de casos cada jornada. Son las mayores cifras desde el comienzo de la pandemia en la ciudad de 7,4 millones de habitantes, pero también un número relativamente reducido con respecto a otras urbes occidentales de tamaño similar. En siete meses ha acumulado más de 3000 casos.

El anuncio completa una semana en la que casi cada día han llegado malas noticias y medidas contra el activismo prodemocracia en Hong Kong. El martes, el consejo de dirección de la Universidad de Hong Kong, nombrado por el Gobierno, había aprobado el despido del profesor de Derecho Benny Tai, uno de los fundadores en 2014 del movimiento Occupy -que desencadenaría la movilización estudiantil conocida como movimiento de los paraguas, predecesora de las protestas masivas del año pasado. Tai había cumplido una condena de meses de prisión por cargos relacionados con aquellas sentadas. El miércoles por la noche, la nueva unidad de Seguridad Nacional de la Policía detenía a cuatro activistas estudiantiles, acusados de crear un grupo separatista en redes sociales.

Pero sobre todo, argumentando la nueva ley de Seguridad Nacional, este jueves la comisión electoralhabía descalificado a doce candidatos de la oposición para las legislativas, entre ellos el antiguo líder estudiantil Joshua Wong e incluso tres diputados en activo, del moderado Partido Cívico. Sus pecados, según los funcionarios: tener inclinaciones subversivas, criticar la ley de Seguridad Nacional y tratar de conseguir una mayoría en el parlamento que bloqueara cualquier iniciativa de gobierno.

La oposición aspiraba a repetir en septiembre el éxito de las municipales de noviembre pasado, cuando se impuso en todos los distritos menos uno. Hacerse con la mayoría en el Parlamento, no obstante, representaba un reto mucho mayor. Los municipales son los únicos comicios en Hong Kong donde se aplica el sufragio universal puro. En las legislativas, solo la mitad de los 70 escaños se decide por voto directo; el resto viene seleccionado por agrupaciones gremiales y empresariales, que suelen inclinarse muy mayoritariamente por candidatos prochinos.

"Este es el periodo de fraude electoral más escandaloso de la Historia de Hong Kong", ha denunciado Joshua Wong en una rueda de prensa sobre su descalificación, horas antes del anuncio de Lam.

El joven activista, de 23 años y que ya había sido descalificado como candidato en las elecciones municipales de noviembre del año pasado, ha asegurado que el movimiento pro democracia continuará adelante pese a las presiones. "Impedir que me presente como candidato no va a parar la causa en favor de la democracia", ha sostenido.

La posibilidad de un largo aplazamiento, que restara impulso al movimiento pro democracia, había cobrado fuerza a lo largo de esta semana. El martes, un comunicado conjunto de Estados Unidos y Australia expresaba su apoyo a "unas elecciones libres e imparciales, creíbles y pacíficas, el 6 de septiembre". El Reino Unido también había expresado su preocupación.

Desde su entrada en vigor hace un mes, la draconiana ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín ha dejado notar su efecto en la vida pública hongkonesa a una velocidad mayor de lo que incluso sus críticos habían anticipado. Ya horas antes de que comenzara a aplicarse, dos agrupaciones políticas -Demosisto, fundada por Wong, y Studentlocalism, en la que militaban los cuatro jóvenes detenidos- habían anunciado su disolución. Muchos simpatizantes de las protestas del año pasado han borrado sus cuentas en redes sociales, carteles y banderas de apoyo público a esa movilización han desaparecido de los comercios que antes los lucían con orgullo y han aumentado las consultas sobre emigración. Grandes empresas tecnológicas han anunciado que, de momento al menos, suspenden su colaboración para suministrar datos a las autoridades de Hong Kong, y otras, como Uber, han anunciado la suspensión de sus planes para trasladar su sede del sureste asiático de Singapur al territorio autónomo.

China, y el gobierno autónomo de Hong Kong, aseguran que la nueva ley es necesaria para proteger el orden y la prosperidad del enclave, que consideran que quedó en peligro por las manifestaciones contra Pekín del año pasado. Sus defensores sostienen que se aplicará a un grupo muy reducido de personas y no debilitará el estado de Derecho ni las libertades existentes en el territorio. Por contra, sus críticos la perciben como una herramienta que pone fin en la práctica a la amplia autonomía de que debe disfrutar este centro financiero internacional según el acuerdo entre Pekín y Londres de devolución de la soberanía de la antigua colonia británica a China en 1997.

La ley se tramitó a una velocidad insólita en la práctica legislativa china. Desde su anuncio hasta su entrada en vigor, pasando por su redacción, apenas transcurrieron seis semanas. Quedó promulgada un día antes del aniversario del traspaso de la soberanía, una fecha que gradualmente se había convertido en una ocasión de manifestaciones multitudinarias contra Pekín.

Una carta abierta de 17 organizaciones no gubernamentales ha lanzado un llamamiento a 40 gobiernos a rechazar esa ley y defender los derechos humanos en Hong Kong. "En solo un mes, las autoridades de China y Hong Kong han dejado dolorosamente claro que la nueva medida es una herramienta de represión, no de seguridad nacional", ha declarado Sophie Richardson, directora para China de Human Rights Watch.

Diario El País

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