Haití: el gobierno de las pandillas y el germen de otra crisis dramática
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PUERTO PRÍNCIPE.- Ericka Vilsaint corría en medio de la noche. Estaba débil porque no había comido en más de cinco días. Sus secuestradores la acababan de liberar y no sabía dónde estaba. Solo sabía que tenía que correr, hasta el agotamiento total si era necesario. A unos cien metros de distancia, el auto de los secuestradores la seguía. No volvió la cabeza, pero las luces que brillaban tenuemente en la carretera eran suficientes para saber que estaban allí.
Fue secuestrada el 5 de septiembre de 2020 en Marlik, una localidad en lo alto de Pétion-Ville, una comuna de Puerto Príncipe, la capital de Haití . Un automóvil de lujo, con vidrios polarizados, pasó a su lado y se detuvo frente a ella. Se bajaron dos hombres. El primero le apuntó con su arma y el segundo la tomó del brazo para empujarla dentro del vehículo.
Los bandidos contactaron a sus padres. "Nos pidieron 200.000 dólares por su liberación. Su padre negoció, diciendo que no podíamos recaudar esa cantidad. ¡Ni siquiera trabajamos!", dijo la madre de la adolescente, quien se dedica a vender comida en obras de construcción. El padre es albañil, pero son pocas las oportunidades para trabajar.
Después de muchos intentos de negociación, la cantidad se redujo a una suma más asequible —la familia no quiso dar más detalles sobre el monto acordado—. Los secuestradores les explicaron a los padres de Ericka cómo entregar el dinero y recoger a la niña.
"Ella estaba en un estado terrible. Sucia, como una niña abandonada. La habían golpeado con tanta fuerza que le dislocaron el brazo. La acompañamos a la comisaría de la zona y luego al hospital. Después de esta experiencia, pensé que se estaba volviendo loca. Hablaba sola, rompía cosas en la casa. Desde entonces ya no va a la escuela, tiene miedo de salir", relató la madre de Erika en entrevista con Ayibost.
Cualquier persona es una víctima potencial de secuestro en Haití. Los pandilleros escogen sus víctimas al azar, sin ningún patrón específico. Esa es la percepción que se ha ido consolidando entre los haitianos, y especialmente entre los habitantes de Puerto Príncipe, desde que este delito comenzó a aumentar en febrero del año pasado. Vendedores informales, estudiantes, comerciantes y hasta policías han sido víctimas.
La magnitud real de este flagelo es difícil de calcular en números en un país donde el acceso a la información es casi nula y las organizaciones no gubernamentales –que pululan en Haití– manejan diferentes cifras. Además, son muchas las familias que prefieren negociar directamente con los bandidos; confían más en las redes sociales que en la policía, para encontrar a sus seres queridos o recaudar el dinero del rescate.
No obstante, los reportes presentados por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) ante el Consejo de Seguridad durante el año pasado sí muestran un marcado aumento del secuestro. Según el informe de septiembre, los casos se incrementaron un 200 por ciento entre enero y mayo con respecto al periodo anterior. En total, 92 casos fueron reportados a la Policía en ese periodo, 50 de ellos en febrero.
Por su parte, la organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus afirma que se registraron más de 1.000 secuestros en todo el 2020; una cifra desproporcionada para un país del tamaño de Haití, comparable con estimados de secuestros en México (1387 según la ONG Alto al Secuestro) en el mismo periodo, a pesar de tener solo una décima parte de su población.
La BINUH se basa en casos reportados ante la Policía Nacional de Haití (PNH). A lo largo de esta investigación periodística, publicada por Ayibopost y CONNECTAS, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), se hicieron varios intentos de obtener información directa de la PNH, pero no se obtuvo respuesta.
El aumento del secuestro evidencia el deterioro general de la seguridad en el país, que va de la mano de la creciente crisis de gobernabilidad de Jovenel Moïse. Desde enero del 2020, Jovenel Moïse gobierna solo, por decreto, pues el periodo de los parlamentarios expiró y el jefe de Estado no convocó elecciones para reemplazarlos. De esta manera, ha tomado varias decisiones controversiales; por ejemplo, la creación de una agencia nacional de inteligencia, cuyos miembros están por encima de toda la ley y solo informan al presidente, o las acciones para restarle poder al Tribunal Superior de Cuentas, que lo había acusado de actos de corrupción.
Además, varias organizaciones de derechos humanos habían denunciado años atrás la relación del gobierno de Moïse con las pandillas. Y en 2020 los indicios de esto fueron especialmente evidentes.
En abril, en medio de una rueda de prensa sobre el Covid-19, el primer ministro, Joseph Jouthe, aseguró que estaba en constante comunicación con los pandilleros, que conocían su número de teléfono, al que lo habían llamado al menos una vez. Izo, un líder de una pandilla, se había quejado ante el ministro por los controles de carretera colocados por la policía fuera del barrio controlado por su banda. En vivo, el jefe de gobierno le prometió al bandido que lo llamaría durante la noche.
Sobre este hecho, el ministro Jouthe le dijo a Ayibopost que le había contestado a los pandilleros como lo habría hecho con cualquier otro ciudadano: "Las pandillas se ven a sí mismas como agentes de desarrollo porque son la ley en estos barrios. Me llamaron para pedir ayuda y aproveché para invitarlos a deponer las armas y retomar la vida normal. Lamentablemente, no aceptaron y ahora la PNH está pasando directamente al desmantelamiento. No veo por qué se enfadan por eso, me llamaron y respondo como a todos".
Dos meses después, se creó una alianza entre nueve de las principales pandillas de la capital. La federación conocida como G9 an fanmi e an alye (familia y aliados, en creole), es dirigida por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, un expolicía que fue retirado de esa institución en diciembre del 2018, bajo graves acusaciones de violaciones de derechos humanos.
Según la Fundación Je Klere, una organización de derechos humanos muy crítica del gobierno, el G9 se creó para asegurar la victoria del partido del Presidente de la República, el PHTK, en las próximas elecciones. Lo mismo asegura la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDHR), una de las ONGs más conocidas del país. Los territorios controlados por esta alianza son importantes en términos de electorado. Cientos de colegios electorales se encuentran allí durante las elecciones, según el informe del grupo de derechos humanos.
"Fue Jimmy Cherizier quien puso a disposición del Estado, en Delmas 6, una sala para instalar una sede de la Oficina Nacional de Identificación", le dijo a Ayibopost Pierre Espérance, director ejecutivo de la RNDDH. "En esta zona, las cartillas electorales se fabrican bajo sus órdenes".
A pesar de que Jimmy Cherizier ha negado varias veces —en declaraciones conocidas a través de redes sociales— su connivencia con el gobierno, la mayoría de las acciones del expolicía han beneficiado indirectamente a la administración de Moïse.
Según reportes de la ONU y ONG locales, Cherizier participó en la masacre de La Saline, —barrio popular de Puerto Principe y uno de los epicentros de las protestas contra Moïse— cuando todavía era policía, en noviembre del 2018. Al menos 26 personas fueron asesinadas y 12 fueron desaparecidas. Cherizier negó su participación, pero fue expulsado de la Policía un mes después. A partir de ese primer ataque las acciones violentas se incrementaron en La Saline, hoy en día una zona controlada por el G9.
Siguiendo un patrón muy similar al de La Saline, un año después Cherizier, alias Barbecue, atacó el barrio de Bel Air, otro bastión de la oposición. Según un informe de la BINUH, el objetivo inicial era eliminar las barricadas que habían instalado en esta zona. Cherizier y sus hombres quemaron 30 viviendas y 11 vehículos.
"Lejos de ser un hecho aislado, el ataque a Bel Air muestra la evolución reciente del contexto actual en Haití, principalmente caracterizado por la inseguridad general en los barrios populares y marginales, la impunidad de los miembros de pandillas que cometen violaciones de derechos humanos, la presunta colusión entre ellos y ciertos actores políticos y económicos", señala el informe de la BINUH de febrero del 2020.
Un aumento desmedido
En medio de esta oleada de violencia, los casos de secuestros se volvieron a disparar a mediados del año pasado, una vez se consolidó la alianza entre las bandas armadas y retomaron sus negocios, según reportó la BINUH.
Para Djmes Olivier, quien estudia el fenómeno de las pandillas en Haití, el aumento de los casos de secuestro se debe a la facilidad con la que se recauda el dinero. "Hasta hace poco, la gente solía ser asaltada cuando regresaba del banco. Pero estos actos han bajado mucho. Los bandidos están pensando en otras estrategias, y con el secuestro se gana dinero más rápido. Hay grupos especializados en secuestros, pero hay son cada vez más pequeños grupos armados que lo hacen también, porque es lucrativo".
Según un médico que fue secuestrado y contó su caso para esta investigación, los pandilleros tienen la instrucción de no volver a casa con las manos vacías. "Uno de los bandidos que custodiaba la casa me dijo que yo no era la persona a la que iban a secuestrar. Pero no lo habían encontrado. Cuando estaba en el camino, me llevaron en su lugar", contó el médico que fue raptado a pocos metros del Palacio Nacional.
En principio, los rescates exigidos son exorbitantes: de 100.000 a un millón de dólares estadounidenses. Cantidades que las víctimas no tienen. Después de la negociación, la cantidad disminuye. Para pagar, las familias apelan a la generosidad lanzando campañas de gofundme, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos sanos y salvos.
Gracias a este rentable "negocio", las bandas armadas han experimentado un desarrollo sin precedentes. Según cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración (CNDDR), existen más de 76 pandillas en el país. Actualmente, 500.000 armas ilegales están circulando en Haití.
El 16 de noviembre de 2020 se nombró un nuevo jefe de la Policía Nacional de Haití. El nuevo director, Léon Charles, estuvo al frente de la PNH en 2004, cuando el secuestro estaba desatado, como hoy. Charles ya ha lanzado varias operaciones contra ciertos líderes de pandillas, especialmente en Gran Ravine. Sin embargo, la estrategia no parece dar resultado. El pasado 20 de enero unos escolares fueron secuestrados en la localidad de Carrefour, a unos 10 km de Puerto Príncipe y a pocos metros de las zonas de Grand Ravine y Martissant, controladas por el G9.
A pesar de la creciente represión policial, los haitianos siguen saliendo a las calles a protestar contra el secuestro y la inseguridad. También se manifiesta la oposición, que exigió la salida de Moïse este 7 de febrero, cuando según ellos se cumplían 5 años de mandato. Por su parte, el presidente asegura que todavía le queda un año más y que ahora sí convocará a elecciones, pospuestas desde el 2019. En cuanto al auge de los secuestros, el mandatario anunció la creación de un grupo de trabajo liderado por el ministro Jouthe, y aseguró que trabajan para encontrar "la verdadera fuente del problema".
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* Este reportaje fue realizado por Jameson Francisque para Ayibopost y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.
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