Gustavo Petro pide liberar a detenidos durante el estallido social de 2021 y enciende la polémica

BOGOTÁ.- Gustavo Petro lo adelantó el sábado y hoy el Consejo de Ministros planificó la estrategia para que los jóvenes de la Primera Línea encarcelados durante el paro nacional del año pasado pasen la Nochebuena en su casa. “Aquí anuncio que centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz. Tienen el derecho de pasar la Navidad con sus familias”, aseguró el presidente colombiano ante las juntas de acción comunal en la norteña Pasto.

De esta forma, el jefe del Estado cumplirá una de sus promesas electorales, eso sí, con un costo político. La inminente liberación de estos “presos políticos sociales”, como los ha denominado el gubernamental Pacto Histórico, ha desatado una tormenta política no sólo en la oposición e independientes, también entre los aliados más moderados en el Congreso. La principal reticencia es que estos jóvenes usaron la violencia para enfrentarse al gobierno y parte de ellos de forma muy grave, protagonizando actos de terrorismo, homicidios y torturas. Una parte ya ha sido condenada tras celebrarse los respectivos juicios.

La Fundación Indepaz calculó 1832 detenciones que calificó como ilegales y 75 asesinatos. De ellos, 44 los habrían cometido la Policía, mientras el resto se achacan a estos jóvenes violentos. La Fiscalía sólo registró 29 asesinatos.

“Fueron más de 300 capturas, con proceso previo de inteligencia y judicialización, con todos los trámites de la Fiscalía y, por supuesto, un juez que emitió las órdenes de captura. Las otras detenciones fueron en flagrancia”, subrayó Diego Molano, exministro de Defensa durante los hechos, quien acusa a Petro de promover “una amnistía velada, una burla a las víctimas y una afrenta a los colombianos”.

“Primero, los gobiernos no condenan ni absuelven en Colombia. Es la justicia, a través de los jueces de la República, la que determina. Y segundo, nadie está condenado por protestar. Lo están por asesinar, torturar y secuestrar. ¡No siga engañando al país!”, protestó en sus redes sociales Daniel Palacios, exministro del Interior.

“Este gobierno está de lado de quienes delinquen y no de los ciudadanos que cumplen la ley”, sentenció Federico Gutiérrez, excandidato presidencial cercano al uribismo.

Para paliar el impacto de la decisión de Petro, el gobierno deslizó este lunes su disposición a que policías presos durante el paro también sean gestores de paz. “No sólo aplica para los jóvenes capturados en medio de la protesta social, sino para líderes sociales, campesinos y afrocolombianos que puedan aportar al proceso de paz en sus regiones”, aclaró Alfonso Prada, ministro de Interior y vocero gubernamental, quien detalló que cada caso será tratado de forma independiente.

El mecanismo legal elegido por el oficialismo descarta que se trate de un indulto o amnistía, sino que será el propio presidente quien presente la “solicitud de suspensión de la captura” a los jueces. Una vez liberados, no podrán volver a delinquir, porque se les anularía la medida de gracia.

“La figura de los gestores de paz no estuvo nunca diseñada para soltar presos al por mayor de la cárceles. Son una contraprestación resultante de negociaciones políticas previas con los grupos con los que se dialoga”, reaccionó Juan Camilo Restrepo, uno de los representantes en antiguas negociaciones con el ELN.

Desde la misma toma de posesión en agosto, Petro llevaba clavada la espina del encarcelamiento de estos jóvenes durante las protestas que le catapultaron a la presidencia. Su primera iniciativa, a través de una propuesta de ley, fue rechazada por sus aliados, que ahora poco pueden hacer además de protestar con la fórmula elegida por el gobierno, ya empleada con guerrilleros.

La reunión prevista para hoy entre el primer mandatario y el fiscal general, Francisco Barbosa, quien había adelantado sus reticencias a estas liberaciones no se realizó por enfermedad de éste.

Todavía planea sobre la sociedad colombiana la liberación de Violeta Arango, alias Violeta, acusada de participar en el atentado del capitalino Centro Comercial Andino, que en 2017 se cobró la vida de tres mujeres y dejó heridas a otras siete personas. Militante primero del Movimiento Revolucionario del Pueblo y posteriormente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el gobierno ha designado a Violeta gestora de paz para que participe en las negociaciones que se llevan a cabo en Caracas con el ELN en busca de la llamada “paz total” de Petro.

Unas conversaciones en las que además de anfitrión, Nicolás Maduro ejerce un papel clave no sólo como garante, sino también como principal aliado del ELN. La guerrilla creada por el cura Pérez encontró hace años su santuario en la Venezuela chavista, donde incluso ha llegado a patrullar con soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y en donde ha combatido de forma encarnizada, codo con codo con los militares venezolanos, en contra de las disidencias de las FARC por el control del gran pasillo del narcotráfico.

Uno de los casos más polémicos es el de Alias 19, Andrés Pastor, quien fue condenado a 14 años de prisión por delito de tortura y vandalismo tras maltratar duramente (lo arrastró y amenazó con quemarlo vivo) a un carpintero a quien confundió con un policía. La estética extrema de Alias 19, con varios tatuajes en la cara y el cráneo con cresta como si fuera un indio iroqués, le hizo famoso entre los manifestantes de Bogotá.

“Nosotros somos condenados injustamente, el juez nunca revisó el caso a conciencia, no revisó las cosas que nosotros presentamos. Esta es una posibilidad para entregar la verdad”, argumentó Marcela Rodríguez, integrante de Primera Línea cercana a Alias 19.

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