Guerra Rusia-Ucrania. Por qué es tan difícil rastrear la riqueza oculta de Vladimir Putin y sus amigos
Las autoridades estadounidenses y europeas navegan en un mar de testaferros, propiedades a nombre del Estado y otras argucias para destapar la fortuna que se atribuye al líder del Kremlin
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The New York Times
NUEVA YORK.- Enterrada en el expediente de 421 páginas de una causa judicial poco conocida hay una sola frase, expresada casi como una ocurrencia tardía, acerca de una reunión en un restaurante de Ginebra donde dos hombres de negocios conversaron sobre “un yate que le habían regalado al Sr. Putin”.
La referencia, citada al pasar en el fallo de un juez de Londres del año 2010 por una disputa financiera que involucraba a una empresa marítima, es la única pieza de evidencia pública que vincula directamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, con alguno de los barcos, aviones o residencias vacacionales de lujo con los que se lo relacionó durante años. Esto adquiere un nuevo significado ahora que las autoridades estadounidenses y europeas persiguen la riqueza oculta de Putin y de su entorno cercano en respuesta a la invasión rusa a Ucrania.
Pero el documento de la corte británica también contiene una pista de por qué resulta tan difícil conectar con claridad al presidente ruso con su supuesta fortuna. Al yate, llamado Olympia, lo administraba una empresa de Chipre, cuyos registros muestran que el verdadero propietario no era Putin, sino el gobierno ruso.
De hecho, es uno de los tantos bienes extravagantes que por mucho tiempo se especuló que pertenecían a Putin, aunque en los papeles figuraran como propiedad o bajo el control del Estado, lo que demuestra lo fusionados que están los intereses privados del presidente y su círculo íntimo con los del gobierno que preside desde hace dos décadas. Otros de esos activos incluyen un centro turístico en expansión, una flota de automóviles caros, aviones de lujo y más yates todavía.
Estados Unidos y sus aliados crearon un equipo de trabajo multinacional para rastrear y confiscar los activos de por lo menos 50 millonarios rusos, incluyendo a Putin, y ofrecieron recompensas por cualquier información que contribuya con ese esfuerzo. Sin embargo, algunos analistas se preguntan si esto tendrá efecto alguno en el presidente ruso, al que nunca se lo encontró en posesión de nada que valiera la pena confiscar.
Si bien hubo mucha discusión pública y mediática sobre los viejos amigos oligarcas de Putin que podrían estar oficiando de testaferros de valiosas propiedades o invirtiendo efectivo en compañías extraterritoriales y cuentas bancarias suizas en su nombre, muchos de los lujos más obvios de Putin están integrados a las empresas estatales, en su mayor parte fuera del alcance de las sanciones de Occidente.
Según Alina Polyakova, experta en asuntos exteriores rusos que dirige el Centro de Análisis de Políticas Europeas, como probablemente se usaron recursos y agencias gubernamentales para proteger al menos una parte de su presunta riqueza, las sanciones dirigidas a Putin en persona fueron más que nada simbólicas. “Para llegar a él, además, tendríamos que sancionar a todo el gobierno ruso”, afirmó. “Y por supuesto Europa y Estados Unidos tienen razones para no hacerlo”.
Bloquear económicamente a todo el Estado ruso implicaría, por ejemplo, incluir en la lista negra a Gazprom, una de las compañías energéticas más grandes del mundo y de los principales abastecedores de gas natural de Europa. Aunque la indignación mundial por las aparentes atrocidades rusas en Ucrania va en aumento, la empresa enfrenta sanciones acotadas y destinadas sobre todo a restringirle la compra de ciertos bonos y acciones.
No obstante, Gazprom aparece en todas las especulaciones de la posible riqueza de Putin. Aunque los bienes raíces de lujo parecen tener poco que ver con el objetivo principal de una empresa de gas del Estado, Gazprom construyó un lujoso refugio en una región montañosa de Siberia del que disfruta el presidente ruso. A pesar de las afirmaciones que sostienen que el proyecto no estaba relacionado con el Kremlin, un informe corredactado por el exviceprimer ministro y crítico de Putin, Boris Nemtsov, señala que el lugar “cuenta con seguridad que le brinda el FSO”, el servicio de protección federal asignado al presidente ruso y otros funcionarios de alto nivel.
En el informe de Nemtsov del año 2012, el complejo turístico de montaña figura entre 20 propiedades “disponibles para uso presidencial”, junto con docenas de aviones de lujo, cuatro yates y 11 relojes pulsera por un valor de casi 700.000 dólares, todo presuntamente costeado con fondos públicos. A Nemtsov lo balearon por la espalda en 2015 mientras cruzaba un puente a pasos del Kremlin.
Gracias al empeño de las pocas agencias independientes de noticias que operaban en Rusia hasta que se desató la actual represión contra la libertad de expresión, y a voces opositoras como las de Nemtsov y Alexei Navalny, la idea de que Putin vive a lo grande con el dinero de los contribuyentes no es un secreto.
El Kremlin lleva mucho tiempo negando que el presidente vive por encima de sus posibilidades. Oficialmente, Putin cobra un salario de unos 140.000 dólares y tiene un pequeño departamento en Moscú. Y en respuesta a las acusaciones de Nemtsov, el vocero presidencial declaró ante un diario ruso que Putin también usa las residencias y vehículos del gobierno “conforme con la ley”.
La presencia del servicio de protección de Putin se ve como una señal que deja en evidencia sus vínculos ocultos con varias extravagancias. En 2010, Sergei Kolesnikov, exsocio comercial de un aliado de Putin, escribió una carta abierta en la que aseguraba que se habían desviado fondos del gobierno para contribuir con la construcción de una propiedad de mil millones de dólares en el Mar Negro que se hizo conocida como el “palacio de Putin”.
Una investigación dada a conocer el año pasado por Navalny, el líder opositor encarcelado, reveló que el palacio había sido custodiado por miembros del servicio de protección federal y que en determinado momento el FSB, el servicio de seguridad interna, había impuesto una zona de exclusión aérea sobre él.
Más recientemente, el equipo de Navalny informó haber vinculado a los miembros de la tripulación de un superyate de 700 millones de dólares con el mismo equipo de protección del Kremlin, en medio de especulaciones de que el barco –cuya propiedad está encubierta por sociedades ficticias en paraísos fiscales– era utilizado en secreto por Putin. El yate de 150 metros, llamado Scheherazade, cuenta con dos helipuertos y está coronado por un grupo de cúpulas satelitales. Actualmente se encuentra en dique seco en Italia.
“Si no se puede identificar al propietario del yate, porque se trata de una empresa fantasma de las Islas Marshall, vamos a intentar establecer quiénes trabajan en él y quién les paga los sueldos”, dice María Pevchikh, integrante del equipo de Navalny.
El diario The New York Times, el primero en informar que había funcionarios estadounidenses que tenían indicios de que el yate podría estar vinculado con Putin, no pudo confirmar de manera independiente los hallazgos del equipo de Navalny sobre las conexiones de seguridad de la tripulación, y los funcionarios estadounidenses se negaron a especificar qué información tenían que pudiera perforar el velo del secreto corporativo que rodea la propiedad de la embarcación en alta mar.
De hecho, tradicionalmente muchas jurisdicciones no solo ofrecen ventajas fiscales a la gestión de activos a través de empresas offshore, sino también registros de compañías que, si no imposibilitan, dificultan la identificación pública de los principales propietarios. Es sobre todo a través de las filtraciones de estudios de abogados especializados en estos servicios como se descubrió que los millonarios rusos son clientes frecuentes.
Mike McIntire
(Traducción de Jaime Arrambide)
Por The New York Times
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