“Guerra contra la corrupción”: después de su megacárcel, ahora Bukele promete construir una prisión para los “delincuentes de cuello blanco” en El Salvador
Al brindar un discurso por sus cuatro años de gobierno, el presidente salvadoreño anunció una nueva cruzada; la ONU reclama el fin del estado de excepción
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LA NACION
SAN SALVADOR.– En un discurso para celebrar sus cuatro años en el gobierno, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó este jueves los logros de su cruzada contra las pandillas y anunció una “guerra frontal” contra la corrupción, que incluye construir una cárcel especial para “delincuentes de cuello blanco”.
Bukele anunció además que impulsará una reforma legal para reducir de 84 a 60 los escaños legislativos y bajar de 262 a 44 los municipios en el país, en un discurso ante el Congreso al cumplir cuatro años de mandato, en medio de seguidores que coreaban “reelección, reelección”.
“Hoy declaramos la guerra contra la corrupción”, aseguró el mandatario, tras considerar que se trata de un mal “endémico” que, “al igual que las pandillas, tiene tentáculos en todos los niveles del Estado” salvadoreño.
“Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado, con todas las herramientas legales que tenemos, sin titubear en ningún momento, también iniciaremos la guerra frontal contra la corrupción”, sostuvo el mandatario.
Bukele prometió que también se construirá “una cárcel” para los “delincuentes de cuello blanco”, tal como construyó una megacárcel para pandilleros. “También construiremos una cárcel para los corruptos. Incautaremos todo lo que tengan y haremos que devuelvan lo robado”, prometió.
Para encerrar a los pandilleros, Bukele construyó una megacárcel para 40.000 presos, la prisión “más grande de América”, según él, con un severo régimen de reclusión denunciado por organismos de derechos humanos.
En su discurso, el mandatario resaltó la lucha contra las pandillas, lanzada hace 14 meses, la cual –dijo– ahora permite a los salvadoreños tener “más seguridad en las calles”. En virtud de un régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial, casi 69.000 presuntos pandilleros han sido detenidos, de los cuales han sido liberados unos 5000, según el gobierno.
Bukele aseguró que la “guerra” contra la corrupción será a todos los niveles, pues lo cometen funcionarios del Estado en asociación con “empresarios privados”.
“En este país los corruptos pasan pensando todo el tiempo en cómo hacer para sacar más dinero de las arcas del Estado (...) y, ojo, para que exista el funcionario corrupto también hay un empresario corruptor”, sostuvo.
El mandatario no precisó cifras sobre corrupción, aunque aseguró que los actos de corrupción no permiten al Estado destinar fondos a áreas sociales u otras necesidades de la población.
Decomiso de bienes al expresidente Cristiani
Durante su discurso ante el Congreso, Bukele explicó que no se encontraba en el lugar uno de los invitados, el fiscal general Rodolfo Delgado, pues se encontraba encabezando un operativo de “extinción de dominio” de propiedades del expresidente derechista Alfredo Cristiani (1989-1994), señalado de actos de corrupción.
Cristiani, según Delgado, “huyó” del país, pero la Fiscalía “prepara” una “formulación de cargos de naturaleza penal” en contra del exmandatario por presunta corrupción, aunque no precisó los delitos que se le imputarán. Las autoridades no han mencionado cuándo y hacia qué país se fue el expresidente.
De momento la Fiscalía ha procedido a la “extinción de dominio”, avalada por un juzgado, de 156 inmuebles de Cristiani, entre ellas varias mansiones en distintos puntos del país, además de 42 vehículos y varios “productos financieros”.
“No podemos tolerar que este tipo de personas se burle de nosotros y básicamente juegue con el dinero que le pertenece al pueblo salvadoreño”, agregó el fiscal general en declaraciones al noticiero del estatal Canal 10 de televisión.
Menos diputados y municipios
El presidente salvadoreño señaló que “espera” que sus propuestas para reducir el número de diputados y el número de municipios del país sean “aprobadas” por el Congreso antes de las elecciones generales de 2024.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha definido que la elección de presidente y de diputados al Congreso se realice el 4 de febrero, mientras que la elección de concejos municipales de los 262 municipios del país y diputados al Parlamento Centroamericano se realice el 3 de marzo de 2024.
Bukele dijo en septiembre que aspira a buscar la reelección en 2024, pero no tocó el tema este jueves en su mensaje al país.
Pedido de la ONU
Un día después del discurso de Bukele, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha considerado “preocupante” la prórroga constante del estado de excepción en El Salvador y ha reclamado el fin de esta medida excepcional, aprobada como herramienta para combatir la violencia de las pandillas, así como que se investiguen todos los posibles abusos cometidos por las autoridades durante este tiempo.
Bukele decretó el estado de excepción en marzo de 2022 y, desde entonces, ha restado importancia a todas las críticas internacionales recibidas, defendiendo que gracias a estos protocolos de seguridad el país centroamericano ha logrado reducir al mínimo los niveles de homicidio.
La ONU reconoce el “complejo reto” al que hace frente al Salvador a manos de unas pandillas que “durante décadas han asesinado, violado, robado y extorsionado a la población”, pero al mismo tiempo incide en las consecuencias que el estado de excepción ha acarreado en materia de Derechos Humanos.
“Debilitar el Estado de Derecho y la integridad del sistema legal derogando los derechos a un juicio justo no es la respuesta”, ha apuntado este viernes la portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Marta Hurtado, al hacer recuento de una medida que se ha saldado con al menos 69.000 detenidos, unos 1600 de ellos menores de edad.
La ONU también se hace eco de un informe de la ONG Cristosal que cifra en al menos 153 los presos fallecidos entre rejas durante este tiempo, “casi la mitad de ellos de manera violenta”, al tiempo que denuncia los riesgos a los que se enfrenta la sociedad civil. En 2022, hubo más de 180 incidentes contra activistas y periodistas y este mismo año, en abril, el periódico El Faro mudó su sede a Costa Rica por la intimidación sufrida.
“Instamos a las autoridades a levantar el estado de emergencia y revisar las medidas aprobadas. También pedimos que se investiguen inmediatamente las muertes bajo custodia en línea con los estándares internacionales”, lo que según Hurtado pasa por que los responsables de posibles abusos rindan cuentas ante la Justicia y se compense de alguna forma a las víctimas.
Agencias AFP y DPA
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