Guatemala, el primer "narcoestado" de América Latina

CIUDAD DE GUATEMALA.- ¿Es Guatemala el primer narcoestado de América Latina? Según los fiscales que luchan contra la impunidad en la zona, si no lo es ya, está a punto de serlo. Guatemala, explican, "es un país pequeño, con una larga tradición de corrupción y una economía tan débil -la carga impositiva apenas llega al 10% del PBI- que le impide desarrollar políticas sociales". De tal manera, el espacio que el Estado abandonó fue pasando a manos del crimen organizado. Hasta el propio presidente, Alvaro Colom, lo reconoció hace unos días a El País: "Cuando detuvimos al viejo capo Lorenzana, la gente me decía: 'suéltelo, él nos da plata y trabajo. Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que los gobiernos anteriores planificaron la entrega del país al narco". Según los fiscales, Guatemala está gobernado por dos redes criminales locales, que tratan de resistir la invasión del cartel mexicano de Los Zetas, que ya se ha hecho -a base de extorsión y muerte- con la zona norte del país.

Hace una semana, y solo unos días después de decapitar a 27 campesinos en Petén, Los Zetas volvieron a matar. Esta vez al auxiliar de un fiscal en Cobán, en el Departamento de Alta Verapaz. "Los dos crímenes fueron muy bien planificados", explica un importante fiscal a este periódico, "se trataba de lanzar sendos mensajes, uno a la ciudadanía y otro a las instituciones. Y doy fe de que el miedo ya está empezando a surtir efecto. Hay fiscales que están renunciando y otros que están pidiendo el traslado a zonas más seguras. Y, por si fuera poco, el Gobierno ha dicho que no puede proteger ni a jueces ni a funcionarios públicos, lo que revela la debilidad del presidente".

Una tarde reciente de domingo, el presidente Álvaro Colom recibió en su despacho una lista con 12 nombres. Doce jueces y fiscales implicados en la lucha contra el crimen organizado y a cuyas cabezas la mafia ya había puesto precio. El presidente llamó a su ministro de Gobernación, Carlos Menocal. Este valoró el asunto y, unos días después, declaró a la prensa: "El Estado no tiene capacidad de proporcionar un carro blindado a los jueces amenazados".

Según el fiscal, el resultado fue nefasto: "Lo que el Gobierno hizo fue poner en la mira a los funcionarios... Tal vez la gente no se está dando cuenta de que en Guatemala, en toda Centroamérica, el narcotráfico está avanzando muy rápidamente. Van a matar a más fiscales, van a matar a más ciudadanos". Al día siguiente, los periódicos de Honduras abrían con la siguiente noticia: "Sicarios matan a jefe de fiscales".

Ni en Guatemala ni en Honduras ni en Panamá funciona la justicia. Lo que sí funciona y muy bien, según la DEA, es el crimen organizado. Según el jefe de operaciones de la agencia antidrogas estadounidense, Thomas Harrigan, se está detectando un incremento sustancial del tráfico hacia Centroamérica de precursores químicos -indispensables para la elaboración de ciertas drogas-, así como de heroína procedente de Sudamérica.

Tal y como demuestran las gráficas de la DEA que el presidente Colom mostró a este periódico, el tráfico de avionetas que parten de la frontera entre Venezuela y Colombia y aterrizan en pistas clandestinas de Guatemala, Honduras y Panamá no hace más que incrementarse. También el tráfico marítimo. Según el jefe de la DEA, "los buques de la droga parten desde América Central para abastecer a todo el planeta". Esto es posible, añade, por la corrupción y el ínfimo entrenamiento de las fuerzas policiales. De lo que no habló Harrigan, en su comparecencia ante el Senado, fue de la responsabilidad de Estados Unidos en las calamidades que azotan a Centroamérica.

Estados Unidos no es solo el comprador del 84% de la droga que parte en avionetas o en el fondo de los miles de contenedores que zarpan de Centroamérica, sino también del capítulo más abominable del tráfico de personas. "El tráfico de niños", según los fiscales consultados, "es un negocio que deja en Guatemala unos 200 millones de dólares anuales".

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala(CICIG) ha logrado enviar a prisión a los principales notarios que amañaban las adopciones. Es la única buena noticia. Lo hacían con la complicidad de funcionarios que utilizaban documentos falsos para encubrir el robo de niños y con tal impunidad que ni se preocuparon en ocultar pruebas. Seguir su rastro es fácil. Lo difícil es encontrar jueces valientes como para arriesgar su vida enviándolos a prisión.

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