Grieta, inseguridad y bajo rendimiento económico: lo que el plebiscito en Chile no podía resolver

SANTIAGO, Chile.- El plebiscito que se celebró hoy en Chile confirmó el fracaso en el segundo intento de reformar la Constitución en apenas dos años. Este nuevo proyecto recibió un apoyo de apenas el 44%, por lo cual la actual Carta Magna, que data de la era de Augusto Pinochet, seguirá en vigor.

La grieta política que divide al país probablemente explicará la mayoría de los votos negativos del plebiscito: mientras que la convención constituyente que elaboró la versión rechazada en 2022 estaba dominada por la izquierda, esta segunda versión era producto de un consejo electo controlado por los conservadores.

La mayoría de los chilenos preferiría una Carta Magna modernizada que aborde las cuestiones de políticas públicas que no están siendo resueltas, es decir, un texto que no tire al bebé con el agua de la bañera, como dice el proverbio. Por eso cualquier proyecto que consagre a uno u otro de los extremos ideológicos sólo tenía un atractivo minoritario.

Uno de los temas candentes para la población chilena es la espiral de crímenes violentos. Chile supo ser uno de los países más seguros de América Latina, pero en la última década se ha vuelto más peligroso. Según la encuesta anual que realiza el gobierno para relevar la percepción de la inseguridad entre la población, en 2022 más del 90% de los encuestados coincidió en que la criminalidad iba en aumento, la lectura más alta desde 2003, cuando comenzó a realizarse la encuesta: en 2010, la cifra era del 60%. Y la tasa de homicidios, aunque sigue siendo relativamente baja, desde 2015 se ha duplicado.

Aunque el nuevo borrador constitucional incluía varias innovaciones para enfrentar la crisis de seguridad pública -mientras que el anterior adoptaba un enfoque holístico que el empresariado criticó abiertamente por considerarlo blando con los delincuentes- tal vez con eso no alcance para que sea aprobado.

Este último borrador constitucional salvaguardaba muchas de las instituciones promercado de Chile, como la independencia del Banco Central, y proponía reformas políticas para limitar la fragmentación en la legislatura, algo que viene complicando la gobernabilidad. Sin embargo, también contenía muchas propuestas demasiado conservadoras para el votante promedio, como las protecciones legales para las personas por nacer sin mención alguna al derecho al aborto, así como la expulsión del país de los migrantes que ingresaron ilegalmente o que fueron condenados por algún delito.

Un pobre rendimiento económico

Más allá del debate constitucional, Chile ha enfrentado vaivenes ideológicos y una polarización de la sociedad. Para colmo, las regulaciones no amigables con los negocios y la resultante incertidumbre han arruinado el clima de inversiones, contribuyendo al crónico bajo rendimiento de la economía del país.

Entre 2013 y 2023, el PBI real de Chile creció un 21%, o sea un 2% promedio anual, un ritmo de crecimiento muy bajo para un país emergente con una población con necesidades insatisfechas. Este año, el PBI chileno está estancado, y los últimos pronósticos coinciden en que el crecimiento económico se reanudará, pero a un ritmo promedio del 2% en los próximos dos años.

Un marcado contraste con el decenio 1990-2000, cuando el PBI real de Chile saltó un asombroso 80%, seguido de un 53% adicional durante el decenio 2000-2010. Durante esos 20 años, el rápido crecimiento de la prosperidad en Chile, medida en términos de ingreso per cápita del PBI real calculado por el poder de compra del peso chileno, empujó al país del noveno al tercer lugar en América Latina. Países como Brasil, México y Venezuela, que hasta entonces habían sido mucho más prósperos que Chile, crecieron con lentitud y fueron cayendo en el ranking regional.

Durante esas prósperas dos décadas (1990-2010), las reformas de la era Pinochet y otras emprendidas después de la restauración democrática condujeron a un fuerte crecimiento económico y Chile se convirtió en el primer “tigre” económico latinoamericano, término aplicado inicialmente a Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, y otros países asiáticos de rápido desarrollo.

Pero todas esas proezas comenzaron a desvanecerse durante el segundo mandato, marcadamente progresista, de Michelle Bachelet (2014-2018). En ese periodo se aumentó el impuesto a las ganancias de las empresas, que ya era gravoso, a pesar de la recomendación de los expertos, que señalaban que se debían aumentar los impuestos sobre las propiedades y ampliar el impuesto a las ganancias de las personas -que entonces solo lo pagaba uno de cada cinco contribuyentes-, porque generaban muy pocos ingresos y profundizaban la desigualdad de ingresos.

Durante su segundo mandato, el conservador Sebastián Piñera (2018-2022) intentó mejorar el clima de negocios e implementar reformas constructivas. De todos modos, en gran medida el Congreso no lo apoyó. Luego Piñera vio frustrada su agenda de reformas por la conmoción política de las violentas protestas que estallaron en octubre de 2019 y duraron cinco meses. A continuación, la pandemia de Covid-19 terminó de descarrilar su gobierno.

Y desde la elección del presidente izquierdista Gabriel Boric, en diciembre de 2021, la incertidumbre de los inversores se ha profundizado. Aunque el Congreso ha bloqueado su agenda económica progresista, la elección de Boric y su primer intento de reforma constitucional sacudieron a la comunidad empresarial. En septiembre de 2022, el 62% de los votantes rechazó ese texto, lo que dio lugar al proyecto hoy sometido a referéndum.

Cuellos de botella

El deterioro del clima de productividad y de inversiones en Chile no es consecuencia de políticas fiscales o monetarias desestabilizadoras o insostenibles. De lo contrario, a estas alturas Chile habría perdido su codiciado grado de inversión A de las agencias de calificación crediticia, el nivel más alto otorgado a cualquier país latinoamericano. Más allá de las cuestiones ya mencionadas, la situación actual puede atribuirse a factores adversos para el actual contexto macroeconómico.

Uno de ellos es el exceso de burocracia y de regulaciones para los nuevos proyectos de negocios, en parte debido a las protecciones ambientales y laborales demasiado optimistas implementadas en las últimas dos décadas, eso que los chilenos llaman la maldición de la “permisología”. Según los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la situación de la burocracia chilena es tan mala que de todas las reformas que podrían impulsar el crecimiento económico, la que redundaría en mayores beneficios sería la simplificación de las regulaciones comerciales y los permisos, y una mejora de las regulaciones del mercado de productos.

El tiempo de procesamiento para que un proyecto de inversión obtenga una decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), ha aumentado a un promedio de más de 1100 días durante 2021-23, frente a los menos de 600 días que se demoraba en 2015. Basta recordar la propuesta WTE Araucanía para la construcción de una planta de valorización energética, que está a la espera de aprobación desde hace seis años. Las comunidades locales oponen y los sucesivos gobiernos no se atreven a contrariarlas.

No es de extrañar que el expresidente Eduardo Frei (1994-2000) afirmara recientemente que “cada vez que una persona levanta un proyecto interesante para Chile, hay 500 o 600 organizaciones o personas que van contra ese proyecto, y todos los proyectos se paralizan”. Y agregó: “La permisología nos está matando”.

Otro factor de desaliento para los empresarios es la nueva ley que aumenta de 25 a más de 200 el número de delitos por los que las empresas pueden ser demandadas, que incluye muchos delitos nuevos que pueden enviar a gerentes y directores a la cárcel, incluidos delitos medioambientales. Otras propuestas o medidas recientemente aprobadas que irritan a la comunidad empresaria incluyen el nuevo impuesto al patrimonio y a las utilidades retenidas, el aumento de los aportes jubilatorios, el aumento del 22% del salario mínimo, el acortamiento de la semana laboral de 45 a 40 horas, y un mayor margen para la negociación de las paritarias. La mala gestión de la industria minera por parte del gobierno y la costosa pero inadecuada modernización del sistema público de educación y salud también generan frustración.

Como es poco probable que el referéndum ponga fin a la polarización y la incertidumbre que contribuyen al flojo rendimiento de la economía chilena desde hace una década, a los inversores y empresarios sólo les queda la esperanza de que el gobierno de Boric vea la luz y adopte una agenda más amigable con los negocios.

Por Arturo C. Porzecanski

Esta columna fue publicada originalmente en Americas Quarterly.

Traducción de Jaime Arrambide

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