“General, cierre el Congreso”: la orden de Castillo al jefe de la policía para consolidar el golpe

LIMA.- El expresidente peruano Pedro Castillo, según sus seguidores, no estaba en control de sus facultades cuando anunció el golpe de Estado. Desde su entorno llegaron a decir que le habían puesto algún narcótico en el desayuno que lo hizo ser otro.

Pero nuevos testimonios denuncian que, en esas horas de revuelo, sobre el mediodía del miércoles pasado, actuó más bien con la firmeza de quien sabe lo que quiere, y lo quiere ya: ordenó la detención de la fiscal general y desalojar el Congreso, donde esperaba probablemente marchar en una pueblada y hacer una entrada triunfal.

Quien lo reveló fue el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro, en el marco de la investigación judicial del fallido golpe de Estado, cuando anunció por televisión cómo serían las cosas de ahí en más, a puro decreto ejecutivo, al menos de manera provisoria.

“General, cierre el Congreso e intervenga a la fiscal de la Nación”, Patricia Benavidez, le dijo Castillo al jefe policial, según declaró el mismo comandante a la Fiscalía, entre las decenas de indagados en la causa golpista que se lleva adelante, entre sospechosos, testigos directos y dirigentes cercanos a los bastidores del poder.

Pocos testigos más directos que Alfaro, entonces, el máximo responsable de las fuerzas de seguridad, quien esa mañana recibió una llamada que jamás esperaba tener. Según su testimonio, le sonó el teléfono y era el ministro del Interior, Willy Huerta, que le pasó con Castillo.

El presidente ya había dado su discurso por televisión, donde disponía el cierre del Congreso y la intervención del sistema de Justicia. La “intervención” incluía la detención física de la fiscal Benavidez. A los congresistas, pidió que los desalojaran. Que el edificio quedara despoblado.

Que no entre nadie

“En ese momento, el presidente me señaló: ‘General, cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga a la fiscal de la Nación’. Ante ello le pregunté: ‘¿Cuál es el motivo de la intervención, señor presidente?’ Y me respondió que esos detalles me los iba a dar el señor ministro de Interior”. Entonces le pasa con Huerta y se corta la comunicación, declaró el comandante.

Según esa y otras fuentes consultadas por la prensa peruana, Castillo le dijo que deje el camino libre hacia el Congreso, dando a entender que acudiría con una movilización popular a disolverlo simbólicamente.

Alfaro declaró también que Castillo le pidió dar seguridad a las casas de la entonces primera ministra Betssy Chávez, de su asesor Aníbal Torres, y de sus padres.

Raudo y veloz, Alfaro actuó sin dilaciones… pero de manera exactamente contraria a los deseos de Castillo, rebelándose contra el superior pero acatando las leyes. Tomó rápidas disposiciones ordenando que se protegieran tanto al Congreso como a la fiscal. Fue quizás ese desacato del jefe policial el que hizo recalcular a Castillo y trazar un plan de evasión, del Palacio de Gobierno a la embajada de México, donde esperaba obtener asilo político.

“Di la orden de que la Policía Nacional del Perú tenía que garantizar el libre funcionamiento del Congreso y que el pedido de intervención a la fiscal de la Nación era totalmente ilógico, se tenía que garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y el libre tránsito de los mismos”, dijo Alfaro en su declaración.

La fiscal Benavides investiga de forma preliminar a Castillo por el delito de rebelión y otros a raíz de su decisión de disolver el Congreso. Por esta indagación, el mandatario cumple una detención preliminar de siete días.

Antes de que Castillo tomara esa decisión, la fiscal ya lo investigaba por el delito de organización criminal y otros por supuestos ilícitos cometidos durante su gestión.

La abogada de Castillo, María Hurtado Ambrosio, demandó por su parte al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su pedido, exigió la inmediata restitución del expresidente en el cargo. Según la abogada, “a la fecha, han ordenado su detención arbitraria del presidente Pedro Castillo Terrones, quien fuera elegido democráticamente”.

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