Fuerte malestar en el gobierno de Boric por una carta que firmó Alberto Fernández contra la justicia de Chile
El mandatario argentino se sumó a una misiva del Grupo de Puebla que cuestiona el accionar de los jueces en una causa de corrupción que involucra a Enríquez-Ominami, excandidato presidencial y fundador de la agrupación
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LA NACION
SANTIAGO, Chile.- El presidente Alberto Fernández es el objetivo de críticas de diversos sectores de la política chilena, entre ellos, dos ministros del gobierno de Gabriel Boric, después de que firmar una carta del Grupo de Puebla en que se acusa al sistema judicial chileno por una causa que afecta al excandidato presidencial y fundador de la agrupación junto al mandatario argentino Marco Enríquez-Ominami.
La firma del presidente argentino no cayó bien en el gobierno de Boric, según informan los medios chilenos, y el malestar tuvo como portavoces a los ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores.
La canciller, Antonia Urrejola, contó que, al conocer el contenido y las firmas de la carta, “lo primero” que hizo fue conversar con su par de Justicia, Luis Cordero, y con el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, a quien había criticado en duros términos en un audio privado que luego se filtró a la prensa.
“Nos parece [junto a Cordero] que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes. El gobierno no solo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público y nos parece que son impropias las declaraciones que están en esa carta”, expresó Urrejola.
En relación al impacto de los audios filtrados y de la carta sobre el vínculo entre los dos gobiernos, la canciller respondió que “estas son situaciones que son puntuales, sin desconocer que nos parece que son absolutamente improcedentes las declaraciones en esa carta, pero eso no afecta la relación bilateral con Argentina, que es una relación que está muy robusta, y tenemos un conjunto de distintos temas que vamos a seguir trabajando”.
Por su parte, Cordero comentó esta mañana en Tele 13 Radio que la carta “desconoce cuestiones procesales relevantes del sistema institucional chileno”.
“Las declaraciones que tienen por propósito afectar, comprometer o criticar esa autonomía (del Ministerio Público) me parecen impropias (...). La leería como apoyo político a ME-O (Enríquez-Ominami), pero desde lo institucional su contenido es improcedente”, lanzó el ministro de Justicia.
“Es relevante destacar que el gobierno no solo es respetuoso de la independencia judicial sino que la promueve, y además protege la autonomía del Ministerio Público”, añadió el ministro.
La carta
“Una justicia dilatada es una justicia denegada”, dice la carta del Grupo de Puebla sobre el llamado caso SQM en la que está imputado Enríquez-Ominami por delitos tributarios.
“Desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado éstas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”, comienza el texto.
Al respecto, los firmantes opinan que “fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile”.
“Una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado. Otro caso de lawfare como los adelantados en América Latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado”, dice el texto.
La causa de corrupción SQM investiga un esquema de financiemiento ilegal de la política chilena. Según la investigación, la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) les pagó a políticos de la época -entre ellos, Enríquez Ominami- para incluir algunos párrafos escritos por la compañía en el proyecto de ley de royalty a la minería.
El proceso judicial comenzó en 2015 y fue retomado el pasado lunes luego de que, a principios de mes, fuera aplazado por falta del auto de apertura, el documento donde el Juzgado de Garantía comunica al tribunal y a los intervinientes las acusaciones y las pruebas que estarán en el juicio.
Además de Alberto Fernández, la carta está suscrita por otros líderes como los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), Martín Torrijos (Panamá) y Evo Morales (Bolivia). También firman el excanciller brasileño y actual asesor internacional del Presidente Lula da Silva, Celso Amorin; la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México, Beatriz Paredes; y la diputada chilena Karol Cariola (PC).
Respuesta desde la Justicia y el Congreso
“Consideramos improcedentes las expresiones vertidas en la declaración citada y queremos reafirmar el carácter profesional y objetivo con el cual actúan los y las fiscales que ejercen la persecución penal en nuestro país”, respondió en un comunicado la Fiscalía Nacional. Agregan que los persecutores “lo hacen con estricto apego a la Constitución y las leyes, en un contexto institucional de autonomía e independencia”.
Entre los legisladores de distintos partidos también hubo manifestaciones de rechazo.
Tomás de Rementería, diputado socialista y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo entender “la relación que tiene Fernández con Enrique Ominami”, sin embargo, “me parece que es poco prudente de que un presidente de cualquier país opine sobre la justicia chilena. Ya se ha dado y hemos sido críticos cuando se ha habido intervenciones sobre lo que está pasando en Chile”, mencionó, en referencia a los cortocircuitos con el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa.
“Creo que no corresponde que un mandatario extranjero opine... Nosotros podríamos tener una posición sobre la justicia argentina también, pero no lo vamos a hacer porque creo que una parte del respeto es respetar la autonomía de los poderes del Estado. En Chile la justicia funciona, es autónoma y funciona de manera libre sin presión política”, agregó.
Sofía Cid, subjefa de bancada de diputados del conservador Renovación Nacional (RN), dijo a Emol que “no es primera vez que el presidente de Argentina opina o cuestiona procesos judiciales, sobre todo cuando no son afines con sus intereses”. Ante esa premisa, a la parlamentaria no le parece “que sean relevantes sus dichos”.
“Queda en evidencia que para un importante sector de la izquierda latinoamericana se ha vuelto incómoda la separación de poderes del Estado, sobre todo la independencia del poder judicial”, lanzó.
Por su parte, el jefe de bancada de senadores del derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, quien además integra la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, opinó que el sistema judicial chileno tiene relaciones políticas: “Puedo entender que ha habido una persecución de algunos fiscales en contra Marco Enríquez y otros políticos con demoras de juicios hasta más de 8 años en Chile, también hay muchos fiscales políticos más de izquierda que de derecha”.
Asimismo, comprende que “como amigo, el presidente Argentina, desee darle un espaldarazo. Pero no corresponde que un presidente intervenga sobre asuntos judiciales en este caso de Chile más aún son poderes del Estado independientes”.
Para Moreira, Fernández “permanentemente tiene una conducta intervencionista sobre los asuntos chilenos. Y espero (que el) Presidente (Gabriel) Boric y Canciller (Antonia Urrejola) quienes conducen la política exterior pidan explicaciones al gobierno argentino”.
Con información de El Mercurio (GDA)
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