Franco: la Justicia avaló la exhumación y su traslado a un cementerio
MADRID.- Cuarenta y cuatro años luchando para lograrlo. "¡Al fin..., al fin!", celebraron familiares de quienes se opusieron al régimen de Francisco Franco en España y pagaron por ello con sus vidas.
No eran muchos: decenas de personas y, en su mayoría, mayores de edad. Con fotos de sus ancestros, muertos por el régimen franquista, así celebraron la decisión judicial que autoriza la exhumación del "generalísimo" de esa monumental sepultura de honor.
El presidente en funciones Pedro Sánchez ganó ya un lugar en los libros de historia por haber promovido la medida que respaldó la Justicia. Su gobierno quiere ejecutarla "cuanto antes".
Lo previsible es que ocurra antes de las elecciones del 10 de noviembre. Las decisiones al respecto podrían tomarse el "viernes de la semana próxima", según anuncio el Palacio de la Moncloa.
Se espera que, para entonces, ya se conocerá en su integridad el fallo que, por unanimidad, produjo el Tribunal Supremo y del que solo se anticipó su carácter resolutivo.
Además de la exhumación, el fallo dispuso el traslado de los restos al cementerio de Mingorrubio, en las afueras de esta ciudad. Un camposanto en el que descansan figuras del franquismo. También está allí el fallecido dictador dominicano Rafael Trujillo.
Quedan por superar dos trabas que se consideran menores. Una es la decisión de un juez madrileño, José Yusty, de paralizar el necesario permiso de obra para remover la pesada losa de granito que cubre la sepultura.
La otra es la resistencia del prior del Monasterio Benedictino que administra la iglesia del lugar.
Se trata del fraile Joaquín Mandul, conocido por sus simpatías con el franquismo. Su posición es una de las escasas excepciones a la neutralidad que expresó la Iglesia desde el Vaticano. "Se acatará lo que digan los tribunales", ratificó el arzobispo de Madrid.
La decisión fue un golpe para los nietos del dictador, que opusieron batalla judicial para resistir la remoción. Amparándose en razones de "dignidad, memoria y de respeto a los derechos humanos", su abogado, Felipe Utrera Molina, aseguró que insistirían en el litigio.
Apelaciones
Derrotados en los tribunales españoles, la estrategia que les queda es el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea (UE). "Esperemos que allí, el apellido Franco no signifique discriminación", dijo el letrado.
De todos modos, aunque opte por recurrir ante el tribunal de Estrasburgo, la decisión del Supremo español es "cosa juzgada" y por tanto ejecutable, según subrayó el gobierno socialista.
Apenas conocida la medida, hubo reacciones de todo tipo. Los primeros, las plataformas de familiares de los allí enterrados. Ahora quieren más.
No solo que se desentierre a Franco, sino que también "se quite de allí" a José Antonio Primero de Rivera, el fallecido líder de la Falange, la agrupación de ultraderecha que dio apoyo político al dictador en los comienzos de su andadura hacia el gobierno supremo.
Los partidos políticos de oposición vieron en la decisión una maniobra electoral.
"Llegan las elecciones y otra vez está el señor Sánchez paseando el cadáver" de Franco, dijo el vocero de Ciudadanos, Ignacio Aguado.
Mucho más crítica fue Vox, la fuerza de derecha radical, para la que la decisión implica un manejo "irresponsable" por parte del gobierno que "se empeña en abrir sepulturas y regodear un pasado doloroso que muchos españoles habían logrado olvidar", según declaró una de sus referentes, Rocío Monasterio.
Construido por presos del franquismo luego de la Guerra Civil y para honrar su victoria, en el Valle de los Caídos están enterrados los restos de 33.000 personas. La mayoría, represaliados por el régimen.
Aún no está claro cuál será el destino final de la monumental construcción. Posiblemente se lo desacralice y sea reconvertido en un "centro de información" sobre la Guerra Civil y las cuatro décadas que la siguieron en el largo camino a la democracia. Algo de lo que España carece.
En todo caso, la remoción de Franco será solo el primer paso hacia ese futuro.
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