¿Fin de la “pura vida”? El paraíso centroamericano que eligen los argentinos sufre el año más violento de su historia
Costa Rica registró en 2022 una tasa de 12,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la más alta del país desde que se tienen datos
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El 1 de diciembre de 1948 José Figueres Ferrer demolió de un mazazo una almena de la pared oeste del Cuartel Bellavista de San José para anunciar la abolición del Ejército de Costa Rica.
La histórica decisión del presidente de facto de suprimir las fuerzas armadas como institución permanente fue aplaudida por la comunidad internacional y conllevó a que años más tarde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad para la Paz de la ONU establecieran sus sedes en el país. Desde entonces, la nación centroamericana, que acogió la frase “pura vida” como lema, construyó una reputación pacifista y de seguridad en una región particularmente tumultuosa que incluso llevaron a apodarla “la Suiza de Centroamérica”.
De la región, Costa Rica es la única “democracia plena”, según el índice de The Economist, y hasta hace poco era el segundo país con la menor tasa de homicidios per cápita, de acuerdo con las cifras del la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Sólo había sido superada por Nicaragua en los últimos años.
Sin embargo, contraria a la tendencia última que marca una reducción de los asesinatos en una región asolada por las pandillas y corredor del narcotráfico hacia Estados Unidos y en donde los altos índices de criminalidad son motivo de migración masiva, la violencia en Costa Rica viene en aumento. El país terminó el año con 656 homicidios, lo que representa un incremento del 11,56% respecto a 2021, según se desprende de los datos publicados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Estas cifras fijan la tasa en 12,6 por cada 100.000 habitantes, la más alta en la historia desde que se tienen datos.
En cambio, El Salvador, que en 2015 se consagró como el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes, cerró el 2022 con 7,8, la tasa más baja de la región. El dramático descenso llevó a algunos funcionarios costarricenses a elogiar y evaluar las políticas de mano dura de Nayib Bukele, quien, de hecho, realizó en diciembre un viaje relámpago de carácter “personal y privado” al país.
“Un tema de seguridad como el que tiene el presidente Bukele sería genial para bajar el índice de homicidios”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Seguridad tico, Jorge Torres.
En esa línea, David Segura, diputado de Nueva República, señaló a Bloomberg Línea: “El sistema de Nayib Bukele funciona, con mano dura contra el narco y los delincuentes. No es casualidad que El Salvador tenga muchos días sin homicidios (...) Urge que resolvamos esto y urge que el gobierno de la República, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial se sienten a discutir cómo parar esta espiral peligrosa de violencia”.
Los analistas, sin embargo, descartan que la estrategia del presidente salvadoreño pueda implementarse en Costa Rica por varios motivos. “Bukele cuenta con un Parlamento con mayoría y un Poder Judicial afín. No es el caso de Costa Rica; el presidente sólo tiene 10 diputados afines de 57 y el Poder Judicial es férreamente independiente. [En Costa Rica], la Constitución permite suspender garantías constitucionales únicamente por desastres, conmoción pública o una invasión. No por razones de seguridad”, explica a LA NACION el director del Instituto de Seguridad y Criminología de Costa Rica, Erick Villalba.
El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó por primera vez el estado de excepción después de que se registraran 88 homicidios en un sólo fin de semana. Según la Constitución, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar mientras existan las causas que lo originaron. Limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado. Desde entonces, el gobierno de Bukele ha extendido 10 veces la medida, una decisión que fue muy criticada por la comunidad internacional.
“A Bukele puede no importarle lo que digan las ONG, la ONU o similares, pero Costa Rica no puede darse tal lujo”, señala el criminólogo.
En segundo lugar, “en El Salvador hay 25.000 policías y 40.000 soldados para una población de seis millones de habitantes. Costa Rica sólo tiene 15.000 policías para cinco millones y tiene el doble de extensión. Entre policías y soldados, El Salvador tiene cuatro veces más fuerza operativa para la mitad del territorio”, destaca Villalba.
El rol del narcotráfico y las armas de fuego
Los expertos apuntan al narcotráfico como el principal factor detrás del problema, ya que a diferencia de otros países de la región, como Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice, Costa Rica no cuenta con la presencia de maras o pandillas y, además, tiene el salario mínimo más alto de América Latina.
En la última década, los cárteles han puesto la mirada en las preciadas reservas naturales de Costa Rica, en momentos en que se enfrentaban a ofensivas militares por parte de México y algunos países de Centroamérica. Los narcotraficantes encontraron un paraíso vasto entre los manglares y junglas, con pocos pobladores y escasa vigilancia policial, que podían usar como paradero para la cocaína que traficaban desde Sudamérica hacia Estados Unidos.
También comenzaron a aprovechar cada vez más la fértil tierra para sembrar marihuana.
Limón y Puntarenas, dos zonas portuarias, agruparon la mayor parte de los homicidios en 2022. “Las principales afectaciones están en las costas. La problemática de la zona Caribe ha venido aumentando consecutivamente en los últimos años y tiene que ver en una cantidad importante con las disputas de territorio”, señaló en conferencia de prensa Michael Soto, subdirector del OIJ. “La otra costa, Puntarenas, está con números significativos con respecto al año anterior. La mayoría de estos eventos están situados en zonas urbano marginales, donde el crimen organizado local se ha posicionado y colateralmente generan violencia por la pugna de territorios”, agregó el oficial.
Los analistas también destacan el uso de armas de fuego. “Un 70% de los homicidios en 2022 se cometieron con armas de fuego. En Costa Rica la ley de armas es rigurosa, tener un arma no es un derecho y el trámite es engorroso, pero eso no impide a los delincuentes su acceso. El mercado negro de armas es un tema poco estudiado y no está claro donde vienen las armas. Una de las hipótesis sostiene que vienen de las guerras de Centroamérica o de las FARC en Colombia. Pero en 2021, un arma de fuego robada en Líbano apareció en San José y hay otros puntos de origen”, detalló Villalba.
En el contexto actual, el criminólogo Gerardo Castain teme que la presión que el gobierno salvadoreño está ejerciendo sobre los mareros los empuje a trasladar sus operaciones al país e incluso a aliarse con los grupos criminales establecidos. Entre 2018 y 2021, Migraciones deportó 147 mareros y se teme que el número aumente. “Costa Rica no tiene ejército y además las fronteras son sumamente porosas o vulnerables y el control sobre los extranjeros es sumamente débil (...) el riesgo es que esa posible migración que se va a dar provoque que se organicen en pandillas aquí y afecte la seguridad del país”, explicó al medio La Teja.
Aún es un país seguro y atractivo para el turismo
A pesar de las alarmas, hace falta más para mancillar la imagen positiva de Costa Rica, que se convirtió en un destino atractivo para los turistas, muchos de ellos argentinos, gracias a sus riquezas naturales —la nación alberga alrededor del 6 % de la biodiversidad del planeta— y al fomento de la sostenibilidad y del turismo aventura como marca país.
“El aumento de los homicidios sin duda afecta la imagen del país, aún así el impacto en el turismo es bajo o nulo por ahora. Además, los homicidios suceden en lugares muy específicos y los turistas no son blanco. Por lo tanto, el modelo Bukele alejaría a Costa Rica del concepto de ‘país de paz’”, comenta Villalba.
La Cámara de Puntarenas de Turismo coincide en diálogo con LA NACION en que “en Puntarenas los actos se dan entre bandas en zonas vulnerables, las cuales están aisladas de la zona turística”.
Antes de la pandemia, este país de 5,1 millones de habitantes recibía poco más de 3 millones de turistas cada año y la industria empleaba a unas 400.000 personas. De a poco está recuperando las cifras –en 2022 recibió 2,3 millones de visitas– y el Plan Nacional de Turismo 2022-2027 establece la meta de recibir en 2027 a 3,8 millones de visitantes y obtener divisas por el orden de los 4900 millones de dólares.
El presidente Rodrigo Chaves incluso tiene ideas alternativas para combatir el narcotráfico y atraer el turismo al mismo tiempo. En octubre pasado, presentó un proyecto de ley para legalizar la marihuana de uso recreativo. “La consecuencia de que el Estado esté fuera de esa actividad regulatoria es que los grupos criminales, las bandas, los narcos, se han aprovechado, ganan dinero con eso y se está exponiendo la integridad de los consumidores”, afirmó.
Asimismo, con una sólida y longeva democracia, de entre las más funcionales del mundo, Costa Rica es uno de los países más estables de América, obteniendo resultados generalmente favorables en todos los índices de desarrollo y competitividad.
Aunado a esto, posee diversas políticas a la vanguardia para la protección del medioambiente y fue considerada la sociedad más feliz del planeta durante más de una década por el think-tank británico New Economics Foundation.
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