Filtraciones, confusión y sospechas: el escándalo de espionaje que enturbia a la política española

BARCELONA.- Desde hace una semana, la política española vive inmersa en una maraña de filtraciones, confusión y sospechas más propia de una novela policial. Después de que la semana pasada una investigación de la revista estadounidense The New Yorker desvelara el espionaje masivo a políticos, abogados y activistas del entorno independentista en Cataluña -un caso bautizado como catalangate-, ayer fue la Moncloa quien hizo público que tanto el teléfono del presidente socialista Pedro Sánchez como de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron también hackeados con el invasivo programa israelí Pegasus.

Según ha explicado en una conferencia de prensa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la intervención de los teléfonos de Sánchez y Robles tuvo lugar hace aproximadamente un año, y se prolongó durante un par de meses. Bolaños informó que se desconoce la procedencia de la intrusión, pero aseguró que no está implicada ninguna institución pública española. “En España, para prevenir o perseguir un delito, se puede solicitar autorización judicial …, pero en este caso, no se ha producido, y por eso calificamos las intervenciones de ilícitas y externas”. El gobierno ha interpuesto una denuncia ante la Audiencia Nacional.

En la prensa española se ha especulado que Marruecos podría estar detrás de este caso de espionaje. En el momento que se produjo el hackeo, Rabat y Madrid atravesaban una grave crisis diplomática a causa de sus divergencias respecto al conflicto del Sáhara Occidental y de la inmigración irregular marroquí. Además, un conglomerado de instituciones, entre ellas, Amnistía Internacional, reveló el año pasado que Marruecos era uno de los once países sospechosos de haber utilizado esta intrusiva herramienta de forma masiva.

Gracias a una filtración, se supo que miles de teléfonos figuraban en una lista de la empresa israelí NSO, la creadora y comercializadora de Pegasus, que solo puede vender a Estados. Entre las víctimas, no solo figuraban disidentes y periodistas de países autoritarios, sino incluso algún dirigente, como el presidente francés Emmanuel Macron. El programa Pegasus es capaz de controlar a distancia los aparatos de teléfono móvil, y robar sin apenas dejar rastro la información almacenada. Del teléfono del presidente español se sustrajeron más de 2,6 gigas.

La Moncloa ha hecho público el ciberespionaje a Sánchez una semana después de que The New Yorker revelara que al menos 65 personas del entorno del independentismo catalán, incluido el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, fueron espiados a través de Pegasus. Este fue el resultado de un análisis forense de sus móviles realizado por Citizen Lab, un instituto de la Universidad de Toronto especializado en ciberseguridad.

En un primer momento, el gobierno de Pedro Sánchez intentó enterrar el escándalo negando que sus servicios de seguridad hubieran practicado escuchas masivas e ilegales a opositores políticos, dejando entrever que el origen del hackeo podría hallarse en el extranjero. Sin embargo, en los días posteriores, fuentes de los servicios de inteligencia, el CNI, admitieron a El País haber adquirido el programa Pegasus, aunque no explicaron a quién espiaron, ni bajo qué condiciones. Por su parte, el diario El Confidencial apuntaba que se podrían haber intervenido otros 150 teléfonos más.

En un giro de guion, la ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoció en una comparecencia parlamentaria el espionaje al independentismo: “¿Qué ha de hacer un estado cuando alguien vulnera la Constitución? ¿Qué ha de hacer cuando declara la independencia? ¿Cuándo alguien corta las vías públicas?”, espetó. Sus palabras provocaron un endurecimiento de la posición de Esquerra Republicana (ERC), víctima del espionaje y sostén clave del Ejecutivo, poniendo en peligro su estabilidad. Tanto ERC como Podemos, socio de gobierno de Sánchez, han exigido la dimisión de la ministra.

De momento, el PSOE se ha negado a abrir una investigación parlamentaria para esclarecer los hechos, tal como le solicitaban sus aliados, y se ha limitado a convocar la comisión de secretos oficiales del Parlamento, en la que participará la directora del CNI, Paz Esteban. Los diputados asistentes a estas reuniones tienen expresamente prohibido difundir cualquier información revelada. De acuerdo con la ley española, las peticiones judiciales de escuchas se deben hacer de manera individualizada, justificada y durante un periodo limitado.

El catalangate ha reavivado la preocupación en el Parlamento Europeo por las escuchas ilegales a disidentes y periodistas en un contexto de erosión de las libertades democráticas en Europa, pues se sospecha que también se podrían haber producido en Hungría y Polonia. En marzo, la institución abrió una investigación y se analizarán los teléfonos de decenas de europarlamentarios.

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