Felipe VI pone en marcha un plan de transparencia

MADRID.- Obligado a mostrar que la corona ya no será lo que fue, el rey Felipe VI presentó ayer un plan de transparencia con el que aspira a cortar de raíz las sospechas de corrupción y el despilfarro de fondos en la monarquía.

La medida más drástica consiste en prohibir a todos los miembros de la familia real española trabajar para empresas privadas o tener remuneraciones provenientes de cualquier actividad que no sea la representación oficial del Estado.

Con una regla de ese tipo se hubiera prevenido un escándalo como el caso Nóos, por el que están procesados la infanta Cristina, hermana del actual rey, y su esposo, Iñaki Urdangarin, por la acusación de desviar fondos públicos captados por una falsa ONG de beneficencia.

La magnitud de esa investigación judicial dañó de manera dramática el prestigio de la monarquía y precipitó la abdicación de Juan Carlos I, firmada el 18 de junio pasado. Felipe VI asumió al día siguiente con la promesa de conducir la institución hacia una etapa de "honestidad y transparencia".

La prohibición de trabajar para empresas privadas tiene por el momento un carácter casi simbólico, ya que rige sólo para los integrantes de la familia real: el rey, la reina Letizia, sus hijas Leonor y Sofía (de 8 y 7 años, respectivamente), más los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía.

No alcanza a las infantas Elena y Cristina, que desde el cambio en el trono dejaron de integrar la familia real (son consideradas parte de la "familia del rey", un matiz no menor). A Elena, la mayor de las hijas de Juan Carlos I, su hermano podrá seguir convocándola para que represente a la corona en algunas ocasiones específicas, pero sin cobrar remuneración alguna, según informó ayer el Palacio de la Zarzuela. Cristina, en cambio, seguirá alejada de cualquier actividad oficial, como ocurre desde 2011, cuando el caso Nóos empezó a convertirse en un lastre para la monarquía.

Gastos

Además, Felipe VI promete llevar al extremo la reforma de la ley de transparencia de actos del Estado, de tal modo que empiece a publicarse en Internet el detalle de todos los gastos provocados por la corona.

En pleno temblor por el escándalo de los negocios turbios de Urdangarin y Cristina, el rey Juan Carlos ordenó difundir el desglose de la ejecución de la partida que él recibía del presupuesto nacional para mantenimiento de la casa real.

Esos fondos -que el último año superaron los siete millones de euros- incluyen el sueldo y los gastos de representación del rey y sus familiares directos más los gastos en personal del palacio.

Pero no contemplan el grueso de la carga que significa la monarquía para el erario: los viajes oficiales, la seguridad y el mantenimiento de los palacios, que salen de las asignaciones de distintos ministerios. Todos esos datos serán públicos a partir del próximo ejercicio, prometió la casa real.

El "blindaje anticorrupción" que lanzó el rey incluye la elaboración de un código de conducta e incompatibilidades para los miembros de la nobleza y para los empleados de la monarquía. También se regulará qué hacer con los regalos -a veces de incalculable valor- que recibe la corona.

Durante casi 40 años, Juan Carlos I ejerció el cargo sin que nadie se entrometiera en sus cuestiones de dinero. Por mandato constitucional, el rey es inimputable en la justicia (no puede ser ni siquiera citado como testigo en causas penales ni civiles).

Tampoco tuvo obligación alguna de presentar una declaración de sus bienes ni se le exigía rendir cuentas de cómo administraba los fondos del Estado a su cargo.

Podía recibir regalos fastuosos y hacer uso libre de ellos, como ocurrió con el yate Fortuna, con el que lo agasajaron los empresarios de las Islas Baleares para que disfrutara sus veranos en el Mediterráneo.

Felipe VI mantiene algunos de esos privilegios, pero decidió resignar otros. Incluso desde antes de jurar su prioridad es ni más ni menos que salvar a la corona en el peor momento de popularidad desde la instauración borbónica posterior a la muerte del dictador Francisco Franco.

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