Etnia uigur: por qué la minoría perseguida en China eligió la Argentina para denunciar las atrocidades del régimen pese al estrecho vínculo diplomático

Quién hubiera dicho que la Justicia argentina se convertiría en una faro de esperanza para los uigures, una minoría étnica musulmana perseguida por el gobierno chino en la región de Xinjiang. Sin embargo, esta semana, Dolkun Isa, presidente del Congreso Mundial Uigur (WUC), Omer Kanat, director ejecutivo del Proyecto de Derechos Humanos de los Uigures (UHRP) y Michael Polak, un abogado británico con experiencia en casos de alto perfil de derechos humanos, viajaron a Buenos Aires y presentaron una denuncia penal ante los tribunales en Comodoro Py por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo uigur.

¿Por qué optaron por un país tan remoto, sin conexiones aparentes con la diáspora uigur y con un gobierno que quiere “profundizar las relaciones de cooperación política, comercial, económica, científica y cultural” con Pekín? Según cuenta a LA NACION Polak, director de Justice Abroad, la elección fue “en virtud de las disposiciones argentinas sobre jurisdicción universal”.

El Principio de Jurisdicción Universal le otorga a cualquier país la posibilidad de juzgar a quienes hayan cometido un grupo limitado de delitos atroces y difíciles de juzgar, aunque hayan sido perpetrados en el extranjero o por ciudadanos de otro país. La Argentina incorpora este principio en su normativa con carácter de derecho internacional consuetudinario, mediante el artículo 118 de la Constitución, así como también por reconocer la primacía de los tratados internacionales de derechos humanos en el derecho argentino.

“No hay muchos tribunales a los que los uigures puedan acudir”, señala Polak y destaca que la Argentina es uno de los pocos países que aplican el principio jurídico sin ningún requisito de nexo (sin límites). Ni siquiera la Corte Penal Internacional (CPI) pudo intervenir; en 2020 desestimó una investigación sobre la detención masiva de uigures porque los presuntos crímenes tuvieron lugar en China, que no es parte en el tribunal.

La presentación de la denuncia marca el primer paso del largo proceso: la “fase de acusación” contra algunos de los principales responsables del genocidio, en la que el juez designado examinará la denuncia para decidir si se abre un caso.

Esta solicitud podría marcar un hito porque si el juez decidiese abrir el caso —cuya decisión supuestamente se conocerá de entre una a seis semanas—, se iniciaría una investigación para demostrar si se están perpetrando crímenes internacionales de genocidio, crímenes de lesa humanidad y tortura contra el pueblo uigur en China. A partir de la evidencia, el juez podría inculpar a los acusados, emitir órdenes internacionales de arresto y enviar el caso a juicio, explica Polak.

Si se abriera una causa, el juez incluso podría citar a los testigos para que presten declaración bajo juramento, lo que significaría la primera vez que se presentasen en un tribunal las pruebas de las atrocidades que se cometen contra esta minoría étnica.

Isa y Kanat, que escaparon de China de jóvenes, dicen a LA NACION que la evidencia que tienen contra los presuntos perpetradores es monumental. Un relator especial de la ONU publicó un informe independiente esta semana en el que señaló que las autoridades chinas impusieron trabajos forzados a personas de minorías musulmanas en la región de Xinjiang y que estos hechos podrían equivaler a “esclavitud como crimen contra la humanidad”. Además, hay imágenes satelitales que confirman la existencia de al menos 380 campos de reeducación —aunque se estima que el número real supera los 900—, hay testimonios de sobrevivientes y de expertos, hay registros de insumos y documentos oficiales que fueron filtrados o que el propio Partido Comunista publicó. “A diferencia de otros regímenes, China lleva un registro de todo, lo anota todo”, acota Polak y señala que esto ha sido una ventaja.

“Guerra contra el terrorismo”

En 2014, el jefe de Estado de China, el presidente Xi Jinping, lanzó la “guerra popular contra el terrorismo en Xinjiang”, una política de asimilación forzada, en las áreas donde los uigures constituyen casi el 90% de la población. Los funcionarios chinos de alto rango llevaron a cabo las órdenes de “detener a todos los que debían ser detenidos, limpiarlos completamente, destruirlos de la raíz a la rama y romper su linaje, raíces, conexiones y orígenes”, según documentos oficiales publicados en línea.

“Lo que ocurre en China es un genocidio en cámara lenta. No es como el Holocausto, en donde exterminaban de forma masiva a los judíos en cámaras de gas, sino que el gobierno está creando las condiciones para erradicarnos lentamente”, dice el director de UHRP.

De acuerdo con la evidencia, relata Kanat, más de tres millones de uigures viven confinados en los llamados “campos de reeducación”. Allí los detenidos son torturados, las mujeres violadas, esterilizadas e incluso se las obliga a abortar. Se los somete al trabajo forzoso, se les impone el mismo uniforme y se los despoja de todos sus ritos y costumbres. Además, al menos un millón de niños fueron separados de sus padres y enviados a jardines de infantes, en donde se les imparte la doctrina del Partido Comunista y a olvidar la propia y se les enseña a espiar a sus padres. Incluso en algunos casos se les cambia de identidad y jamás vuelven a ver a sus familias.

En las aldeas en donde viven los uigures que no están detenidos, el gobierno instaló cámaras de seguridad en todas partes y utiliza la tecnología para atormentar a las familias musulmanas. Fomenta la vigilancia entre vecinos e incluso envía a agentes propios a vivir en las casas de los uigures, que deben recibirlos y acogerlos con la mayor hospitalidad, de lo contrario serán delatados y detenidos.

Por supuesto que el gobierno chino niega haber cometido abusos contra los derechos humanos en Xinjiang. Y pese a la acumulación de evidencia, la reacción de la comunidad internacional ha sido débil. Algunos Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron declaraciones en el Consejo de Derechos Humanos condenando las políticas de China. Estados Unidos ha declarado los abusos contra los derechos humanos como un genocidio, una conclusión a la que llegó el 19 de enero de 2021. Desde entonces, las asambleas legislativas de varios países han aprobado mociones no vinculantes que califican las acciones de China de genocidio, como la Cámara de los Comunes de Canadá, el Parlamento holandés, la Cámara de los Comunes del Reino Unido, el Seimas de Lituania y la Asamblea Nacional francesa. Otros parlamentos, como los de Nueva Zelanda, Bélgica y la República Checa, condenaron el trato del gobierno chino a los uigures como “graves abusos de los derechos humanos” o crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, ninguna de estas medidas son vinculantes. Por eso, los representantes uigures y su abogado acudieron a la Argentina, que tiene algo de experiencia con este tipo de casos. Por ejemplo, en noviembre de 2021, la Cámara Federal porteña decidió abrir una investigación contra los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la comunidad rohingya en Myanmar. También a raíz de dos denuncias presentadas en 2010, la Justicia Argentina inició una querella contra los crímenes del franquismo, la única causa abierta en el mundo contra los individuos que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura española, por la que ya se emitieron varias órdenes de arresto internacional. Y en 2014, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ordenó revocar un fallo que ordenaba cerrar la causa que investiga el genocidio contra los millones de practicantes de la disciplina espiritual Falun Gong en China, gracias al Principio de Jurisdicción Universal.

No obstante, todos estos procesos llevan años y mientras tanto millones de uigures sufren las consecuencias. En 2017, el gobierno chino cortó toda la comunicación de la región de Xinjiang con el mundo exterior, por lo que “nadie sabe realmente lo que está pasando allí”, dice Isa, quien perdió a sus dos padres en estos años, que estaban detenidos en un campo de reeducación. “No sé en qué condiciones murieron porque no quisieron decirme nada, me enteré por los medios de comunicación”.

Pero ni siquiera los uigures que viven fuera de China están a salvo. Kanat e Isa –este segundo tuvo por años una notificación roja de Interpol por pedido de Pekín hasta que el organismo decidió eliminarla– señalan que han recibido repetidas amenazas de oficiales chinos que los desalentaban a seguir con su activismo, recordándoles que sus familias todavía permanecían en territorio chino y que “cualquier cosa podría pasarles”. Aún así siguieron luchando. Ahora con la ayuda de Polak.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil. Los hombres son conscientes de la enorme influencia económica que ejerce Pekín sobre decenas de países, incluso reconocen “la estrecha relación diplomática entre China y la Argentina”. No obstante, Polak espera que esto no sea un problema y dice que “confía en que el gobierno no ejerza ninguna influencia sobre el proceder de la Justicia”.

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