Estados Unidos evalúa sancionar a Venezuela por la inhabilitación de la principal candidata opositora
El Departamento de Estado anunció que revisará su política de sanciones contra el régimen chavista luego que la Corte Suprema ratificó que María Corina Machado no podrá postularse en los comicios de este año
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LA NACION
WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos advirtió este sábado que evalúa restablecer sanciones contra Venezuela luego de que la Corte Suprema de ese país ratificara la inhabilitación de la principal candidata presidencial opositora María Corina Machado.
Washington había anunciado el año pasado una flexibilización de las medidas contra Caracas en los sectores del petróleo y el gas, pero “ahora revisa” su política de sanciones “ante este hecho” y otros que apuntan a “candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil”, declaró el vocero del Departamento de Estado Matthew Miller.
Para Estados Unidos, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que descalifica a la candidata “victoriosa de las primarias democráticas de la oposición, contradice el compromiso asumido por los representantes de (el presidente) Nicolás Maduro de organizar una elección presidencial equitativa en 2024″.
El vocero destacó que Machado “no fue notificada de las acusaciones en su contra y no tuvo la posibilidad de responder”. ”Esta decisión muy preocupante contradice los compromisos asumidos por Maduro y sus representantes en el marco del acuerdo de Barbados, que fijaba una hoja de ruta electoral y permitía a todos los partidos elegir sus candidatos para la elección presidencial”, indicó el Departamento de Estado.
Simultáneamente, casi una treintena de expresidentes iberoamericanos, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), respaldaron a Machado luego de haberse ratificado su inhabilitación.
En una carta, publicada por el expresidente colombiano Iván Duque en X y que, entre otros firmantes incluye a Mauricio Macri, los exjefes de Estado aseguraron que “María Corina Machado, de acuerdo con las reglas de la democracia, sigue siendo la legítima representante de la oposición en Venezuela y su candidata presidencial ante la comunidad internacional”.
También el gobierno de Javier Milei se pronunció al respecto. En un comunicado, la Cancillería dijo seguir “con preocupación” la situación y abogó por la celebración de “elecciones presidenciales democráticas, transparentes, con participación plena de todos los candidatos políticos y con presencia de observación electoral externa”.
De la misma manera se pronunció contra la decisión de la Corte Suprema el jefe de la delegación de la oposición venezolana en el diálogo en Barbados con el gobierno.
“Exigimos que la decisión sea revertida por haberse violado el procedimiento. Y el procedimiento significa un juicio, no un juicio sumario, no un paredón”, dijo Gerardo Blyde, en conferencia de prensa.
El negociador, abogado de profesión, denunció que el proceso seguido a Machado no cumplió con los procesos establecidos en las leyes, porque a la candidata no le fue notificada su inhabilitación ni pudo acceder a su expediente.
La inhabilitación
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó el viernes la inhabilitación política contra Machado, quien fue electa en primarias como la candidata de la oposición para enfrentar a Maduro en las presidenciales que deberían realizarse en el segundo semestre. El fenómeno político que representa Machado aplastaría a Maduro en las urnas, con ventajas en las encuestas de más de 60%.
”Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar”, expresó Machado en la red social X (antes Twitter) y agregó que su lucha “por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias” seguirá “hasta el final”.
El TSJ dijo que Machado “está inhabilitada por 15 años por estar incursa (...) en la trama de corrupción del usurpador Juan Guaidó”, proclamado presidente interino hasta enero de 2023, en un intento por sacar del poder a Maduro. Para la Corte, esa trama “propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos”. Machado no formó parte de aquel llamado “gobierno encargado”.
Machado, de 56 años, había sido sancionada por un año en 2015, en principio por asistir como “embajadora alterna” de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían la salida de Maduro y dejaron 40 muertos.
Pero en junio de 2023, la sanción fue extendida a 15 años bajo el argumento de que la Contraloría seguía investigándola.
En las elecciones primarias autogestionadas que hizo la Plataforma Unitaria -que agrupa a casi toda la oposición- en octubre último, Machado logró más del 90% de los votos y ganó entonces la postulación a la presidencia para los comicios de este año.
La exasambleista siguió con su campaña, aunque seguía inhabilitada, en parte porque el acuerdo gobierno-oposición de octubre hablaba de respetar la elección de cada fuerza sobre candidatos 2024.
Las inhabilitaciones son un mecanismo que el chavismo usó para impedir la participación de algunos rivales, aunque formalmente son sanciones que impone la Contraloría.
La ley faculta a ese organismo a tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial “definitivamente firme” impide aspirar a la presidencia.
Agencias AFP y AP
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