España pone en marcha una reforma para facilitar la residencia y el trabajo a miles de inmigrantes

MADRID.- Pequeña revolución en la política migratoria española, que es de paso una pequeña revolución en la política económica. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha una reforma normativa que allana el camino para que los extranjeros puedan trabajar legalmente en España. La iniciativa, que implica modificar el reglamento de la Ley de Extranjería, es un hito que potencialmente facilitará la vida de miles de inmigrantes, pero tiene una motivación fundamentalmente económica: que se incorporen a sectores donde la falta de mano de obra está estrangulando el funcionamiento de las empresas.

El transporte, el campo, la hostelería y la construcción son los más afectados, pero también el ámbito digital. La normativa de extranjería actual, argumentan fuentes gubernamentales, “no es suficientemente ágil para responder a los cuellos de botella que se producen en el mercado laboral”.

El borrador de este real decreto, al que ha tenido acceso El País, está todavía sujeto a cambios —en función de las aportaciones de otros ministerios—, pero tiene tres patas fundamentales: amplía la contratación en origen (para incluir otros trabajadores más allá de los temporeros); permite que los estudiantes extranjeros trabajen; y crea una figura nueva que permitirá obtener papeles a los inmigrantes en situación irregular que se formen en ámbitos laborales para los que se necesita personal. También elimina requisitos para favorecer el emprendimiento individual (y no solo el de grandes inversores) y el trabajo autónomo de los extranjeros.

No se trata de una regularización masiva como las que se han llevado a cabo en otras ocasiones en el pasado, sino de cambiar la aplicación de la ley para, por un lado, promover la contratación de trabajadores extranjeros en sus países y, por otro, suavizar los criterios actuales para que quienes están en España en situación irregular consigan autorizaciones de residencia y trabajo. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, José Luis Escrivá, busca ahora que el resto de ministerios apoye su iniciativa. De momento, este martes, el Consejo de Ministros acordó su tramitación urgente.

El gran desafío o cómo cubrir 109.000 empleos vacantes

La propuesta se lanza en un momento en el que el mercado laboral español está frente al espejo: España, el país de la zona euro con la tasa más alta de desempleo (13,65%) a pesar de la mejoría reciente, mantiene 109.056 puestos de trabajo sin cubrir, según datos oficiales. El borrador sostiene que un 69% de los empleadores declara tener dificultades para cubrir vacantes, “cifras inéditas en los últimos 15 años”. No hay una única explicación para este desajuste entre oferta y demanda, pero hay sectores muy inquietos desde hace meses que piden soluciones. El diagnóstico es poliédrico: falta formación adecuada para determinados puestos, hay poca movilidad geográfica, las condiciones de muchos trabajos son mejorables y muchos puestos ya no son atractivos para los trabajadores nacionales.

Según el departamento de Escrivá, la normativa actual de migraciones en España no genera incentivos que mitiguen los problemas de vacantes en el mercado laboral. “Al contrario, esta normativa continúa fomentando procesos de incorporación irregular al mercado de trabajo con altos costes sociales, económicos y de gestión”, señala el texto. Las fuentes consultadas apuntan al impacto económico de la migración como motor de ese cambio normativo: tanto la sostenibilidad del sistema público de pensiones como el mercado laboral necesitan un complemento migratorio, con una política de migraciones regular, ordenada y segura.

En este contexto, los trabajadores extranjeros pueden ser parte de la solución. El borrador, que señala cómo otros países europeos están tomando medidas para facilitar la migración como fuente importante de empleo, lo plantea así: “La competencia internacional por el talento y por la mano de obra se convierte en un eje transversal a todas las políticas económicas y orientadas a la recuperación”.

Contratación en origen

Uno de los pilares de la reforma consiste en cambiar el modelo de contratación de extranjeros que aún están en sus países de origen. Hasta ahora, esta fórmula se limita, básicamente, a la contratación anual de más de 10.000 temporeras marroquíes para que recojan la fresa cada temporada en los campos de Huelva. Esta vía de migración circular, de la que España es referente, permite a los empresarios cubrir la falta de mano de obra local, pero no evita que un porcentaje variable de esas mujeres (entre el 10% y el 30%) se quede de forma irregular en España, ni tampoco les ofrece ninguna estabilidad laboral aunque encadenen 15 temporadas bajo los invernaderos.

Escrivá quiere ampliar este modelo de contratación a otros sectores, como el del transporte o la construcción, y premiar, con un futuro laboral en España, el retorno de los trabajadores a sus países. La propuesta es ofrecer al trabajador una autorización de cuatro años —y no una cada temporada— que le permitirá trabajar un máximo de nueve meses al año en un único sector. Si se retorna al país de origen cuando acaba el periodo de contratación, esos cuatro años pueden renovarse por otros cuatro o por una autorización de residencia y trabajo de dos años. En sectores específicos y “deficitarios”, como el de transporte, en el que la normativa europea exige un certificado de aptitud profesional, se ofrece además una autorización previa de hasta seis meses para que el candidato haga los cursos, exámenes y trámites necesarios para obtener la cualificación.

La vía del arraigo

La reforma revisa también los diferentes tipos de arraigo, la figura legal a las que solo en 2021 se acogieron más de 72.000 extranjeros para conseguir sus papeles. La principal novedad es que se crea un nuevo tipo de arraigo, condicionado a la formación laboral en sectores específicos. Así, un inmigrante sin antecedentes penales que viva en España al menos dos años tendrá una opción nueva para regularizarse: formarse en alguno de los sectores necesitados de personal cualificado, que el Estado irá determinando. No se trata solo de oficios de alta cualificación, como los vinculados a la digitalización, sino también de otras muchas profesiones (soldadores, fontaneros, conductores o carpinteros) para las que faltan trabajadores con formación. El permiso será inicialmente solo de residencia, pero una vez se tenga la oferta de un contrato podrá convertirse en una autorización para residir y trabajar de hasta dos años. “Por un lado, se podrá obtener personal con la formación necesaria para cubrir los puestos de trabajo que ofertan las empresas; por otro, se procederá a incorporar al mercado laboral a personas que se encuentran trabajando de manera precaria o directamente irregular”, argumenta el borrador.

El texto modifica igualmente los requisitos para el arraigo social, la vía que permite regularizarse a extranjeros que llevan al menos tres años en situación irregular. La reforma hace este proceso mucho más sencillo porque elimina la exigencia de presentar un contrato de un año, sustituyéndola por otra: que el trabajador cobre al menos el salario mínimo.

El nuevo reglamento también incluye lo que ya habían determinado cuatro sentencias judiciales: que los trabajadores que lleven al menos dos años en España y puedan demostrar una actividad laboral legal de al menos seis meses podrán obtener sus papeles a través del arraigo laboral. Esto es especialmente relevante para solicitantes de asilo.

Con el objetivo de hacer aflorar la economía sumergida se abre, por otro lado, la posibilidad de que, si se denuncia ante las autoridades laborales un empleo irregular, por parte del trabajador o cualquier otra persona, el extranjero que trabaja clandestinamente podrá optar a regularizarse sin tener que demostrar una estancia mínima en España. Antes se exigía una estancia mínima de dos años y el denunciante únicamente podía ser el trabajador irregular. Pocos inmigrantes denunciaban a sus patrones.

Empleos para estudiantes

El texto da nuevas oportunidades a los estudiantes internacionales (55.400 personas, según datos de 2021) y permite que puedan trabajar de forma simultánea a sus estudios. Facilita además que puedan permanecer en España cuando terminen su formación, una fórmula, argumenta el texto, de hacer que los centros de formación del país sean más competitivos.

Con esta iniciativa, Escrivá aborda su primera promesa en materia migratoria lanzada nada más asumir el ministerio, en febrero de 2020. Su visión de la Ley de Extranjería era la de “un régimen disperso y complejo”, con “una rigidez burocrática enorme” que no facilitaba la contratación de mano de obra extranjera. La última reforma del reglamento, aprobada el pasado mes de octubre, eliminó trabas para la documentación de los menores no acompañados y jóvenes extutelados. Escrivá batalló casi un año hasta aprobarla. Aun siendo una reforma mucho menos ambiciosa que esta que se prepara ahora, las discusiones con el Ministerio del Interior lastraron durante meses su avance.

María Martín

El País, SL

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