Escándalo en el Vaticano: comenzará este mes un maxi-juicio sin precedente contra el cardenal Becciu y otras 9 personas

ROMA.- Finalmente llegó la noticia de la que se hablaba sottovoce en los pasillos de Oltretevere, que todo el mundo esperaba: el 27 de julio comenzará en el Vaticano un maxi-juicio por corrupción, estafa y malversación de fondos reservados de la Secretaría de Estado, contra el defenestrado cardenal Angelo Becciu y otras nueve personas, entre las cuales una mujer, Cecilia Marogna.

Coterránea del purpurado y apodada “la dama del cardenal”, de 39 años, Marogna recibió sumas millonarias para actividades de inteligencia jamás realizadas e irá al banquillo por el delito de peculado, anunció un comunicado del Vaticano. Becciu es acusado del mismo delito de peculado, de abuso de poder, también en complicidad y de soborno.

Al cabo de una larguísima y compleja investigación –que comenzó hace dos años al salir a la luz una inversión descabellada en un lujoso edificio de Londres y comparada con la Operación anticorrupción Manos Limpias de la década del ’90 en Italia- y querida por el papa Francisco para hacer esa prometida limpieza de las finanzas del Vaticano, los promotores de justicia decidieron avanzar con un maxi-proceso que significa un verdadero terremoto y algo sin precedentes en el Vaticano. Durante siglos, en efecto, los errores o delitos de los altos cargos de la Curia se resolvían a puerta cerrada: sin intervención de policías, fiscales ni jueces.

Además de Becciu –a quien Francisco obligó a renunciar a sus cargos y derechos cardenalicios el 24 de septiembre del año pasado- y “lady Marogna”, los imputados son nombres ya conocidos, que dan la idea de la entidad del escándalo y de sus añejas raíces. Se trata de monseñor Mauro Carlino, jefe de la oficina de información y documentación de la Secretaría de Estado, que fue durante años secretario personal del cardenal Becciu; el financista romano Enrico Crasso, de 73 años, que por casi tres décadas manejó las inversiones de la Secretaría de Estado; Tommaso Di Ruzza, exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), el ente encargado de vigilar que no haya reciclaje o movimientos de dinero sospechosos; su jefe, el abogado suizo René Brüelhart, expresidente de la AIF; Fabrizio Tirabassi, funcionario de la oficina administrativa de la Secretaría de Estado, que al parecer tuvo un rol protagónico en el asunto, tanto es así que cobraba “fees” del banco UBS de acuerdo al volumen de transacciones y si conseguía nuevos clientes; los turbios brokers italianos Raffaele Mincione y Gianluigi Torzi (este último arrestado en junio del año pasado y luego liberado bajo fianza, “cantó” todo lo que sabía a la justicia del Vaticano); y Nicola Squillace, el abogado de estos dos últimos personajes. Además, estarán en el banquillo cuatro empresas -HP Finance LLC, ligada a Crasso; Logsic Humanitarne, a Marogna; Prestige Family Office SA; y Sogenel Capital Investment-, que fueron utilizadas como pantallas.

El caso

El comunicado del Vaticano recordó que las investigaciones, comenzadas en julio de 2019, contaron con la colaboración de la policía italiana y rogatorias en varios otros países, algunos famosos por ser paraísos fiscales (Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Jersey, Luxemburgo, Eslovenia, Suiza) y “permitieron sacar a la luz una vasta red de relaciones con operadores de los mercados financieros que han generado consistentes pérdidas para las finanzas vaticanas, habiendo utilizado también recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre”.

En las 500 páginas del sumario de acusación, elaborado por el promotor de Justicia, Gian Piero Milano y sus colaboradores, Alessandro Diddi y Gianluca Perrone, los delitos imputados son varios y, también, dan la idea del escándalo. Estos son fraude, peculado, abuso de poder, apropiación indebida, reciclaje y auto-reciclaje, corrupción, extorsión, publicación de documentos reservados, falsificación de documentos públicos y privados. En nombre de la transparencia que desde el principio buscó Francisco, el Vaticano no sólo dio acceso a las 500 páginas de documentos, testimonios e interrogatorios recolectados por los fiscales, sino que hasta hizo un resumen, que publicó Vatican News, su portal.

En el sumario de acusación, parecido a una novela criminal, tal como había salido a la luz en los meses pasados gracias a investigaciones periodísticas, los magistrados del Vaticano constataron que la Secretaría de Estado utilizó “fondos recibidos para actividades benéficas, por su naturaleza no susceptibles de ser usados por fines especulativos, para operaciones de elevadísimo riesgo financiero y con fines ciertamente incompatibles con los de los originarios donantes”. Es decir, el Óbolo de San Pedro.

Las inversiones non “sanctas” se remontan a junio de 2013 y febrero de 2014, con Jorge Bergoglio recién electo, cuando su sustituto (heredado de Benedicto XVI) era monseñor Angelo Becciu. Entonces, el broker Mincione –presentado en el Vaticano por Crasso-, a través de complicadísimas operaciones financieras –que pocos entendían en el Vaticano-, le “vendió” a la Secretaría de Estado la inversión –que resultó totalmente fallida- de parte de un edificio en Londres, no solo a un precio desproporcionado, sino que además, con una deuda.

Un dato que emerge de la mole de documentos es que, según los fiscales del Vaticano, la gendarmería había advertido que Mincione no era confiable. Cuando el prelado venezolano Edgar Peña Parra sucedió a Becciu en el cargo de sustituto, en octubre de 2018, se desayunó con el agujero negro provocado por la inversión de Londres, que intentó arreglar. En este marco, dada la complejidad de la operación, fue estafado y extorsionado por Mincione y Torzi, que le pidieron comisiones millonarias para arreglar la intrincada situación. Entonces su superior directo, el cardenal Pietro Parolin, número dos del Papa, sin darse cuenta de la entidad del fraude, firmó documentos que avalaban esas operaciones.

Lo novedoso es que más tarde, en mayo de 2020, irrumpió en el asunto el cardenal Becciu –entonces titular de la Congregación para las Causas de los Santos-, quien, pese a que ya había una investigación en curso, intentó “desviarla de forma pesada”. ¿Cómo? Trató de readquirir el edificio de Londres por más de 300 millones de libras esterlinas, a través de un exparlamentario de Forza Italia (el partido de Silvio Berlusconi), Giancarlo Innocenzi, un diplomático italiano, Giovanni Castellaneta y Marco Simeon, personaje turbio de la época del cardenal Tarcisio Bertone.

Los magistrados del Vaticano también acusan a Becciu de abuso de poder y de soborno, por haber intentado hacer que se retractara ante los magistrados monseñor Alberto Perlasca –durante años jefe de la oficina de administración de la Secretaría de Estado-; y por usar 200 millones de euros del Óbolo de San Pedro en un fondo que aconsejaba Mincione “sin un mínimo de garantías y, sobre todo, sin ningún control para evitar que las ofertas de los fieles para obras caritativas pudieran ser empleadas para financiar alocadas y temerarias operaciones especulativas”.

Y hay más. Tal como había salido a la luz, en el sumario también hay un capítulo dedicado a “lady Marogna”, la amiga sarda del cardenal Becciu que, entre diciembre de 2018 y julio de 2019, recibió a través de un empresa pantalla radicada en Eslovenia giros por 575.000 euros. Un dinero que, en teoría, servía para operaciones de inteligencia para rescatar a una monja secuestrada, pero que en la práctica fueron gastados en artículos de marca y hoteles de lujo.

Finalmente Becciu, que fue durante años uno de los hombres de más confianza de Francisco –tal como había trascendido cuando fue obligado a renunciar-, también es acusado de haber financiado la cooperativa de su hermano Antonino con 600.000 euros de la Conferencia Episcopal Italiana y con 225.000 de fondos de la Secretaría de Estado. Esas donaciones tuvieron fines distintos de los caritativos, constataron los magistrados, que descubrieron que el dinero incluso sirvió para que un sobrino se comprara un departamento en Roma.

En medio de un clima de gran conmoción, porque nunca antes hubo un proceso de este tipo en el Vaticano -que puede durar años- Becciu, de 73 años y hasta septiembre del año pasado una de las personas más influyentes de la Santa Sede, volvió a clamar su “absoluta inocencia”. En un comunicado difundido por sus abogados, se manifestó víctima de una “maquinación pergeñada en su contra” y de una campaña mediática que padeció “en silencio” por respeto a la Iglesia, a la que le dedicó la vida y se mostró combativo, listo a desmentir ante el tribunal “la absoluta falsedad de las acusaciones en mi contra y las tramas oscuras que evidentemente las han sostenido y alimentado”.

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