En Washington advierten que para postergar pagos de la deuda al FMI hace falta un programa

WASHINGTON.- La lista de países que no le han pagado vencimientos al Fondo Monetario Internacional (FMI) es nutrida: son 33, entre los que figuran Cuba, Perú, Panamá, Haití, Yugoslavia, Afganistán, Irak, Congo, entre otros, y dos naciones africanas que aún no han pagado: Sudán y Somalia. Grecia fue el último país en incumplir, en 2015, un atraso, o “arrears”, en la jerga técnica –con el Fondo no hay “default” porque no es un prestamista comercial–, pero fue uno leve, que duró menos de un mes. Liberia es el país con el retraso más largo: más de 23 años.

Para evitar un impago con el Fondo, los países deudores suelen negociar y firmar nuevos programas que funcionan como una refinanciación: los nuevos desembolsos se usan para pagar los vencimientos del acuerdo previo. Ese es el esquema que han tenido las discusiones entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el staff del Fondo. Si las discusiones con la Argentina se empantanan y se estiran más allá de fines de marzo –el plazo actual–, la posibilidad de explorar otros caminos como una exención o “waiver”, o un “standstill” para postergar esos pagos sin que eso tenga consecuencias parece impracticable.

“El FMI no puede razonablemente ofrecer exenciones o moratorias. Primero tendría que cambiar sus reglas, lo que parece imposible a pedido de un solo país. Los atrasos con el FMI son muy raros y, en casos como el de Grecia, solo duraron unos días”, recordó Sergi Lanau, economista del Instituto Internacional de Finanzas, y exfuncionario del Fondo.

“Si un país está en mora con el FMI, no es posible obtener nuevos préstamos del FMI. Aunque quizás atraiga a las audiencias domésticas en la Argentina, los atrasos con el FMI complicarían las negociaciones sobre un nuevo programa. La incertidumbre adicional no sería buena para la confianza económica y las condiciones financieras en el país”, completó.

Lanau descartó que el Fondo pueda simplemente postergar los vencimientos, ya que el organismo presta dinero a cambio de programas económicos y reformas y además debe imponer las mismas reglas para todos los miembros, es decir, si pudiera hacer una excepción con la Argentina, esa excepción no sería exclusiva del país sino que debería ser posible para todos los demás países. Lanau anticipó una negociación más difícil.

El Fondo sí otorga “waivers” para los países que tienen un programa activo y no logran cumplir con las metas o los objetivos estipulados. Como todas las decisiones de peso del organismo, esos “perdones” deben ser aprobados por el Directorio Ejecutivo, el board, controlado por el G7. Durante la ejecución de un programa, si un país no cumple con algunas de las condiciones del plan, el board puede aprobar una exención si está convencido de que el programa aún seguirá teniendo éxito y porque la desviación fue menor o temporal o porque las autoridades nacionales están tomando medidas correctivas.

El FMI no respondió a la consulta de LA NACION sobre el eventual uso de un “waiver” para una postergación de vencimientos. Guzmán dijo a Infobae que la posibilidad de una cláusula en la negociación para evitar una declaración de impago ante el FMI es un “rumor infundado”. Sin embargo, ese “rumor” surgió cerca del Presidente, dentro de la comitiva oficial que aterrizó hoy en Buenos Aires tras el G-20 en Roma y la cumbre de cambio climático, en Glasgow.

Las últimas señales que han dejado las discusiones entre el Fondo y la Argentina han sido negativas. El reclamo de la Argentina para obtener una quita en la tasa de interés que le paga al organismo parece por el momento lejos de prosperar a pesar de las gestiones diplomáticas del Gobierno, y el Fondo y el gobierno de Joe Biden, que debe dar el respaldo más importante en la negociación, insisten en que la Argentina debe presentar primero un plan económico para avanzar en la refinanciación de los vencimientos con el FMI. En Washington está bastante asentada la idea de que el Gobierno quiere evitar hacer reformas y ajustes en la economía y pide mejores condiciones sin brindar nada a cambio.

Al inicio de las conversaciones el Gobierno aspiraba a conseguir un plazo de repago de la deuda de 45.000 millones de dólares que dejó la administración de Mauricio Macri en 20 años y con una tasa menor a la que paga ahora el país, dos reclamos surgidos del cristinismo. Ninguno de esos pedidos parece cerca de poder cumplirse.

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