En un duro informe, HRW denunció abusos en la represión del régimen cubano a las protestas

WASHINGTON.- Gabriela Zequeira Hernández, una estudiante de 17 años, fue arrestada en San Miguel de Padrón, en la provincia de La Habana, Cuba, cuando pasaba frente a una manifestación el 11 de julio, en medio de la ola de protestas contra el régimen castrista. Durante su detención, Zequeira dijo que dos mujeres oficiales la forzaron a desnudarse, agacharse y toser al mismo tiempo, y le apretaron el estómago. Una oficial le dijo que se inspeccionara la vagina con sus dedos. Días después, un oficial la amenazó con llevarla junto a dos hombres a un área conocida como “el pabellón”, donde los detenidos tienen visitas conyugales. La policía la despertaba repetidamente durante la noche para interrogarla, dijo Zequeira, para interrogarla acerca de por qué había protestado, y quién la “financiaba”.

Zequeira es una de las personas entrevistadas por los investigadores de Human Rights Watch para un informe que detalla las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba durante la ola de protestas contra el régimen cubano que hubo a mediados de este año.

“El gobierno cubano ha estado involucrado sistemáticamente en detenciones arbitrarias, malos tratos a detenidos y enjuiciamientos penales plagados de abusos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas de julio de 2021″, dijo Human Rights Watch al presentar su informe.

Las protestas en Cuba a mediados de este año representaron el mayor desafío popular al régimen castrista en décadas, pero fueron sofocadas luego de unas semanas tras una brutal ofensiva del gobierno de Díaz-Canel que a vista de HRW sugiere un plan de las autoridades para reprimir el disenso.

Los investigadores de HRW documentaron varios abusos, incluidos detenciones arbitrarias, maltrato durante la detención, y procesos penales abusivos contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias de Cuba, así como en la Isla de la Juventud, una pequeña isla cubana considerada un “municipio especial”. Entre julio y octubre, HRW entrevistó por teléfono a más de 150 personas, incluidos activistas, víctimas, familiares, periodistas y abogados con conocimiento directo de los casos; revisó expedientes de casos, multas impuestas a manifestantes, informes de prensa y publicaciones de grupos de derechos cubanos; y fotos y videos corroborados.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, dijo en una conferencia de prensa en Miami en la que presentó el informe que la metodología de la represión, a la que tildó de “brutal”, y la cantidad de fuerzas de seguridad apuntan a “una política de Estado” sancionada a lo más alto del régimen para sofocar las protestas.

“La represión en Cuba ha sido sistemática, no ha sido casual, no son casos aislados”, indicó Vivanco. “Dado el patrón de conducta de las fuerzas de seguridad, el hecho de que esta represión fue realizada por múltiples fuerzas de seguridad, en distintos sitios, con una misma metodología, creemos que esto obedece a una política de estado sancionada al más alto nivel para prevenir, para frenar de raíz cualquier intento del pueblo cubano por ejercer su derecho a la protesta pacífica”, remarcó.

Vivanco también pidió en la conferencia revisar la política de embargo a Cuba, conocida en la isla como “el bloqueo”, una reliquia de la Guerra Fría que ha perdido respaldi internacional y también ha sido denunciada por su impacto sobre la vida diaria de los cubanos.

Para la organización, los manifestantes pacíficos y otros críticos fueron sistemáticamente detenidos, incomunicados y abusados, y sometidos a juicios simulados siguiendo patrones que indican que las violaciones de derechos humanos no son acciones de agentes deshonestos.

En la mayoría de los casos documentados por la organización, las personas arrestadas fueron mantenidos en régimen de incomunicación durante días o incluso semanas, arrestados violentamente y, en algunos casos, maltratados durante su detención. La mayoría de los detenidos sufrieron interrogatorios abusivos y repetidos, a veces en medio de la noche, en los que a menudo se les preguntaba sobre la “organización” y la “financiación” de las manifestaciones y se les amenazaba con largas penas de prisión.

Muchos manifestantes pacíficos han sido condenados a través de juicios penales “sumarios” que carecían de garantías procesales básicas, agrega el trabajo. Los manifestantes fueron juzgados conjuntamente, a menudo en grupos de más de 10, en audiencias mayoritariamente a puerta cerrada, en las que los fiscales los acusaron con frecuencia de cometer delitos definidos de manera vaga, como “desorden público”, basándose únicamente en declaraciones de testigos de agentes de policía.

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