En la región, las cruzadas individuales contra la corrupción no funcionan

NUEVA YORK.- Esta columna fue publicada originalmente en Americas Quarterly. El autor es su editor general y vicepresidente de la Americas Society and Council of the Americas.

A los presidentes de México y Brasil los separa la ideología, pero comparten una misma convicción: ambos creen haber erradicado la corrupción de sus respectivos gobiernos.

“Puedo decir que no hay corrupción. Se terminó, porque el presidente no es corrupto y no tolera a los corruptos”, dijo Andrés Manuel López Obrador en marzo, durante su conferencia de prensa diaria.

En la misma línea, Jair Bolsonaro declaró en octubre ante la prensa que había ordenado poner fin a la operación Lava Jato –la emblemática investigación sobre la corrupción en Brasil–, porque “no hay más corrupción en el gobierno”. Y hasta se permitió agregar un toque de ironía: “Cuando elijo a alguien para ocupar un puesto, ya sé que es una buena persona, sobre todo si es muy criticada por los medios”.

Pero la tercera edición anual del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) muestra un panorama muy diferente y mucho más complejo.

En vez de medir el nivel de corrupción “percibido”, como lo hacen otros estudios, el índice CCC evalúa y califica a 15 países latinoamericanos sobre la base de su capacidad para revelar, castigar y prevenir la corrupción.

Ese índice, publicado conjuntamente por Control Risks y la Americas Society Council of Americas (AS/COA) –que publica Americas Quarterly– se basa en datos públicos disponibles y también en encuestas privadas a expertos de la región sobre una variedad de factores, que van desde la independencia de los jueces y la solidez de las instituciones democráticas hasta la libertad del periodismo de investigación.

Lamentablemente, la edición 2021 del índice CCC muestra un deterioro de las condiciones anticorrupción en la mayoría de los países relevados. Brasil y México están entre los que empeoraron su marca en comparación con 2020.

Por supuesto que no se trata solo de un tema de líderes y gobiernos individuales. Cualquiera que viva o haga negocios en América Latina sabe que allí la lucha anticorrupción perdió impulso a partir de mediados de la década de 2010, cuando Lava Jato y otras investigaciones similares metieron presos a poderosos políticos y empresarios de la región. Desde entonces, la percepción de abusos y errores cometidos por varios fiscales y jueces de alto perfil público contribuyeron a la pérdida de apoyo popular a las investigaciones en algunos países.

En consecuencia, los políticos aprovecharon el momento para debilitar a los organismos de control y lucha contra la corrupción. Desde el año pasado, la pandemia obligó a los gobiernos, los ciudadanos y la sociedad civil a poner el foco de atención en otras prioridades urgentes, como la economía, a pesar de los numerosos escándalos alrededor de la adquisición de suministros médicos y medicamentos.

Pero tan importante como la pandemia es la ampliamente documentada erosión de las instituciones democráticas a lo largo de gran parte de América Latina y, de hecho, del mundo en su conjunto.

El índice CCC detectó un preocupante deterioro de la eficiencia e independencia de los organismos anticorrupción en casi todos los países relevados. Y las arriba citadas declaraciones de los presidentes de México y Brasil reflejan el surgimiento –o un “resurgimiento”, si miramos más lejos– de la creencia de que los líderes fuertes son capaces, por su sola decisión, de purificar la política de su país.

Pero la dolorosa experiencia nos enseña que con el tiempo, eso nunca sirve. Durante el último año, según el índice CCC, la capacidad legal de México sufrió un deterioro del 8% y quedó solo por encima de Venezuela y de Bolivia en la variable que evalúa la independencia del procurador general. Brasil sufrió una caída similar, después de los nombramientos que hizo Bolsonaro al frente de la Policía Federal y el Ministerio Público Federal, donde puso a personas percibidas como menos independientes.

Las noticias no son todas malas. República Dominicana registró la mayor mejora –más de un punto porcentual–, después de que el presidente Luis Abinader nombró a un procurador general percibido como independiente.

El castigo a la corrupción también parece aplicado de manera pareja: en febrero, Abinader le pidió la renuncia a su ministro de Salud por denuncias de supuesto pago de sobreprecios por insumos médicos.

Ecuador y Panamá también mejoraron sus indicadores, tras los esfuerzos coordinados de los gobiernos con la sociedad civil para combatir los negociados, el lavado de dinero y otros males.

Pero la tendencia general es clara, y perturbadora. América Latina ha sido una de las regiones más golpeadas por la pandemia, que sigue dejando su rastro de destrucción y de muerte por todo el continente. Con gobiernos más limpios, la región podría responder de manera más ágil y efectiva a los numerosos desafíos socioeconómicos y sanitarios que seguramente tendrá que enfrentar en los años por venir. Una mayor transparencia también facilitaría la llegada del boom de inversiones que la región tanto necesita, si tenemos en cuenta que durante 2020 la inversión extranjera directa cayó alrededor de un 50%, más que en ninguna otra parte del mundo.

Ninguno de esos cambios puede imponerse desde afuera: es la sociedad civil, los dirigentes empresarios, los políticos y demás actores locales quienes tienen que ponerse al frente de ese proceso. Poner de nuevo en marcha ese círculo virtuoso de democracia y economía saludables es ciertamente posible.

Y no hay mejor lugar donde empezar que combatir eficazmente la corrupción, con instituciones fuertes e independientes en el frente y en el centro de esa acción, y apoyándose en la creciente conciencia de cumplimiento que existe en el sector privado.

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