En ebullición: las convulsiones políticas vuelven a sacudir a América Latina
La pandemia puso en pausa las protestas de 2019, pero agravó la situación social y económica; la violencia en Colombia y la ofensiva contra la Justicia en El Salvador, ejes de las crisis que agitan la región
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Dos años atrás miles de manifestantes cubrieron las calles de América Latina, en un estallido que se expandió desde el centro de Bogotá hasta la icónica Plaza Italia de Santiago de Chile. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, escapó de Quito por temor al desborde. Y el presidente boliviano Evo Morales terminó cayendo en medio de una violenta crisis institucional.
La pandemia puso en pausa el malestar ciudadano y la inestabilidad política. Pero agravó la situación social y económica. Ahora, mientras la región atraviesa la segunda ola de coronavirus, parece arrancar una nueva ola de inestabilidad social e institucional.
Los sondeos muestran a presidentes en su punto más bajo frente a la ciudadanía, y a otros jefes de Estado que, con o sin apoyo popular, comienzan a echar mano de soluciones autoritarias, además de los que ya lo hacían como marca registrada como el chavismo venezolano.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tiene un frente de tormenta que combina la persistencia de la pandemia -en su punto crítico-, con un bajo nivel de popularidad y una comisión del Congreso que comenzó a indagar la cuestionada gestión del gobierno frente a la crisis sanitaria.
También está en problemas el presidente colombiano, Iván Duque. Las protestas contra la reforma impositiva que impulsaba sacaron a la calle a miles de manifestantes. La dura represión a las marchas derivó en un agravamiento de la situación y acrecentó las críticas al gobierno.
Paraguay vivió este año momentos inéditos: concentraciones de miles de manifestantes, protestas diarias y escraches incluso frente a la casa del presidente Mario Abdo Benítez y otros dirigentes políticos, además de un intento fallido de juicio político en su contra.
Chile, el foco más caliente de las protestas de 2019, se enfrenta al resultado de esas manifestaciones: las elecciones para la Asamblea Constituyente que deberá renovar la Constitución de la era de Pinochet. La incógnita es qué modelo de país surgirá de ese nuevo texto.
Otra incógnita comenzará a resolverse más pronto. Después de ver pasar cuatro presidentes en cinco años, tres de ellos en 2020, Perú va a elecciones en junio para decidir en ballottage entre dos candidatos, a izquierda y derecha, ambos con discutibles credenciales democráticas.
Si de elecciones se trata, la victoria en los recientes comicios parlamentarios le dio al oficialismo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, un envión autoritario que condujo a la destitución de cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
Y Venezuela, ya instalada en un modo autoritario de gobierno, vio en estos meses cómo se traducían las distintas crisis que viene viviendo -social, económica y política-, en una crítica situación sanitaria debido a la pandemia, en particular por la lentitud de su campaña de vacunación.
Violencia y tensión social en Colombia
El paro nacional cumplió 12 días, un año y medio después del inicio de las protestas antigubernamentales de 2019, aplacadas solo por el impacto de la pandemia. Para dejar claro que las demandas sociales no estaban resueltas, solo suspendidas de forma momentánea.
“Colombia ha dejado acumular varios problemas, que se conjugaron y agravaron en esta coyuntura. Un problema social, atenuado por los ingresos de la economía informal e ilegal. Un problema financiero, dilatado por la incapacidad de tocar las grandes fortunas y a los propietarios rurales. Una crisis de la institución policial, que se refleja en la actitud frente a los jóvenes más disconformes. Y un problema político, derivado de la elección de un presidente que no llegó por sus propios votos. El coronavirus las realzó todas”, dijo a LA NACION el filósofo y analista Jorge Giraldo.
Lo que empezó como una rebelión contra la inoportuna e injusta reforma tributaria se convirtió en un clamor nacional que puso al presidente Iván Duque contra las cuerdas. En el mismo movimiento que ya realizó en 2019, Duque convocó un diálogo nacional. Pero el pulso es diario con marchas y bloqueos y las circunstancias son más difíciles, complicadas además por la cercanía de las elecciones presidenciales (2022) y por la violencia protagonizada por la policía, acusada por la mayoría de las 26 muertes reconocidas por la Defensoría del Pueblo. El despliegue de grupos extremadamente violentos, asociados a las guerrillas, y el bloqueo de rutas, con la consiguiente afectación al abastecimiento y a la lucha contra la pandemia, son los otros factores en juego.
La arremetida contra la Justicia en El Salvador
Nayib Bukele entró en ebullición política el 1 de mayo. Por algo El Salvador es tierra de volcanes. La deriva autoritaria del “presidente más cool del mundo” se llevó por delante al fiscal general y a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, para dejar muy claro que no se conforma solo con el Poder Ejecutivo. Consolidada la toma de ambos poderes en la primera sesión del nuevo Parlamento, bajo control total de los partidos que lo apoyan, el mandatario agradeció al Ejército, el mismo que el año pasado le acompañó en la toma de la vieja Asamblea Legislativa: “Quiero reiterar nuestro agradecimiento por ayudar a salvar a nuestro país de los enemigos internos y externos”.
Bukele no quería perder ni un solo día, sabedor de que está en la cresta de la ola de la popularidad. El líder de Nuevas Ideas presenta una gestión eficaz ante la pandemia y en la lucha contra la violencia, más allá de si existe un pacto con las famosas maras o pandillas. Así lo ratificaron los ciudadanos otorgándole a sus aliados un respaldo abrumador en las elecciones parlamentarias.
Frente a este político tan astuto como megalómano, los partidos surgidos tras el acuerdo de paz parecen dos ancianos arrastrados por la corriente. Tan populista como hábil, Bukele sabía que su maniobra provocaría la repulsa internacional, en especial la de Estados Unidos. Estaba en el guión, como la resistencia demostrada por la sociedad civil, dispuesta a enfrentar la arremetida.
Maduro mueve fichas en medio del colapso sanitario
Los exmandatarios Rafael Correa y José Luis Rodríguez Zapatero acudieron a Caracas para dar su espaldarazo a la última jugada de su aliado Nicolás Maduro: imponer un Consejo Nacional Electoral (CNE) “potable” para la comunidad internacional y como “primer paso” a un rosario de reformas, que se plasmarían en las elecciones regionales y locales de este año. Algunos aceptaron la invitación (Unión Europea y España), unos pocos se mantienen a la expectativa (Estados Unidos y Canadá) y otros la rechazan de plano (OEA). La maniobra esconde un guiño a Washington, precedido de la liberación de los seis directivos de Citgo, la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y del acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos. El objetivo es la retirada de las sanciones en medio del colapso económico y social que castiga al país.
Estos “avances” suceden, en cambio, en medio de un escenario muy bolivariano, ya que las tropas venezolanas combaten en la frontera contra los rebeldes de las FARC para favorecer a sus aliados Iván Márquez y Jesús Santrich, y también al ELN, en su lucha por pasillos para el narcotráfico. En Caracas, el chavismo desplegó una operación de caza y captura contra las ONG, su actual objetivo para atornillar el control que mantiene contra la sociedad.
Mientras, el gobierno colombiano no dudó en culpar al chavismo de “injerencia” y financiar parte de la violencia que se desarrolla en el país vecino. “Saque sus sangrientas manos del pueblo colombiano”, exigió el presidente ecuatoriano Lenín Moreno.
Bolsonaro, bajo presión por la pandemia en Brasil
“Un tribunal de guerra durante la guerra”. La metáfora que usó Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil, para llamar a la Comisión Parlamentaria (CPI) que comenzó a investigar las omisiones del gobierno federal en la pandemia dice mucho sobre la presión que enfrenta Jair Bolsonaro.
La gestión del presidente comenzó a ser indagada en el Senado con testimonios de dos ex ministros de Salud que lo comprometieron al exponer un “asesoramiento paralelo” al de Salud con influencia de uno de sus hijos, así como la permanente presión del derechista por ampliar el uso de la cloroquina contra el Covid-19, incluso a través de un decreto que no prosperó debido a resistencia de la agencia sanitaria. Tras una leve desaceleración de su curva en los últimos días, Brasil registra un promedio de 2100 muertes diarias y se aproxima a un total de 420.000.
Es muy probable que el desgaste por la exposición de la mala administración de la pandemia, opina el politólogo y profesor del Insper Leandro Consentino, tenga consecuencias más políticas que jurídicas. Lula da Silva, habilitado para competir en 2022, aparece como el gran desafío de Bolsonaro, quien en varios sondeos se muestra resiliente. El presidente sigue apareciendo como el político más popular aunque con un escenario cada vez más incierto para una segunda vuelta.
El nerviosismo de Bolsonaro frente a la CPI lo llevó a radicalizar su discurso. Esta semana atacó a China al cuestionar si el virus no fue creado en un laboratorio y aseguró que tiene preparado un decreto para bloquear las medidas restrictivas de alcaldes y gobernadores y cumplirlo con el ejército. El escenario de mayor presencia en las calles como el 1 de mayo, cuando miles de bolsonaristas salieron en las principales ciudades, aparece en el horizonte.
“Cuanto mayor sea la desesperación, el presidente se radicalizará más e intentará poner a su núcleo duro en la calle. Si no consigue ampliar su apoyo por la gestión errática de la pandemia, necesitará al menos fidelizar a su base para 2022”, dijo Consentino.
Algo parece claro en Brasil. El fortalecimiento de Lula y la resiliencia de Bolsonaro, los dos máximos favoritos para 2022, pregonan un país al que le esperan serias dificultades para sortear la polarización.
Polarización en plena crisis sanitaria en Perú
Hasta principios de 2020, Perú se jactaba de ser una de las economías más dinámicas de América Latina, con un crecimiento sostenido con eje en la minería que impregnó de alguna manera las demás actividades comerciales y productivas durante tres décadas.
Pero ese crecimiento jamás pasó a la fase de desarrollo, y se movía en conjunto con una economía informal que involucraba a más de la mitad de la población. Todo ese castillo de naipes se derrumbó con la llegada intempestiva de la pandemia.
El desempleo escaló a niveles sin precedentes en lo que va del siglo. Y mientras muchos trabajadores del interior tomaban el camino de regreso a sus pueblos, los que quedaron en Lima salieron a ganarse el pan de cualquier manera, aún cuando arreciaban los contagios.
La pandemia hizo volar por los aires la capacidad de respuesta de los hospitales. Ya van más de 1.800.000 casos y 63.000 muertos sobre el total de 32 millones de habitantes del país. Al mismo tiempo el PBI se deslizó varios puntos el año pasado, -11,12%.
Las crisis sanitaria y económica se sumaron así a una crisis de larga data, la política, en un diabólico tridente que puso en suspenso la vida del país tal como se lo conocía. Desde 2016 se sucedieron cuatro jefes de Estado, por sucesivas renuncias y destituciones, tres en una misma semana de noviembre de 2020, de donde emergió Francisco Sagasti como presidente interino.
Ahora los peruanos tienen la esperanza en la segunda vuelta electoral del 6 de junio próximo, donde decidirán entre el izquierdista Pedro Castillo (43% de las intenciones de voto, según las encuestas) y la derechista Keiko Fujimori (34%), la hija del expresidente Alberto Fujimori.
Pero desenredar la madeja de problemas del país puede requerir más que el esfuerzo de un presidente, por lúcido que resulte. Será clave un entendimiento con el Congreso, algo hasta ahora esquivo, para llevar adelante una agenda que siente nuevas bases de convivencia.
Elección clave en Chile en el momento más bajo de Piñera
La pandemia aplacó la intensidad que alcanzaron los movimientos sociales con el estallido de 2019, pero la tensión se trasladó al gobierno encabezado por Sebastián Piñera. Cuando resta menos de un año para que finalice su segundo mandato, el presidente chileno experimenta su mayor crisis de popularidad. Tras la promulgación del tercer retiro de los fondos de pensiones, proyecto al que se opuso e intentó bloquear a través del Tribunal Constitucional, Piñera alcanzó un mínimo histórico de 9% de aprobación. La derrota política activó un cambio de estrategia en La Moneda y el jefe de Estado se vio obligado a tender puentes con la oposición para evitar el desfonde del sistema de pensiones y aumentar las ayudas sociales ante la crisis sanitaria.
Obligado a ceder su protagonismo y con una pérdida de influencia en su propio sector, el gobernante se alista para sortear el otro hito que se avecina: las elecciones del próximo 15 y 16 de mayo. Los chilenos elegirán a los encargados de redactar la nueva Constitución, además de otros cargos de representación popular como alcaldes, concejales y gobernadores. La gran duda está relacionada con el grado de participación ciudadana en el proceso, en medio de un contexto de disminución del ritmo de vacunación. Si bien se estabilizaron los contagios de Covid-19, el Colegio Médico chileno indicó que aún “no están las condiciones” para realizar la votación por el alto porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva.
Colapso del sistema y protestas sociales en Paraguay
“No es fácil ser presidente en este momento donde nuestra gente está sufriendo”, reconoció Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, uno de los países que pasó de modelo en el manejo de la pandemia a ser de los más golpeados por los contagios y muertes en la región.
Durante la mayor parte de 2020 el número de casos diarios fue de algunas decenas en la primera mitad del año, y luego, de algunos centenares, mientras las autoridades se ufanaban del éxito de las rápidas medidas que habían tomado en los comienzos para contener la pandemia. Pero en 2021 la curva ascendió de manera dramática hasta más de 2000 contagios y 100 muertes al día.
En marzo el sistema sanitario colapsó y el Ministerio de Salud tuvo que suspender todas las cirugías programadas en los hospitales públicos para centrar los esfuerzos en la contención de la pandemia.
A la ausencia de camas para los enfermos en los hospitales públicos se unió la escasez de medicamentos e insumos, mientras que en los centros privados se exige un depósito prohibitivo de 5000 dólares.
La crisis desató una inusual protesta en las calles del personal sanitario que fue acompañado por miles de personas. Hubo violentos enfrentamientos en los que las fuerzas de seguridad lanzaron balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes. El descontento costó el cargo a varios ministros, entre ellos el de Salud, Julio Mazzoleni.
A la frágil situación sanitaria y social se sumó esta semana un escándalo por un vacunatorio vip. En un país donde apenas el 1,8% de la población recibió al menos una dosis del inmunizante y por ahora solo están incluidos los mayores de 75 años, un informe periodístico reveló que unos 500 funcionarios, políticos y autoridades locales, muchos de ellos jóvenes, habían sido vacunados.
La denuncia forzó el alejamiento de la senadora oficialista Mirta Gusinky, de 73 años, quien negó insistentemente haber sido inmunizada, hasta que salió a la luz su certificado de vacunación.
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