Elecciones en Nicaragua: quiénes son los candidatos y dirigentes presos por enfrentar al gobierno de Ortega
Por lo menos 159 personas permanecen detenidas en la cárcel o confinadas en prisión domiciliaria por su oposición al líder sandinista, entre ellos siete aspirantes presidenciales
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LA NACION
MANAGUA.- La escalada represiva del régimen de Daniel Ortega contabiliza un estimado de 159 presos políticos, siete de ellos candidatos presidenciales detenidos en los últimos meses, cuando se aprestaban a competir contra el líder sandinista en las elecciones del domingo.
La cifra revelada a fines de octubre fue compilada por el llamado Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
De todas ellas, las 46 detenciones que van en este 2021 fueron atribuidas a “la escalada represiva del contexto electoral”, según las conclusiones del informe. Muchos de los arrestados no solo están privados de libertad, sino que son sometidos regularmente a brutales maltratos.
El Mecanismo está conformado por organizaciones defensoras de los derechos humanos, familiares de presos políticos y excarcelados políticos, abogados defensores, y redes territoriales de información. Las siguientes son algunas de las personalidades más conocidas bajo las garras del régimen, entre políticos, empresarios, periodistas y otros críticos.
Cristiana Chamorro
La dirigente opositora Cristiana Chamorro, principal candidata a la presidencia, fue puesta en prisión domiciliaria en junio pasado, y quedó incomunicada y recluida en su habitación por supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva y falsedad ideológica, a través de su fundación. Sus abogados denunciaron que ni siquiera los dejan participar en el proceso que se le sigue por presunto lavado de dinero.
El gran temor de Ortega era que la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro repitiera el milagro electoral de 1990, cuando, forzado a convocar elecciones, cayó derrotado en una sorpresa histórica. Cristiana estuvo siempre vinculada estrechamente al gobierno de su madre.
Juan Sebastián Chamorro
Sobre el economista Juan Sebastián Chamorro pesan su postura firme y su apellido, ya que es sobrino de la expresidenta. Director ejecutivo de la Alianza Cívica hasta enero, renunció para centrarse en su candidatura y apostó por conseguir un acuerdo entre todos los opositores. Fue detenido en junio pasado por la policía, investigado “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación” e “incitar a la injerencia extranjera”.
Cuando la represión se aceleró en los primeros meses del año, Chamorro dejó un video grabado sabiendo lo que se avecinaba: “No se preocupen, estoy preparado espiritualmente”.
Félix Maradiaga
Félix Maradiaga atraía el respaldo de buena parte de los jóvenes que participaron en la primera línea de combate durante la rebelión popular de abril de 2018, cuando miles de personas salieron a las calles en protestas contra el gobierno.
Este académico y exministro es el creador del Instituto de Liderazgo de la Sociedad Civil y una figura clave de la lucha contra Ortega. De hecho, los sandinistas lo señalaron como uno de los principales promotores de las protestas.
Fue detenido en junio pasado. La policía informó que Maradiaga fue acusado de una serie de delitos como “desestabilización”, “proponer bloqueos económicos”, “aplaudir la imposición de sanciones contra Nicaragua” y “lesionar los intereses supremos de la nación”.
Arturo Cruz
El historiador Arturo Cruz, antiguo embajador de Ortega en Washington, se había convertido en el principal candidato de la Alianza Ciudadana, integrada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el partido de centroderecha Ciudadanos por la Libertad
Al igual que los demás dirigentes de peso detenidos por el régimen, Cruz, como líder de una oposición unificada, habría sido un rival inalcanzable para el oficialismo, que según las encuestas solo tiene un apoyo de entre el 30% y el 33%.
Cruz, de 68 años, fue interceptado en el aeropuerto de Managua luego de regresar en un vuelo procedente de Estados Unidos, país en el que fue embajador del gobierno sandinista entre 2007 y 2009, precisamente el primero que tuvo el caudillo revolucionario tras su regreso a la presidencia. Fue acusado de actos contra la independencia, soberanía y autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares, financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización o aplaudir la imposición de sanciones.
Miguel Mora
El periodista Miguel Mora había estado en prisión en el marco de las manifestaciones de 2018, y volvió a ser detenido en junio pasado por una ley aprobada en diciembre bajo la cual la Justicia lo catalogó como “traidor a la patria” y los inhabilitó a ocupar cargos públicos.
Fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100 % Noticias, clausurado por el gobierno de Ortega, había anunciado sus intenciones de aspirar a la presidencia por el opositor Partido Restauración Democrática (PRD).
Medardo Mairena
El líder campesino fue detnido en julio pasado por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”, según la carátula de la investigación judicial del régimen de Ortega.
En su cuenta de Twitter se publicó una grabación de audio en la que el político denunció ser “secuestrado por la policía sandinista”. Mairena y otros líderes campesinos detenidos con él fueron acusados de ser responsables del asesinato de cuatro policías en 2018.
Noel Vidaurre
Vidaurre, de 66 años, competía por la candidatura de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL-derecha), una de las agrupaciones acreditadas ante el tribunal electoral para las elecciones del 7 de noviembre.
El candidato fue detenido en julio pasado y puesto “bajo custodia policial” en su domicilio, acusado de “menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación e incitar la intervención extranjera”, según un comunicado de la policía.
María Fernanda Flores
La exprimera dama, esposa del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002), fue detenida a fines de junio por presuntos delitos contra el Estado.
La directiva del Partido Liberal Constitucionalista fue acusada de “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autoderminación”, así como por “injerencia extranjera en los asuntos internos”, según un comunicado de la Policía Nacional, considerada por los críticos como el brazo armado de la pareja presidencial Ortega-Murillo.
Michael Healy
Michael Healy es presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal patronal de Nicaragua. Healy asumió la presidencia Cosep hace pocos meses, luego de que su antecesor en el cargo, José Aguerri, fuera arrestado en julio bajo acusaciones similares.
Está siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, así como por haber realizado supuestamente “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación” del país, de acuerdo con un comunicado de la policía.
Álvaro Vargas
El vicepresidente del Cosep, Álvaro Vargas, fue detenido bajo los mismos cargos que Healy. El Cosep calificó las dos detenciones, que tuvieron lugar el mismo día, como “arbitrarias” e “ilegales” y señaló que se trataba de un ataque directo del gobierno hacia esa institución, “lo cual no contribuye a la paz y a la seguridad que todos los ciudadanos anhelamos”.
El sector empresarial nicaragüense fue un gran aliado del gobierno de Ortega hasta 2018, cuando se dio vuelta y asumió una postura crítica tras la represión a la ola de protestas desatadas en el país, en las que murieron cientos de personas y hubo miles de detenidos.
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