Elecciones en Nicaragua: de Lacalle Pou a Alberto Fernández, cuál es el vínculo de los gobiernos de la región con Daniel Ortega
Mientras que la mayoría de los integrantes de la OEA insisten en que faltan derechos y garantías de cara al proceso electoral de Nicaragua, algunos gobiernos, como el argentino, se abstienen de las denuncias, pero afirman “preocuparse” por la situación del país de América Central
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LA NACION
Golpistas. Promotores del “terrorismo como fórmula para desestabilizar la soberanía nacional”. “Actores de reparto del guión malvado”. Líderes con “resabios de maldad”. Así calificó el último miércoles a los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Michael Campbell, el alfil y representante de Daniel Ortega en el foro regional.
Los 34 miembros de la OEA debatían acerca de la falta de garantías a derechos y libertades en el contexto del proceso electoral en Nicaragua, en el cual el actual presidente sandinista competirá este domingo por su tercera reelección consecutiva contra seis partidos políticos minoritarios –varios de ellos, aliados en el Parlamento–, tras haber encarcelado a siete aspirantes a la presidencia y más de 30 referentes políticos que representaban una amenaza para su régimen.
Campbell, quien se retiró de la sesión virtual del miércoles, eximió en su discurso a aquellas naciones de América “que entienden que los pueblos merecen ser tratados con integridad y respeto”, pero no se detuvo en especificar cuáles son aquellos gobiernos que le tienden la mano al régimen de Nicaragua.
Es que no está del todo claro, al menos, oficialmente, quiénes respaldan la administración y las políticas de Ortega. Al margen del claro posicionamiento de los presidentes de Venezuela, Bolivia y Cuba –expulsada de la OEA por Estados Unidos en 1962– a favor de su par nicaragüense, países como la Argentina y México se abstienen de firmar documentos formales y emiten pronunciamientos paralelos, en una postura de constante ambigüedad.
Países ambiguos
“Si el proceso electoral se lleva a cabo de manera clara y transparente en Nicaragua, y no hay objeciones de organismos internacionales que estén monitoreando, seguramente sea parte de la política internacional reconocer a los gobiernos que son electos”, adelantó días atrás Gabriela Cerruti, portavoz del presidente Alberto Fernández, sin mayor especificidad.
En junio y octubre de este año, la Cancillería de la Argentina, junto a la de México, había sido igual de ambivalente al no participar de resoluciones regionales que instaban a Ortega a liberar a los presos políticos y a garantizar las libertades en su país, pero sí advertir, extraoficialmente, “su preocupación” por los arrestos en Nicaragua.
¿Qué dijeron Fernández y Andrés Manuel López Obrador y cómo se posicionaron el resto de los gobiernos americanos? Se resguardaron en una postura de no-intervención.
El 15 de junio último, el gobierno argentino y el de López Obrador –junto a los de Honduras, Belice y Dominica– se abstuvieron de “condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, partidos políticos y medios independientes en Nicaragua” y de “pedir la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de todos los presos políticos”, en una resolución de la OEA.
Sin blanquear, tampoco, su expreso rechazo a la denuncia –como sí lo hicieron Bolivia, San Vicente y Granadinas y la propia Nicaragua–, la Argentina y México indicaron en un texto conjunto: “Hemos sido testigos, en varios países de la región, de casos inadmisibles de persecución política. Rechazamos esta conducta. No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia. Tampoco con la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales”.
El 20 de octubre, el llamado de atención de la OEA a Nicaragua se repitió, y Fernández y López Obrador volvieron a abstenerse. “El texto en cuestión, si bien contiene elementos congruentes con la posición argentina en lo que concierne a la situación de los derechos humanos en Nicaragua y los arrestos de representantes de la oposición nicaragüenses, solo parece buscar prejuzgar sobre el desarrollo de un acto eleccionario que aún no ha tenido lugar”, justificó el mes pasado la Cancillería nacional.
“La República Argentina entiende que la consideración apresurada de este tema por el Consejo Permanente resulta improcedente y extemporánea, atento a la proximidad de los comicios en Nicaragua y a la inminente realización del 51 Período de Sesiones de la Asamblea General de la OEA –prevista para sesionar del 10 al 12 de noviembre próximo– que ha incluido la cuestión de Nicaragua entre los temas a considerar”, agregaron en el equipo de Santiago Cafiero.
El cifrado coqueteo de la Argentina continuó esta semana, tras la confirmación de Cerruti de que la Casa Rosada reconocerá el eventual triunfo de la dupla que integran Ortega y su mujer, Rosario Murillo, “si el proceso electoral se lleva a cabo de manera clara y transparente”. Otra vez, al esquivo de la claridad.
Al igual que la Argentina, de la resolución de octubre se abstuvieron Barbados, Guatemala y Honduras, así como San Vicente y Granadinas y Bolivia, dos Estados que sí se habían plantado a favor de Ortega en junio.
Países a favor del sandinismo
Pese a haberse limitado a retirar su firma del documento que emitió la OEA el mes pasado en vez de asentar su rechazo, la conexión entre San Vicente y Granadinas y Bolivia con Nicaragua es, quizás, más clara que la de Argentina y México.
Ambos países integran el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y, a través de la misma, han manifestado su respaldo a Ortega y han llamado al cese de la “injerencia” de Estados Unidos en los asuntos internos del gobierno sandinista.
En una cumbre del grupo que tuvo lugar a fin de junio en Caracas, los Estados miembro manifestaron su rechazo a los “ataques” contra Nicaragua, Venezuela y Cuba y saludaron la “preparación electoral” de la dupla Ortega-Murillo.
En aquel encuentro, Nicolás Maduro denunció “una campaña brutal contra Nicaragua solo por hacer justicia”. El presidente de Venezuela extendió “toda su solidaridad” a su par nicaragüense y llamó a seguir “pa’lante con la democracia”.
Los votos de Maduro no se ven reflejados en la OEA, puesto que el organismo únicamente valida los pronunciamientos de Juan Guaidó, el líder opositor reconocido por algunos países como presidente interino de Venezuela.
Alineado con el jefe de Estado venezolano, el cubano Miguel Díaz-Canel –otro mandatario que integra el ALBA– salió a respaldar a Ortega a finales de septiembre. Durante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Cuba declaró, por videoconferencia: “Reiteramos nuestro firme respaldo al gobierno de Nicaragua”. Asimismo, remarcó su apoyo a Maduro.
La aproximación entre Nicaragua y San Vicente y Granadinas también ha sido clara. Luego de que la pequeña nación caribeña se haya diferenciado del grueso de la OEA en junio, en pos de la legitimidad de Ortega, la administración nicaragüense le devolvió el favor: propuso que sea el primer ministro del archipiélago, Ralph Gonsalves, quien asuma la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en 2022.
El respaldo a la “merecida candidatura” de Gonsalves fue un balde de agua fría para la Argentina, puesto que el presidente Fernández apuntaba a asumir aquel liderazgo regional el próximo año. A su vez, fue interpretado por muchos como una suerte de revancha por la tibieza del mandatario argentino ante la OEA.
Países que se oponen al régimen
Quien no ha dudado en hacer públicas sus críticas a Daniel Ortega ha sido el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou. Su gobierno firmó las dos resoluciones del organismo regional en repudio al sandinismo, y en la última cumbre del Celac, celebrada en septiembre, tomó distancia de Ortega, Díaz-Canel y Maduro. “Participar de este foro no significa ser complaciente”, disparó.
“Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, señaló Lacalle Pou, lo que desató un cruce con sus pares apuntados.
Estados Unidos es otro de los países que ha sido explícito con su repudio a la coyuntura política de Nicaragua. En el debate del miércoles durante el cual explotó el funcionario nicaragüense Campbell, la delegación estadounidense llamó a Ortega a frenar su represión, respetar la libertad de expresión y liberar a los presos políticos.
“La gente de Nicaragua sabe que cualquier esperanza de que las elecciones del 7 de noviembre sean libres y justas se ha ido”, dijo Bradley Freden, el representante de Joe Biden ante la OEA. “Me duele decir eso, pero con la decisión del gobierno de Ortega-Murillo de prohibir el último partido de oposición genuino, el calendario electoral del domingo pierde toda credibilidad y no es más que una farsa”.
Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú también se han manifestado en todo momento en contra de los manejos del gobierno de Nicaragua e integran la nómina de los 26 países que repudiaron al gobierno sandinista en al OEA tanto en junio como en octubre.
Por fuera del organismo americano, la Iglesia Católica nicaragüense es otra entidad que ha estado al frente de las demandas desde el primer día.
En la misma línea se han posicionado las Naciones Unidas. La expresidenta chilena y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe en junio, contemporáneo al de la OEA, en el cual repudió las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y llamó a elecciones libres en ese país.
Adhirieron 59 países, y la Argentina se abstuvo, una vez más, brillando por su ambigüedad. La negativa a suscribir a la denuncia, aun “acompañando los términos del informe” –indicaron en Cancillería– “responde a una tradición argentina de no firmar documentos conjuntos en contra de un país”.
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