El Salvador: así es la megacárcel de la que hace alarde Bukele y que preocupa a los activistas de derechos humanos
Defensores de derechos humanos denuncian hacinamiento y detenciones arbitrarias masivas, inclusive de menores
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The Washington Post
SAN SALVADOR.- Miles de detenidos fueron trasladados el viernes a la nueva megaprisión de El Salvador, despertando las sospechas de algunos defensores de los derechos humanos que señalaron que la teatral inauguración de la que podría convertirse en la mayor penitenciaría del mundo se produjo poco después de que fiscales federales estadounidenses acusaran a funcionarios del gobierno de pactar con líderes de bandas.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, pasó el fin de semana compartiendo imágenes de reclusos siendo trasladados a la megaprisión, corriendo agachados, vistiendo pantalones cortos blancos, con los pies y el pecho desnudos. El vídeo incorpora música ominosa y el tintineo de las cadenas de los reclusos.
“Ya no dan miedo, ¿verdad?”, dijo Bukele a través de Twitter el sábado. Los criminales, añadió, dejan de causar miedo una vez que pierden la protección de “los políticos corruptos y las organizaciones internacionales que los financian y defienden”.
La megaprisión puede albergar hasta 40.000 presos, según declaró Bukele el año pasado. Se llama oficialmente “Centro de Reclusión del Terrorismo” y fue inaugurado a principios de este mes. La represión de la delincuencia en El Salvador se ha topado con denuncias de detenciones indiscriminadas y abusos policiales.
“Esta nueva megaprisión es un símbolo de las disparatadas políticas de seguridad de Bukele”, declaró el domingo a The Washington Post Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
Pappier señaló que el momento elegido por Bukele para trasladar a los detenidos a la megaprisión era sospechoso. Se produce después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desvelara el jueves una acusación contra presuntos líderes de la banda MS-13 en la que se acusa a altos cargos salvadoreños de negociar con grupos criminales para frenar la violencia.
“Hay muchas razones para sospechar que el momento de la transferencia de la prisión tenía que ver con el control de la narrativa y la presentación de una interpretación de ‘mano dura’ de Bukele que no abarca todo el panorama”, dijo Pappier.
Después de que Bukele ganara la presidencia en febrero de 2019, las pandillas hicieron acuerdos con el gobierno para reducir el número de asesinatos públicos, “lo que benefició políticamente al gobierno de El Salvador”, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la acusación. Parecía que la tasa de asesinatos estaba disminuyendo, “cuando en realidad los líderes de la MS-13 seguían autorizando asesinatos en los que los cuerpos de las víctimas eran enterrados u ocultados de alguna otra forma”.
A cambio, se prometió a las bandas unas condiciones penitenciarias menos restrictivas, la liberación anticipada de algunos líderes y la denegación de la extradición de presos a Estados Unidos, añade la acusación.
Estados Unidos ya ha acusado anteriormente al gobierno de Bukele de negociar con las bandas del país, una táctica que también han seguido otros presidentes salvadoreños. Bukele ha negado las acusaciones y en su lugar ha prometido “una guerra contra las pandillas”.
Tras un repunte de los homicidios el año pasado, en el que murieron al menos 92 personas en cuatro días, según Human Rights Watch, Bukele declaró el estado de excepción en todo el país. A continuación se produjeron detenciones masivas de presuntos miembros de las bandas. Incluso antes de que comenzaran las detenciones, El Salvador tenía una de las tasas más altas de encarcelamiento.
Al menos 60.000 presuntos miembros de bandas han sido detenidos en el último año. Según Amnistía Internacional, esta cifra incluye a cientos de niños que fueron internados en centros de detención de menores. Los defensores de los derechos humanos han afirmado que El Salvador ha sufrido violaciones generalizadas de los derechos humanos desde que comenzó el estado de excepción.
“Las fuerzas de seguridad han detenido a cientos de salvadoreños sin conexión con las bandas, los han mantenido incomunicados, han torturado a algunos de ellos en prisión y han sometido a los detenidos a procedimientos judiciales kafkianos que les dificultan, si no imposibilitan, defenderse”, afirmó Pappier.
Osiris Luna Meza, director del sistema penitenciario de El Salvador, dijo durante una visita en vídeo a la megaprisión a principios de este mes que hay fábricas en el interior donde se hará trabajar a los reclusos.
La megacárcel es una “pieza clave en la guerra contra las pandillas”, dijo Meza durante el recorrido, en el que se mostraron celdas de aislamiento oscuras como la boca de lobo que fueron descritas como una de sus partes más necesarias por el funcionario de prisiones.
“Esta será su nueva casa, donde vivirán durante décadas, mezclados, sin poder hacer más daño a la población”, dijo Bukele el viernes.
La megaprisión tiene más del doble de capacidad que Rikers Island. Sin embargo, a pesar de construirse en 165 hectáreas en una zona aislada del país, la densidad de reclusos propuesta para la prisión es casi tres veces superior a la de Rikers Island, según datos recogidos por The Post.
“Aunque es probable que la prisión contribuya a mantener la altísima popularidad del presidente, es improbable que el hacinamiento de decenas de miles de detenidos aporte seguridad a los salvadoreños de forma sostenible”, afirmó Pappier.
Hace menos de un mes, una base de datos filtrada del Ministerio de Seguridad Pública de El Salvador expuso violaciones generalizadas del debido proceso, grave hacinamiento en las cárceles y muertes bajo custodia policial, informaron Human Rights Watch y el grupo de derechos humanos Cristosal.
Los motivos de lo que Human Rights Watch denominó “detenciones indiscriminadas” incluían tener tatuajes, vivir en barrios donde hay bandas y tener aspecto de delincuente, señaló el grupo en un informe publicado en diciembre.
A pesar de las detenciones masivas y las muertes, Bukele sigue siendo popular en el país. Human Rights Watch sostiene que es difícil verificar de forma independiente en qué medida se ha reducido realmente la delincuencia en el país.
Por Maham Javaid
Por The Washington Post
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