El narcotráfico, un enemigo en común que se afianza y expande en América del Sur

Hace ya cinco días que los miembros de las Fuerzas Armadas y los efectivos policiales ecuatorianos se movilizan en cada rincón del territorio nacional. En un esfuerzo por apaciguar la violencia desenfrenada derivada de las redes criminales del tráfico de droga, el presidente Guillermo Lasso decretó por los próximos dos meses un estado de excepción. “En las calles del Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico”, advirtió el mandatario.

El caso de Ecuador es una foto de una crisis que atormenta a América del Sur, con el mismo adversario como denominador común, que encontró en la pandemia una oportunidad para afianzarse en la región.

Inicialmente, los grupos del crimen organizado, en particular los basados en el narcotráfico, encontraron dificultades para desarrollar sus actividades. Los primeros meses en los que se disparó el coronavirus tuvieron un efecto moderador en este negocio, principalmente porque las operaciones de comercialización de productos ilegales en América del Sur están intrínsecamente vinculadas a las cadenas de suministro globales.

“Muchos productores de drogas, por ejemplo, no pudieron obtener precursores químicos para producir de todo, desde metanfetaminas hasta cocaína”, dijo a LA NACION Robert Muggah, especialista en seguridad y cofundador del Instituto Igarapé, un think tank con sede en Brasil centrado en el análisis de esta área en América Latina y el resto del mundo.

A pesar de la incertidumbre generalizada, la inestabilidad económica que padecieron muchos países en la región, los cierres de fronteras y los obstáculos para acceder a clientes por las restricciones impuestas por los gobiernos, “los grupos del crimen organizado a través de América del Sur expandieron su poder y su rentabilidad durante el período de la pandemia”, afirmó Muggah.

Con la crisis sanitaria como prioridad, tanto la presencia estatal como la aplicación de la ley se debilitaron en cuanto a los controles de la seguridad, lo que dio lugar a espacios permeables para que las organizaciones criminales prosperen.

El último Informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito concluyó que los mercados de la droga se reanudaron rápidamente tras la irrupción de la pandemia demostrando la resiliencia de los traficantes para adaptarse a los cambios del entorno y la adversidad de las circunstancias.

La pandemia “ha desencadenado o acelerado ciertas dinámicas de tráfico preexistentes en el mercado mundial de la droga, entre las que encuentran: envíos cada vez mayores de drogas ilícitas, un aumento de la frecuencia de las rutas terrestres y fluviales utilizadas para el tráfico, un mayor uso de aviones privados […] y un aumento del uso de métodos sin contacto para entregar las drogas a los consumidores finales”, detalla el reporte.

Carolina Sampó, investigadora del Conicet y coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional de la Universidad Nacional de la Plata, indicó a LA NACION que en el último año se evidenció una expansión de la producción de cocaína en los tres principales países productores del mundo: Colombia, Perú y Bolivia.

En 2020 se produjeron unas 1228 toneladas métricas de cocaína en Colombia, un aumento de casi 8% en comparación con el año anterior, según un informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU.

“Hay una expansión del narcotráfico y esto tiene que ver con la explosión en la producción de cocaína y en el aumento de su productividad. Hay una inundación de cocaína en la región y las organizaciones criminales están buscando salidas alternativas porque no pueden salir por los puertos cotidianos solamente y para que el nivel de incautaciones se mantenga como está”, profundizó Sampó, que recalcó que, a raíz de los cierres fronterizos, las bandas criminales potenciaron el uso de vías marítimas para el narcotráfico, en particular en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Panamá.

La irrupción del virus tuvo otras implicancias en la producción de cocaína. Según la ONU, indicadores en Colombia arrojaron un aumento de la participación en estas actividades de subgrupos, como adolescentes, que se inclinaron por generar un ingreso en las plantaciones de coca mientras no asistían al colegio por el confinamiento.

Diversificación

Muchos grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico en la región sacaron provecho de las oportunidades que trajo el Covid-19 para diversificarse hacia nuevas áreas del comercio ilegal y otras actividades delictivas.

“Ha habido un rápido aumento de los llamados ‘delitos ambientales’ como la tala ilegal, la minería salvaje y el tráfico de vida silvestre”, resaltó Muggah. “La producción de marihuana aumentó sustancialmente en Paraguay. El robo de petróleo se disparó en la Argentina, Colombia y Ecuador. Las incautaciones se dispararon en lugares como Brasil, mientras que las bandas de extorsión apuntaban a los cambistas en la Argentina y las incautaciones de cigarrillos de contrabando están en alza en Chile”, agregó.

Además, con la rápida innovación tecnológica, los mercados de drogas en la dark web, que surgieron hace solo una década, ya tienen un valor de al menos 315 millones de dólares en ventas anuales y mantienen una tendencia ascendente.

El caso de Ecuador

Ecuador está en conmoción interna por un incremento sin precedentes de la violencia relacionada con la presencia de estos grupos ilegales. De acuerdo al Monitor de Homicidios de Igarapé, el índice de homicidios escaló de 6,9 cada 100.000 habitantes en 2019 a 7,8 en 2020, un incremento que no se replicó en la mayoría de los países sudamericanos.

Para Bertha García Gallegos, investigadora de Seguridad y Defensa por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, el país “se convirtió en un eje de comercialización [de drogas] por varias razones: por estar en medio de los dos más grandes productores, Colombia y Perú; por ser un país con economía dolarizada que facilita el lavado; por la calidad de las carreteras y de los puertos; por su cercanía a Panamá, y por las corrientes marinas favorables que permiten a las go-fast llegar a las costas de América Central hasta Manzanillo, en México”.

Varios gobiernos se han inclinado anteriormente por llevar a las Fuerzas Armadas a las calles para controlar a las redes criminales, como decidió Lasso esta semana. La medida, por más usada que sea, no deja de ser cuestionada en cuanto a su efectividad.

“Las cuestiones de criminalidad y seguridad, para tratar a los problemas de raíz, lo que en verdad se necesitan son recursos relacionados con el desarrollo, la reducción de la desigualdad, la producción de oportunidades”, opinó Andrei Serbin Pont, analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Cries). “Podés poner a todos los militares que quieras en la calle, pero si sigue habiendo un porcentaje elevado de la población que encuentra la prosperidad económica y social en la marginalidad que ofrecen estos grupos paraestatales criminales, el problema lo seguirás teniendo”.

“La medida conduce a la paradoja del espantapájaros: funciona hasta que las aves caen en la cuenta de que no pasa nada y entonces vuelven a atacar las siembras”, concluyó García Gallegos.

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