El magnicidio en Haití desnuda la creciente industria de mercenarios de Colombia

BOGOTÁ.- En Haití, los investigadores siguen en busca del autor intelectual que contrató a más de 20 soldados colombianos en retiro para una misión que terminó con el asesinato del presidente Jovenel Moïse y sumió en una crisis a una isla ya atribulada.

Pero a 1600 kilómetros de ahí, en Colombia, la detención de 18 de esos veteranos en Puerto Príncipe ha desatado un debate sobre el trato que el país da a sus soldados, producto de un conflicto civil que ha durado 73 años y dio origen al segundo ejército más grande de América Latina.

Cada año, unos 10.000 efectivos se retiran de ese conflicto, según el Ministerio de Defensa de Colombia. La mayoría, no obstante, son soldados rasos que quedan con pensiones reducidas, escasa educación —algunos son analfabetos— y con experiencia limitada para navegar el mundo civil. Con pocas oportunidades en casa, miles de ellos han buscado emplearse en el extranjero y, en la última década, soldados colombianos retirados se han convertido en participantes cruciales de una industria de mercenarios global que crece con poca regulación y en donde empresas y gobiernos los contratan para llevar a cabo sus pedidos.

Su cantidad, experiencia y disponibilidad para trabajar a cambio de paga relativamente reducida, dicen los expertos, los ha vuelto muy valiosos para los reclutadores de todo el mundo.

“Somos máquinas de guerra, para eso nos han entrenado”, dijo Isaías Suache, un antiguo comando de 44 años y líder de una asociación de veteranos de Colombia. “No sabemos qué ser además de eso”.

Alrededor de una veintena de comandos retirados colombianos viajaron a Haití este año después de que un colega les prometió trabajos de seguridad con un salario de 2700 dólares mensuales, una cifra casi siete veces mayor que sus pensiones, que ascienden a 400 dólares.

En entrevistas, sus familiares han dicho que la mayoría de ellos creían que iban a realizar un trabajo legal y proteger a una persona importante.

Lo que sucedió en realidad en Haití sigue siendo poco claro. La esposa del presidente Moïse, quien resultó herida durante el asesinato del 7 de julio, le ha dicho a The New York Times que los asesinos de su marido hablaban español. Pero no está claro aún cuántos soldados retirados participaron del asesinato. La investigación en Haití ha estado teñida de irregularidades y violaciones al debido proceso, lo que deja aquí y en Colombia a muchos con la preocupación de que nunca se sabrá la verdad.

Funcionarios colombianos han expresado que la decisión de los soldados de viajar a Haití han sido elecciones individuales con consecuencias trágicas. En una entrevista, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que “de ninguna manera puede ser excusa por falta de condiciones para cometer una actividad criminal”.

Pero en las semanas posteriores al magnicidio, veteranos colombianos han instado al país a reconsiderar el trato que da a sus soldados y a reflexionar en por qué tantos de ellos han elegido viajar al extranjero después de su servicio. El descontento de los soldados, dicen algunos veteranos y expertos de seguridad, abre una oportunidad para que actores turbios busquen contratarlos, algo que potencialmente hace peligrar la seguridad global.

A pesar del acuerdo de paz de 2016 firmado entre el gobierno de Colombia y el mayor grupo rebelde del país, el conflicto no da visos de terminar. Hoy el ejército entrena y despliega a una nueva generación de soldados que lucharán contra viejas y nuevas facciones en el conflicto.

De no mejorar las oportunidades en Colombia, advierten algunos veteranos, esos hombres podrían ser captados por una industria global de mercenarios cada vez más voraz que tiene el potencial de desencadenar más operativos de desestabilización en todo el mundo.

“Apóyanos”, dijo Raúl Musse, líder de 50 años de otra asociación de veteranos colombianos. “Ayúdanos para que la gente se preocupe por nuestros futuros”.

El conflicto civil moderno de Colombia estalló debido al asesinato de un candidato presidencial de izquierda en 1948. Con el tiempo, las hostilidades crecieron hasta convertirse en una compleja guerra entre el gobierno, los insurgentes izquierdistas, los paramilitares de derecha y los cárteles del narcotráfico, todo mientras Colombia recibía miles de millones de dólares de apoyo militar de Estados Unidos, su aliado incondicional.

El grueso del conflicto lo pelearon los efectivos rasos que a menudo provenían del campo y de las clases obreras. Pero al retirarse, generalmente cerca de los 40 años y tras dos décadas de servicio, muchos han dicho que tienen pocas herramientas para triunfar en la vida civil.

La pensión de retiro, de 400 dólares al mes, sirve para poco menos que subsistir en ciudades como Bogotá. El componente insignia educativo del programa de reintegración del ejército consiste en un año de capacitación técnica en industrias como la gastronomía y la construcción. Pero después de perder esas prestaciones militares, muchos soldados deben endeudarse para pagar la vivienda familiar.

Una ley de veteranos de 2019, que el presidente Iván Duque apoyó, debía atender algunos de esos asuntos y creó un fondo que otorga créditos a los soldados que buscan educación superior, entre otros beneficios.

Molano, el ministro de Defensa, defendió el programa.

“Por supuesto, siempre podría hacer más”, comentó. “Pero comparado con otros colombianos”, añadió, el tratamiento a los veteranos es “adecuada”.

Sin embargo, numerosos soldados en retiro indicaron que necesitan más apoyo, y pronto. Algunos solados salen del ejército sin saber leer ni escribir. Otros carecen de habilidades básicas de computación.

En la última década, la desesperación de los soldados ha chocado con el auge en la demanda global de seguridad privada, sobre todo en el Medio Oriente, indicó Sean McFate, experto en la industria de mercenarios y profesor en la Universidad de Georgetown.

En los últimos años, soldados colombianos han viajado a Irak y a Afganistán empleados por contratistas estadounidenses, y a los Emiratos Árabes Unidos, donde muchos de ellos se convirtieron en fusiles a sueldo en la intervención en Yemen. Algunos colombianos han muerto y otros han matado durante estas misiones, dijo McFate.

La paga para algunos de ellos puede llegar a los 5000 dólares mensuales.

“Me cambió la vida total”, dijo William Amaya, un veterano de 47 años que trabajó patrullando una frontera en los Emiratos durante dos años. Dijo que usó el dinero para ir a la universidad y abrir un negocio.

El operativo en Haití y la atención hacia la participación de veteranos colombianos sucede en un momento muy complejo.

El apoyo del público al ejército, que antes era muy alto, ha disminuido en tanto las fuerzas armadas han sido cuestionadas por abusos de derechos humanos, entre ellos las denuncias de que oficiales ordenaron el asesinato de miles de civiles a principios de siglo. Ese escándalo lo investiga un tribunal militar.

Al mismo tiempo, los veteranos enfrentan un ambiente laboral cada vez más complicado debido al golpe económico que ha sufrido Colombia debido a la pandemia justo cuando la participación de Emiratos en Yemen ha disminuido y recortado la demanda de fusiles a sueldo.

Muchos de los hombres que viajaron a Haití habían postulado repetidamente a empleos en los EAU, dijeron sus familiares, pero no los habían llamado.

Así que cuando surgió la oportunidad de ir a trabajar a Haití aceptaron de inmediato. Muchos fueron sin saber en qué país trabajarían, para quién o cuánto tiempo estarían de viaje ni exactamente en qué consistía la misión.

“Tenemos tres hijos” dijo Lorena Córdoba, esposa de Mario Antonio Palacios, que se fue a Haití a principios de junio. “No había plata”.

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