El impacto de la Operación Lava Jato en Brasil y el resto de América Latina

RIO DE JANEIRO.- La Operación Lava Jato, que se inició en marzo de 2014 como una simple investigación de rutina sobre un cambista ilegal de dinero que actuaba dentro de una estación de servicios de Brasilia, terminó por revelar la mayor trama de corrupción de la historia de Brasil, con graves implicancias político-económicas no sólo aquí sino en varios países de América Latina.

El eje de las investigaciones ha sido la red de sobreprecios y sobornos pagados dentro de la compañía Petrobras, desde la cual se extendió un enorme esquema que involucró a los principales partidos políticos brasileños, beneficiados por el financiamiento ilícito de campañas a través de grandes empresas constructoras y de ingeniería - como Odebrecht , OAS, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, UTC y Queiroz Galvão- que buscaban asegurarse contratos con la petrolera estatal y ganar licitaciones para grandes obras de infraestructura.

En estos casi cuatro años y medio, el equipo de fiscales de la Lava Jato –con base en Curitiba- ha logrado condenar a 134 personas, entre ellos poderosos empresarios como Marcelo Odebrecht, Eike Batista y el expresidente de Petrobras Aldemir Bendine, además de influyentes políticos como el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva , del Partido de los Trabajadores (PT), su exjefe de Gabinete José Dirceu y su exministro de Economía Antonio Palocci; el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, y el exgobernador del estado de Río de Janeiro Sergio Cabral, ambos del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), además de varios otros diputados y senadores.

Asimismo, hasta el momento se consiguió recuperar para los cofres públicos US$ 9865 millones desviados, en gran parte gracias a los 164 acuerdos de delación premiada firmados por la Justicia con acusados que aceptaron dar más detalles de cómo funcionaba la trama de corrupción a cambio de reducciones en sus condenas.

Un hito clave para el avance de las investigaciones de la Lava Jato fue el acuerdo de colaboración sellado en diciembre de 2016 entre 77 exejecutivos de Odebrecht y las autoridades judiciales de Brasil , Estados Unidos y Suiza . La compañía admitió haber pagado más de US$ 1000 millones en sobornos en una docena de países latinoamericanos –entre ellos la Argentina, con US$ 35 millones de coimas reconocidas- y africanos entre 2001y 2016, y aceptó desembolsar US$ 3500 millones en multas. Como contrapartida, los exhombres de negocios de Odebrecht se garantizaron que no serían juzgados en otros países con base a las informaciones reveladas en aquel convenio.

Desde entonces, la Procuraduría General de la República ha recibido unos 570 pedidos de cooperación internacional de 55 países, y ha firmado una decena de acuerdos para compartir la información de los ilícitos brindada por los exejecutivos de Odebrecht, siempre que las autoridades judiciales de aquellas naciones se comprometan a no procesar a los delatores. Recientemente, un acuerdo con Perú fue suspendido por acciones legales emprendidas contra un colaborador brasileño.

En marzo de este año, el entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski se convirtió en el primer mandatario latinoamericano en ejercicio que debió renunciar por sus vínculos ilegales con Odebrecht; los expresidentes peruanos Ollanta Humala –bajo prisión preventiva- y Alejandro Toledo –prófugo- también están sospechados de lavado de dinero y tráfico de influencias en su relación con la compañía brasileña. Otros políticos de la región que han sido salpicados por acusaciones de corrupción con Odebrecht son el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas (condenado a seis años de prisión), los presidentes Nicolás Maduro (Venezuela), Enrique Peña Nieto (México) y Juan Manuel Santos (Colombia), así como el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.

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