Ortega expulsó a la ONU de Nicaragua tras un informe sobre la represión en el país

MANAGUA (AFP).- La misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONUabandona hoy Nicaragua tras una orden del gobierno de Daniel Ortega , molesto con un informe del organismo sobre la represión en el país.

La decisión se produjo dos días después de que el organismo emitiera un duro informe sobre abusos contra manifestantes antigubernamentales, que el gobierno de Ortega consideró una "extralimitación" de las facultades de la entidad. En un comunicado difundido ayer, la cancillería nicaragüense dio "por concluida la invitación (a la misión de la ONU) y finalizada la visita a partir de hoy 30 de agosto de 2018".

La Organización de Estados Americanos (OEA) votó a principios de agosto a favor de la creación de una "comisión especial" para dar seguimiento a la crisis en Nicaragua que inició el 18 de abril con protestas contra la reforma al sistema de pensiones. Automáticamente los reclamos se transformaron en una demanda para la salida de Ortega y Murillo, señalados de instaurar una dictadura. La violencia ya dejó un saldo de más de 320 muertos, 2000 heridos y una cantidad poco precisa de detenidos y desaparecidos, así como miles de desplazados a Costa Rica.

El representante de la misión de la ONU, Guillermo Fernández, fue llamado a la cancillería para una reunión con el ministro Denis Moncada, en un ambiente tenso y lleno de protocolo, según una imagen exhibida sin audio por el estatal Canal 6 de televisión. Sin embargo, el funcionario se mostró sorprendido por la reacción del gobierno: "No esperábamos que hubiera una decisión en este sentido".

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, difundió en Twitter la carta de la cancillería nicaragüense en la que insta a la organización de derechos humanos a abandonar el país. "Con la expulsión de los funcionarios de Naciones Unidas, Ortega le toma el pulso a (la chilena Michelle) Bachelet, que asumirá en pocos días como Alta Comisionada para Derechos Humanos", escribió en Twitter Vivanco.

La Alianza Cívica (de estudiantes, empresarios y sociedad civil), contraparte del gobierno en el estancado diálogo con mediación de la iglesia católica, repudió "enérgicamente la salida forzada" de la ONU y sostuvo que "las causas y condiciones" para su presencia en el país "siguen vigentes".

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, lamentó la salida de la misión de la ONU y se comprometió a "cooperar entre sí, cada uno dentro de sus respectivas competencias" para lograr un diálogo inclusivo y útil en Nicaragua "lo más pronto posible".

El organismo de la ONU anunció en una nota de prensa que "proseguirá su labor" de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua "de forma remota", conforme su mandato conferido por la Asamblea General de la ONU.

También indicó que continuará apoyando a las víctimas y familiares, y reiteró su disposición de apoyar a las autoridades para que Nicaragua cumpla sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

Las denuncias de la ONU

El informe de la ONU, divulgado el miércoles en Ginebra, destacó el "clima de miedo" en Nicaragua tras la violenta reacción a las protestas contra la administración de Ortega. "La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista", señaló en Ginebra el Alto Comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein.

Entre las violaciones documentadas en el informe figuran "el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y generalizadas, torturas y malos tratos".

La respuesta argentina

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina emitió un comunicado de prensa lamentando la decisión tomada por el gobierno de Ortega sobre la salida del país de la comisión especial de la ONU. "El equipo de Naciones Unidas se encuentra allí desde el 20 de junio, con el objeto de analizar la situación de los derechos humanos en el marco de la crisis desatada el pasado mes de abril y que ya se ha cobrado más de 300 vidas", indicaron desde Cancillería.

Además , el comunicado señaló que la medida tomada por el gobierno nicaragüense "afecta negativamente" la situación del país, sobre todo en materia de derechos humanos y "representa un retroceso de los esfuerzos que viene realizando la comunidad internacional" para encontrar una salida a la crisis.

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