El gobierno de Joe Biden espera acelerar las deportaciones, pese a que ya hubo un récord el último año

WASHINGTON.- El presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca con la promesa de implementar una política migratoria “humana” luego de la ola de críticas que recibió la política de su antecesor, Donald Trump. Pero el líder demócrata terminará su mandato acelerando las deportaciones, que ya en el último año marcaron un récord en 750.000, un pico desde 2010, luego de endurecer su política fronteriza en medio de la campaña presidencial.

Biden presentó este martes una proclama que ordena la suspensión del ingreso en la frontera de los solicitantes de asilo y de migrantes –un cierre virtual del acceso a través del límite con México– cuando se superen las 2500 detenciones en un día. Las nuevas restricciones, que deben ser implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional, se mantendrán vigentes hasta tanto las detenciones caigan por debajo de las 1500 por día.

La nueva medida adoptada por Biden llegó tras meses de bloqueo por parte de los republicanos en el Congreso a un plan bipartidista para reforzar la seguridad y el personal en la frontera para acelerar el procesamiento de miles de personas que llegan cada día a Estados Unidos para solicitar asilo tras huir de la narcoviolencia, las dictaduras, los desastres naturales o la pobreza de países como Venezuela o Haití. Biden también intentó, sin éxito, lograr que el Congreso aprobara una reforma migratoria integral. Los republicanos bloquearon ambas medidas cediendo a la presión de Trump.

La seguridad en la frontera es uno de los principales temas de la campaña presidencial. Es un frente en el que Biden intentó trazar un equilibrio complejo, por momentos imposible para prevenir la llegada de un ola de migrantes a la frontera y, a la vez, cumplir con su promesa de campaña y la obligación de Estados Unidos de acoger a los solicitantes de asilo.

Biden buscó atacar las “causas raíces” de la inmigración –un esfuerzo que no ha dado frutos– y tejer acuerdos con México y otros países para evitar la llegada de extranjeros, a la vez que estiró –forzado por las circunstancias– algunas de las políticas más criticadas por Trump.

Sin muchas opciones, Biden ahora endureció su política fronteriza, a la vez que mantiene abiertos otros canales legales para permitir que continúen las solicitudes de asilo de manera virtual, y no directamente en persona.

“Estas medidas nos van a permitir repatriar de una manera muy acelerada a una proporción mucho más grande de las personas que estamos encontrando en la frontera a sus países o a México”, dijo en una llamada con periodistas Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional.

Nuñez-Neto dijo que, en el último año, el gobierno federal ha deportado a más de 750.000 personas, la cifra más alta desde 2010. Por cifras menores, al expresidente Barack Obama lo apodaron durante su gobierno el “Deportador en jefe”.

Nuñez-Neto insistió en que los migrantes todavía “van a poder presentarse de una manera segura y ordenada en un punto de entrada” siempre y cuando hayan solicitado una cita primero a través de la aplicación móvil “CBP1″, un portal a través del cual el gobierno norteamericano ya admitió un total de 590.000 personas desde enero de 2023 hasta abril pasado.

“Las personas que aplican a una cita en un punto de entrada con la aplicación CBP1 van a ser exceptuadas de estas restricciones en la frontera, y seguimos insistiendo a todos los migrantes que utilicen estas vías legales que hemos puesto en vigencia y no pongan sus vidas en las manos del crimen organizado para cruzar la frontera de manera ilegal solo para ser repatriados de una manera muy acelerada a sus países de origen o a México”, indicó el funcionario.

El gobierno de Biden insistió además en que lideró la mayor expansión de las vías de migración legal en décadas, pero la nueva política fue criticada por demócratas y republicanos, y sobre todo por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, que la vieron como una claudicación de las promesas de campaña de Biden, a contramano de la ley y de las obligaciones internacionales de Estados Unidos. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés) ya anticipó que llevará la acción a los tribunales.

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