El gobierno de EE.UU. admite que fue un “error” deportar a un salvadoreño a la megaprisión de Bukele

El gobierno del presidente Donald Trump reconoció haber deportado por equivocación a un salvadoreño con estatus legal protegido en Estados Unidos a El Salvador, donde después fue trasferido a la prisión de máxima seguridad llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

“La expulsión fue un error”, escribió un alto funcionario del Servicio de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en un documento judicial el lunes por la noche, generando indignación entre grupos en defensa de los derechos de los inmigrantes.

El deportado en cuestión es Kilmar Armando Ábrego García, de 20 años, quien fue detenido el 12 de marzo tras una jornada de trabajo como aprendiz de chapista en una construcción en Baltimore, Maryland (EE.UU.), según una denuncia presentada ante un tribunal federal por sus abogados.

Tres días después, el 15 de marzo, fue expulsado del país en uno de los tres vuelos que partieron de EE.UU. en medio de una batalla legal, después de que el presidente Trump invocara una ley del siglo XVIII para justificar la deportación y un juez federal tratara de bloquear la decisión.

Una vez en El Salvador, Ábrego García y otras decenas de personas procedentes de EE.UU. fueron trasladados al Cecot, la megaprisión símbolo de las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukele y que organizaciones nacionales e internacionales tachan de ser un sistema de comisión de violaciones masivas a los derechos humanos.

Luego se especificaría que en los vuelos habían llegado 261 indocumentados, de los que 238 se dijo que eran presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y 23 supuestos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), a pesar de que hasta el momento no se han mostrado pruebas de su vinculación criminal.

Aunque en 2019 un juez de inmigración consideró a Ábrego García un posible miembro de la MS-13, el joven apeló la decisión con firmeza, negándolo y argumentando que se tomó en base a información falsa obtenida por un informante confidencial.

El tribunal finalmente estableció que no debía ser deportado a El Salvador, al considerar que su temor a ser allí perseguido y torturado era creíble.

Como resultado de esa determinación, el joven salvadoreño fue liberado y desde entonces había vivido en Maryland con su esposa, una ciudadana estadounidense, y el hijo de ambos.

Fue su mujer la que lo reconoció en un video del traslado al Cecot distribuido por el gobierno de El Salvador y compartido por el propio Bukele en las redes sociales.

“Nada que se pueda hacer”

La administración Trump asegura ahora que no hay nada que pueda hacer para facilitar el regreso de Ábrego García a la custodia de EE.UU., algo que solicitaron los abogados de este.

Ábrego García “salió de El Salvador cuando tenía unos 16 años, huyendo de la violencia de las pandillas. Desde 2006 miembros de las pandillas lo habían acosado, golpeado y amenazado con secuestrarlo y matarlo con el objetivo de coaccionar a sus padres para que sucumbieran a la extorsión”, aseguran sus abogados en la demanda.

“Aunque ha sido acusado de ‘afiliación general a pandillas’, el gobierno de EE.UU. nunca presentó la más mínima evidencia que respalde la infundada acusación”, argumentan.

El Departamento de Justicia instó este lunes a una jueza federal a rechazar la petición de los abogados, argumentando que el gobierno estadounidense no tiene la potestad para forzar a El Salvador a realizar la devolución del preso y que los tribunales tampoco tienen la autoridad para emitir tal orden.

El caso está en manos de la magistrada Paula Xinis, quien fue nombrada por el demócrata Barack Obama para el tribunal de distrito de Maryland.

La administración Trump reconoce que el ICE “estaba al tanto de la protección contra la deportación” con la que contaba Ábrego García, y que lo expulsó “debido a un error administrativo”.

“Fue un descuido y la deportación se llevó a cabo de buena fe, basándose en la existencia de una orden final de deportación y la supuesta pertenencia de Ábrego García a la MS-13″, escribió Robert Cerna, director interino de la oficina de campo de operaciones de cumplimiento y deportación de ICE, en la declaración presentada ante el tribunal.

La administración Trump alega además que, a pesar del “error de buena fe”, es poco probable que Ábrego García enfrente tortura en El Salvador, en parte porque el gobierno estadounidense llevó a cabo una amplia evaluación de las intenciones del gobierno salvadoreño antes de los vuelos de deportación.

“Este tribunal debería someterse a la determinación de que Ábrego García probablemente no será torturado o asesinado en El Salvador”, escribieron los fiscales del Departamento de Justicia.

“Aunque el gobierno se equivocó al expulsar a Ábrego García específicamente a El Salvador, el gobierno no habría enviado a ningún extranjero a El Salvador (...) de creer que al hacerlo violaría las obligaciones de Estados Unidos” asumidos al suscribir un tratado internacional contra la tortura.

Al conocerse la noticia, organizaciones y activistas pusieron el grito en el cielo y exigieron explicaciones a la administración.

Denuncias de otros casos

Se trata de la primera vez que el gobierno de EE.UU. reconoce haber cometido un error en las deportaciones, pero familiares de los expulsados apuntan a otros casos.

Así, Mercedes Yamarte le contó a BBC Mundo que su hijo Mervin, a quien también reconoció en el video distribuido por el gobierno salvadoreño, había sido detenido en Dallas, Texas, pero que no tienen vínculo criminal alguno.

Otras familias del barrio Los Pescadores, en el occidente de Venezuela, le dijeron a este medio que sus familiares, que habían emigrado recientemente a EE.UU., corrieron la misma suerte.

El relato es similar al de Myrelis Casique López, de Maracay, quien le aseguró a BBC Mundo que su hijo pensaba sería deportado de Texas a Venezuela y acabó en la megacárcel salvadoreña.

En la misma línea, Nathali Sánchez le aseguró al medio El Estímulo que su esposo, el venezolano Arturo Suárez Trejo, a quien identificó en las imágenes compartidas en las redes sociales gracias a un colobrí tatuado en el cuello, fue enviado al Cecot a pesar de que nada tiene que ver con el Tren de Aragua.

Según la página del Departamento de Justicia, el caso de inmigración de Suárez sigue pendiente. Y de acuerdo a documentos facilitados por su familia al medio venezolano, el joven no tiene historial criminal en su país de origen.

Es lo mismo que argumentan los familiares de Neri Alvarado, un venezolano que trabajaba en una panadería de Dallas, Texas. Según estos le contaron a la estación local de la Radio Pública Nacional (NPR) de EE.UU., el ICE lo detuvo a pesar de no tener vínculos criminales.

Estos son solo algunos de los casos que familiares aseguran fueron deportados por error.

La Casa Blanca no hicieron públicas hasta el momento evidencias que relacionen a los deportados que fueron expulsados de forma sumaria con el Tren de Aragua, una banda surgida en una cárcel de Venezuela y expandida por toda la región, o con la MS-13, una de las pandillas más notorias de El Salvador y que en su momento aterrorizó a Centroamérica.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt, cuando los periodistas le preguntaron al respecto, contestó que las detenciones y posteriores deportaciones se llevaron a cabo en base a “inteligencia” obtenida por la agencia correspondiente, sin ahondar más en ello.

De la misma manera, Tom Homan, el designado por Trump como “zar de la frontera” y encargado de su política de deportación, insistió, sin proporcionar detalles específicos, en que el público debe confiar en que ICE identificó correctamente a los venezolanos a partir de “investigaciones criminales”, publicaciones en las redes sociales y vigilancia.

Más deportaciones en medio de la batalla legal

Sea como fuere, las expulsiones tuvieron lugar después de que el presidente Trump invocara como justificación la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y a pesar del intento de un juez federal de bloquearla.

En una audiencia celebrada el 15 de marzo, James Boasberg, el principal juez federal en Washington D.C., impuso una orden de restricción temporal sobre el uso de la ley y ordenó el regreso de los vuelos de deportación que ya habían partido.

Sin embargo, las deportaciones continuaron y la Casa Blanca pidió al Tribunal Supremo que levante las restricciones, mientras el juez Boasberg declaró su intención de “llegar al fondo del asunto” para determinar si el poder Ejecutivo desoyó o no al Judicial.

Entre los documentos judiciales presentados durante el proceso, también hay una declaración jurada de ocho mujeres que habrían sido deportadas y, al no ser aceptadas en el Cecot, enviadas de regreso a EE.UU.

La próxima audiencia del caso se celebrará este jueves.

Mientras la batalla se dirime en los tribunales, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, viajó el pasado miércoles a El Salvador y, en un video desde el Cecot, advirtió a quienes intenten migrar sin autorización a EE.UU. que serán expulsados y que la megaprisión es uno de los lugares en los que podrían acabar.

Asimismo, Washington envió este lunes otros expulsados del país a El Salvador, quienes también ingresaron en el Cecot.

En una publicación en la red social X, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió un video en el que muestra a hombres siendo bajados de un avión y llevados a celdas de prisión.

“Todos son asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluyendo seis violadores de menores”, escribió, aunque omitió sus nombres y los detalles de los presuntos delitos.

Una lista publicada por un medio estadounidense y validada por la Casa Blanca sugiere que, de los 17 deportados, al menos 12 tenían antecedentes penales, uno confesó ser pandillero y tres enfrentaban cargos.

El restante, según la información disponible, no habría sido condenado por delito alguno.

Bukele agregó que “esta operación es un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”.

Su gobierno acordó en febrero con la administración Trump acoger a presuntos delincuentes deportados desde Estados Unidos a cambio de US$6 millones.

El gobierno de Venezuela está realizando gestiones para lograr la liberación de los deportados, mientras aceptó recibir a otros expulsados.

Y es que el gobierno estadounidense reanudó los vuelos de deportación directamente a Venezuela hace unos días.

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