El gobierno de Dilma, dispuesto a escuchar el mensaje de la protesta

SAN PABLO.- La nueva ola de protestas que anteayer reunió a unas 700.000 personas en todo Brasil para expresar su insatisfacción con la administración de Dilma Rousseff fue menor que la movilización que el mes pasado llevó a casi dos millones de personas a las calles. Pero, lejos de menospreciar a los desencantados manifestantes, el gobierno salió ayer a resaltar que está atento a sus reclamos y abierto al diálogo.

"El hecho de tener menos personas en las calles no reduce la importancia de la alerta que está dando la población y que muestra que es fundamental que el gobierno comprenda que hay la necesidad de dialogar y escuchar más. El gobierno está prestando atención a estas manifestaciones", fue la primera reacción oficial, del vicepresidente Michel Temer, a las marchas que pedían el juicio político a Dilma por el escándalo de corrupción de Petrobras y por la deteriorada situación económica.

La propia presidenta prefirió no referirse por ahora directamente a estas nuevas manifestaciones, pero la elección de Temer como vocero tiene más peso todavía si se tiene en cuenta que hace apenas una semana fue también designado por Dilma como el encargado de la articulación política entre el Ejecutivo y el Congreso.

Temer pertenece al principal aliado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del que también son miembros los presidentes de ambas cámaras legislativas, hoy en abierto enfrentamiento con Dilma por una seguidilla de desacuerdos.

Las palabras del vicepresidente fueron respaldadas más tarde por el nuevo ministro de Comunicación Social, Edinho Silva, que rechazó la idea de que porque las marchas de anteayer tuvieron menos participación que las del 15 de marzo hayan sido menos legítimas. A la vez, comparó la movilización actual con las protestas que dos años atrás sorprendieron al país en rechazo de los gastos para el Mundial de fútbol y en reclamo de mayores inversiones públicas en salud, educación, transporte y vivienda.

"En 2013, el centro de las banderas era la cualidad de los servicios públicos. Ahora, la población muestra un descontento con todo el modelo político. Y este año la movilización se vuelve contra el gobierno central, que cataliza toda la insatisfacción popular", explicó, aunque destacó que en el caso de la red de cobro de sobornos revelado en Petrobras, Dilma no está acusada de ningún delito.

"Ése es un factor coyuntural, pero con el transcurso de las investigaciones la sociedad tendrá la percepción clara de que ningún hecho de corrupción vincula a la presidenta", apuntó.

Según las encuestas, la popularidad de Dilma está en su nivel histórico más bajo, con apenas un 13% de respaldo. Y de acuerdo con un sondeo de Datafolha publicado el último fin de semana el 63% de los brasileños apoya que se abra un juicio político contra la presidenta por su responsabilidad en el esquema de corrupción en la petrolera estatal.

Atenta a estas inquietantes cifras, Dilma se limitó a publicar ayer en su página de Facebook un comentario sobre su firme posición con relación a este tema. "La guerra contra la corrupción debe ser, simultáneamente, una tarea de todas las instituciones", escribió.

Con la imagen de la presidenta en caída libre, la oposición, liderada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), está empezando a exhibir dudas sobre cuál debe ser su postura. Mientras el presidente del partido y ex rival de Dilma en las últimas elecciones, Aécio Neves, indicó que planea reunirse con los grupos cívicos que organizaron las protestas (como Movimiento Brasil Libre, Revoltados On Line y Vem pra Rua), el ex mandatario Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) recomendó ayer que el PSDB tome distancia de esas agrupaciones.

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