El "escrache" llegó a España y tiene a la clase política en vilo

MADRID.- La Argentina es noticia en España por estos días no sólo gracias a las gambetas de Lionel Messi, las homilías de Francisco o el extenso conflicto derivado de la expropiación de YPF.

El crecimiento de la agitación social por la crisis económica también familiarizó a los españoles con una palabra criolla totalmente desconocida en este país hasta hace sólo unas semanas: el "escrache".

Definido reiteradamente por los medios locales como una "nueva modalidad" de protesta agresiva importada desde Buenos Aires, el "escrache" se coló en más de una decena de marchas contra las ejecuciones hipotecarias por falta de pago , que ya dejaron sin vivienda a más de 400.000 españoles.

Hasta el momento, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), que defiende los derechos de las víctimas de los desalojos e hizo debutar este tipo de protestas en España, dirigió sus ataques hacia ocho diputados españoles que se oponen a considerar la revisión de la actual ley que rige los desalojos, una de las más inflexibles de Europa.

Los legisladores, provenientes del Partido Popular (PP), fueron identificados y denunciados públicamente en marchas por los manifestantes, con el propósito de intensificar la presión social sobre cada uno de ellos. Además, en algunos casos, esta versión light del "escrache" argentino también incluyó "visitas" a las casas particulares de los políticos oficialistas, donde decenas de personas se congregaron para entonar cánticos en su contra.

La irrupción de esta práctica encendió inmediatamente todas las alarmas en el gobierno y el sistema político español, gravemente cuestionado en los últimos años por la mala administración de un país que ya tiene a más del 26% de su población activa desempleada, y sin perspectivas de recuperación de la economía en el corto y mediano plazo. Tanto desde el Palacio de la Moncloa como desde el Congreso, el rechazo hacia los "escraches" no tuvo matices. "Es un método antidemocrático, porque no se puede acosar a quien piensa y opina de manera distinta. Y un valor básico en una sociedad democrática es respetar a los demás", señaló el presidente Mariano Rajoy, luego de que la campaña de hostigamiento desde la PAH ganara numerosos titulares en la prensa española.

En su entorno cercano descalificaron aun con mayor dureza al "escrache", que a principios de la semana pasada ya había sido definido por el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, como una "actitud nazi". En ese sentido, la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, no se privó en relacionar a la PAH con la ETA: trató a los "escraches" de "prácticas filoetarras" y vinculadas al "terrorismo".

El repudio hacia el hostigamiento contra los políticos también se hizo sentir desde la oposición. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a través del secretario general de esa fuerza en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, mostró su reprobación hacia cualquier tipo de persecución contra ciudadanos. "Esto no puede recibir más que el rechazo absoluto", dijo el dirigente socialista, más allá de que acusó al oficialismo de alentar este tipo de actitudes cuando se encontraba en la oposición.

"Aunque cuando yo era presidente [de Extremadura], la oposición del PP jaleaba a los que acampaban y se manifestaban en la puerta de la casa en la que vivíamos mi familia y yo con el silencio acrítico de casi todo el mundo, mi respuesta ahora es de profundo rechazo a los acosos personales", afirmó.

Vigilancia

Sin embargo, el gobierno de Rajoy resolvió no quedarse en palabras de censura hacia el recién llegado "escrache". Ante el crecimiento rápido y sostenido de esta campaña, la Moncloa instruyó, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, a identificar y detener a todos aquellos que "participen en actos de hostigamiento" a diputados, senadores, ministros y otros políticos.

Además, la disposición establece que los afectados por estas medidas de protesta tendrán derecho a una "vigilancia policial" personalizada, por el tiempo en que se considere que la persona esté amenazada.

No obstante, desde el gobierno se esforzaron en aclarar que "no se trata de una custodia", con el fin de evitar nuevas polémicas sobre aumentos de gastos vinculados con la administración en tiempos en los que el ajuste, como el descontento social, está a la orden del día.

CHIPRE: DEFINEN EL "CORRALITO"
El Banco Central de Chipre dispuso una quita forzosa del 37,5% sobre las cuentas bancarias con más de 100.000 euros depositados, según anunció ayer la entidad.

Las medidas de control de capital impuestas como parte de un plan de rescate internacional serán reexaminadas a diario con el objetivo de "flexibilizarlas o afinarlas", indicó el Banco Central. Asimismo, el Banco Central modificó las restricciones que prohibían pagos y giros superiores a 5000 euros sin autorización oficial. "Los pagos o transferencias de dinero dentro del país mediante tarjeta de débito o de crédito son autorizados sin restricciones", detalló.

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