El equilibrio de la Justicia para no convertir en mártir a un presunto golpista
Mientras se cierra el cerco en torno de Jair Bolsonaro sobre una supuesta conspiración contra su sucesor, Lula da Silva, la Justicia debe medir cada paso
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PARA LA NACIONMarcelo Silva de Sousa
BRASILIA.- Con una velocidad hasta ahora desconocida, la Justicia brasileña comenzó a cerrar el cerco sobre Jair Bolsonaro y sus aliados más próximos.
La operación de este jueves, autorizada por el expresidente en el Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Morães, la némesis de Bolsonaro, fue bautizada por la Policía Federal “Tempus Veritatis” (hora de la verdad, en latín), un reconocimiento de que la situación del expresidente y sus aliados es cada vez más delicada.
Las órdenes de arresto y allanamiento significaron el golpe más duro sobre el bolsonarismo, en una acción basada en la colaboración premiada que alcanzó con las autoridades Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro en la presidencia.
Los elementos reunidos por los investigadores abortan la posibilidad de que las tratativas para planear un golpe hayan sucedido a espaldas del exmandatario, apenas en conversaciones de colaboradores, como pudo haber alegado en su defensa hasta ahora.
La Policía Federal reunió pruebas de que Bolsonaro ayudó a redactar un borrador de decreto de golpe de Estado, presentado por Filipe Martins, exasesor en asuntos internacionales y uno de los arrestados. Esa información consta en conversaciones telefónicas de Cid con un general del Ejército a las que tuvo acceso la policía.
Existía en ese borrador también, si el golpe era ejecutado, una orden para arrestar a Morães, quien debía ser monitoreado. La situación empeoró sensiblemente también para varios de los generales que integraron el corazón del gobierno de Bolsonaro.
Entre ellos, el exministro de Defensa y compañero de fórmula de Bolsonaro Walter Braga Netto, que formó parte de un núcleo empeñado en convencer a generales de adherir a un golpe de Estado.
Incluso, frustrado, a fines de 2022, llegó a tildar al exgeneral del Ejército Freire Gomes de “cagón” y al exjefe de la Aeronáutica Carlos Baptista Junior de “traidor a la patria” por no embarcarse en la aventura golpista tras la victoria electoral de Lula, plan que contaba solo con el apoyo del jefe de la Marina.
Las pruebas recolectadas por la policía dan cuenta de que existió un movimiento del primer escalón del gobierno de Bolsonaro para intentar cooptar a generales, aunque con un resultado diferente del deseado.
“Nadie entiende ese ‘intento de golpe’. No se movió un soldado en Brasilia para dar el golpe”, buscó defenderse el expresidente en una entrevista con CNN Brasil, cuando todavía se conocían pocos detalles de la operación.
Bolsonaro era consciente de que Lula era el favorito para quedarse con las presidenciales de 2022. Así lo reconoció en una reunión de la alta cúpula de su gobierno en julio de ese año, en la que pidió a sus ministros compromiso para llevar adelante un ataque a la Justicia Electoral, preparando el terreno para deslegitimar el resultado.
“Si hay que dar un golpe en la mesa, es antes de las elecciones; si hay que dar vuelta la mesa, es antes”, sugirió por su parte el general Augusto Heleno, ministro de Seguridad Institucional, también blanco de la operación, en esa misma reunión.
El hilo conductor entre la actitud adoptada por Bolsonaro y su participación en la redacción del decreto golpista podría conectarlo como coautor del asalto a Brasilia el 8 de enero de 2023. Según expertos, un delito que sumado a los investigados en la operación de este jueves –asociación criminal, golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho– significaría una pena de hasta 20 años de cárcel.
La operación policial fue también un revés para el Partido Liberal (PL), donde se aglutinan los referentes bolsonaristas más próximos al expresidente, en un año de elecciones municipales en que el partido pretende apalancar su número de alcaldías para preparar el terreno para las presidenciales de 2026. La policía entiende que la sede del PL en Brasilia sirvió como cuartel general del fallido plan de golpe.
Desde el punto de vista político, Bolsonaro ya fue condenado en junio de 2023 a ocho años de inhabilitación por abuso de poder político en ataques al sistema electoral durante una reunión con embajadores.
Ahora, Morães, quien también participó de ese juicio como miembro del Tribunal Superior Electoral, dio un paso ambicioso para alcanzar penalmente al corazón del bolsonarismo.
Bolsonaro entregó su pasaporte y no podrá salir del país. El magistrado entendió que no era necesaria una orden de arresto preventivo, ya que el expresidente no está obstruyendo las investigaciones. Fuentes del STF entienden también que cualquier acción contra el expresidente debe ser “calculada” para evitar la construcción de un “mártir político”.
Con los arrestos y el material recolectado en las decenas de allanamientos, la “hora de la verdad” sobre la presunta trama golpista pudo haber quedado más cerca de ser expuesta.
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