El cuñado de Felipe VI fue acusado por corrupción por el contador de su ONG

PALMA DE MALLORCA.- Una semana después de que el juez de instrucción pidiera juzgar a Iñaki Urdangarin,cuñado del rey Felipe VIde España, el contador de la fundación a la que se desviaron presuntamente más seis millones de euros de dinero público señaló ante la fiscalía al esposo de la infanta Cristina –también imputada- como el responsable de las irregularidades.

Marco Antonio Tejeiro, otro imputado en este caso, denunció ante el fiscal Pedro Horrach el uso de facturas que "no respondían a servicios realmente prestados" por el Instituto Nóos, presidido por Urdangarin entre 2003 y 2006, cuyo importe "se repartían" el cuñado del rey y su socio, Diego Torres, el cuñado del contador.

A cambio de su colaboración con la justicia, la fiscalía "le rebajará la pena", indicó una fuente judicial.

El escándalo, conocido como "caso Nóos", investiga la posible malversación de 6,1 millones de euros de capital público a través de esta sociedad no lucrativa, que cerró importantes contratos con las autoridades regionales de Baleares y Valencia.

Ahora, en un escrito de ocho páginas dirigido a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, Marco Antonio Tejeiro, que se convirtió en el primer arrepentido del caso, expresó su voluntad de contribuir al "esclarecimiento de los hechos objeto de investigación" e hizo una relación de una veintena de prácticas delictivas de las que tuvo conocimiento.

Describió que Torres, esposo de su hermana Ana María, y Urdangarin organizaron un entramado de sociedades "que operaban realmente en el mercado como si fueran una sola".

Entre estas empresas se encuentra la sociedad Aizoon, que compartían al 50% Urdangarin y la infanta Cristina, aunque el arrepentido no hace ninguna alusión a que la hermana del rey interviniera de alguna manera en las actividades de su esposo.

Esta red de empresas, que Tejeiro denomina "Grupo Nóos", estaba bajo el "absoluto control y poder de decisión" de Urdangarin y su socio, sobre los que afirma que la emplearon para lucrarse con fondos públicos obtenidos de las administraciones regionales de las Islas Baleares y de Valencia, según su confesión.

El fiscal Horrach entregó hoy la declaración al juez José Castro, del tribunal de Palma de Mallorca, en Baleares, que el 25 de junio cerró la instrucción de este caso en el que hay 16 imputados, entre ellos, Cristina de Borbón.

La infanta, de 49 años, presentó ayer un recurso de apelación por su imputación por presunto fraude fiscal y blanqueo de dinero alegando "la ausencia de indicios racionales" para juzgarla.

La defensa de Iñaki Urdangarin, por su parte, presentó el martes último un recurso contra el auto en el que el juez Castro lo imputa por cinco delitos de prevaricación, cuatro de malversación, cinco de fraude a la administración y cinco de tráfico de influencias.

Agencias AFP, EFE y DPA

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