El conflicto mapuche, un “fierro caliente” que aguarda al ganador de las elecciones chilenas

Sea quien sea el próximo presidente que se instale en el Palacio de La Moneda en Santiago, tendrá de entrada, en el lejano sur, un problema en curso que ningún gobierno desde el regreso de la democracia en 1990 supo resolver.

Se trata de las reivindicaciones desatendidas de los mapuches sobre la tierra, la identidad y el reconocimiento, por un lado, y la creciente espiral de violencia por el otro, donde intervienen distintos actores, desde grupos radicalizados hasta las fuerzas de seguridad.

En medio de un drama de larga data, y con muchos matices en juego, el gobierno de Sebastián Piñera declaró en octubre el Estado de Excepción Constitucional en cuatro provincias de las regiones de la Araucanía y Biobío, lo que significó un despliegue de dos mil militares en tareas policiales.

Esas regiones del sur dieron su preferencia en la primera vuelta electoral a José Antonio Kast, el candidato conservador que disputará el ballottage definitorio con el dirigente de izquierda Gabriel Boric, a quien le sacó el triple de votos entre la población local, reafirmando así la fidelidad histórica del voto de derecha en esas latitudes.

Según explicó a LA NACION el doctor José Mela, académico de la Universidad Estatal de O’Higgins, “todos los gobiernos de manera transversal, de derecha, más de centro y de izquierda han tenido muchas dificultades para enfrentar el movimiento mapuche, la reivindicación mapuche”.

Queda por ver cómo influirá el “problema mapuche” sobre el ballottage a nivel nacional. Eso depende en buena medida de cuán hondo cala en los votantes del país lo que sucede en el sur, y cómo les sientan a los chilenos las divergentes posturas de Kast y de Boric en materia de seguridad.

Tanto en el sur como en el resto del territorio, Kast promete reforzar las atribuciones de las fuerzas de seguridad cuando rija un Estado de Excepción, como el que se encuentra vigente en las zonas mapuches, y promueve el “uso de la violencia legítima” como autodefensa.

Boric, en desacuerdo con la militarización como respuesta a un problema más amplio, se declara de todas maneras a favor de combatir la delincuencia. “Separo de manera tajante a quienes cometen delitos de las justas reivindicaciones del pueblo nación mapuche”, dice el candidato de la coalición Apruebo dignidad.

Heridas candentes

José Mela sostiene que el contexto no invita a sacar conclusiones de quién se verá favorecido políticamente por el revuelo de alto voltaje en la zona en conflicto. “No sé si la actual situación beneficia a alguno de los dos candidatos, porque ha sido un fierro caliente que les ha dejado heridas a todos los gobiernos”, señaló.

Luego de décadas de ignorar desde arriba el problema, que se fue agravando con más y más pérdidas de tierras, a fines de la década del noventa surgieron en la zona violentos movimientos de militantes que se atribuyeron a sí mismos la vanguardia de los reclamos mapuches.

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) lleva la voz cantante de este sector y proclama, con incendios, sabotajes y cortes de ruta, la “liberación nacional” frente al Estado y a las compañías forestales instaladas en la zona. Pero la CAM no está sola, como mostró un video difundido en noviembre donde medio centenar de encapuchados armados, miembros de la organización Weichan Auka Mapu -una facción rival- amenazaban con combatir “con armas” las fuerzas de seguridad si no abandonaban el territorio.

Pese a la existencia de estas agrupaciones, violentas pero minoritarias, muchos alertaron contra la militarización del sur por temor a echar más leña al fuego. La muerte de un mapuche durante un control en la ruta, que dejó también tres heridos, hizo que la oficina de derechos humanos de la ONU le llamara la atención al gobierno de Piñera por el uso desmedido de la fuerza.

Salvador Millaleo, doctor en Sociología de origen mapuche, sostuvo en una entrevista que es preciso “atacar las causas del problema con una estrategia política, que no es la militarización ni la criminalización, sino un diálogo real”, una opinión compartida por analistas independientes y defensores de los derechos humanos.

En ese sentido, avanza la vía constitucional para dejar sentado en la Carta Magna chilena el reconocimiento de las minorías indígenas, como primer paso para revertir la pobreza, la desigualdad social y la falta de oportunidades, los problemas de fondo de los pueblos originarios.

Incluso cuando se reconozcan sus derechos en la futura Constitución, hay consenso entre quienes siguen el tema del sur que dependerá del próximo presidente, y del nuevo Congreso, que esas consignas se transformen o no en una respuesta verdadera y eficaz para los mapuches.

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