El chavismo castiga los barrios que alguna vez le fueron leales
The Washington PostAnthony Faiola
CARACAS.- A medida que la campaña opositora para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder iba escalando de manera dramática, las laberínticas calles de la villa Puerta Caracas se llenaron de manifestantes que golpeaban sus cacerolas contra el gobierno.
El levantamiento en Puerta Caracas empezó la noche del 22 de enero, cuando los vecinos empezaron a cacerolear y a incendiar tachos de basura. Alrededor de la medianoche, según los vecinos, un grupo de jóvenes encapuchados arrojó bombas molotov contra el centro cultural manejado por simpatizantes de Maduro.
Los vecinos, hambreados y en la miseria, vieron un súbito destello de esperanza. Caía la noche, y las botas militares de las fuerzas del gobierno empezaron a llegar.
Maduro calificó de "delincuentes fascistas" a los responsables del incendio y los vecinos de este enclave del oeste de Caracas pagaron el precio. Según los vecinos, la semana pasada la villa fue invadida por fuerzas especiales enmascaradas que pateaban las puertas de las casillas, hacían redadas contra los jóvenes y terminaron imponiendo una suerte de toque de queda.
Según los analistas, el asedio a Puerta Caracas es parte de la implacable represión que desató Maduro no bien llegó al poder en 2013. Durante la semana pasada, se realizaron operativos en al menos otras cinco villas rebeldes de la capital, con un saldo de 35 muertos, incluidos adolescentes de 16 años, y más de 850 detenidos.
"No hubo más protestas", dice la madre de un joven de 26 años detenido por agentes de inteligencia. La mujer dice no saber nada de su hijo desde el miércoles pasado. "No creo que nadie de acá se atreva a salir a protestar de nuevo".
La asonada con apoyo internacional para derrocar a Maduro -liderada por Juan Guaidó, proclamado presidente del país por la Asamblea Nacional- plantea el mayor desafío a Maduro desde que sucedió al fallecido Hugo Chávez, hace casi seis años. Desde entonces, sin embargo, cuanto más amenazado se siente el gobierno, más violenta es su respuesta.
Los operativos de seguridad del gobierno, con intervención de las temidas Fuerza de Acciones Especiales (FAES), se realizan en los barrios tradicionalmente leales al chavismo, ahora sumidos en la desesperación. En el pasado, eran las clases medias y altas las que lideraban las protestas. Ahora, son los sectores más pobres de Caracas los que se han rebelado, con el eslogan antes usado por la oposición: "Cuando se alcen las villas, Maduro caerá".
El contraataque del gobierno trae el recuerdo de 2017, cuando las protestas fueron brutalmente aplastadas, con un saldo de más de 100 muertos. Pero esta vez, según los expertos, los arrestos y el uso de fuerza letal no se hicieron esperar.
"El impacto de esta nueva tendencia represiva en las villas, en los hogares particulares, es muy claro: la gente está aterrada", dice Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. "Los aterra que alguien le cuente a la policía que estuvieron en la protesta".
La semana pasada, Guaidó apeló a la Constitución para proclamarse verdadero líder de Venezuela y trabaja con el gobierno de Trump para cortarle a Maduro sus fuentes de financiamiento internacional.
Pero según los expertos, la fuerza de la represión en Caracas puede ahogar el levantamiento popular.
Para muchos venezolanos, resistirse fue letal. Ana Cecilia Colmenares, de 58 años, dice que su hijo Yonni Gody, de 29 años, fue abatido por las fuerzas de seguridad dos días después de sumarse a las protestas.
Colmenares relata que el viernes las tropas de las FAES arrasaron la barriada donde viven. La puerta de la vivienda se abrió, y vieron a las fuerzas de seguridad apuntándoles con armas desde afuera. Descalzo y con el torso descubierto, el joven salió y se entregó sin ofrecer resistencia. Lo arrastraron y a su madre la encerraron en la casa. Testigos del hecho le relataron a sus familiares los últimos momentos de vida del joven, antes de morir de un disparo en el abdomen.
Mientras tanto, los abusos contra los detenidos circulaban en las redes sociales. En un video puede verse cómo tres detenidos semidesnudos son forzados a bajarse la ropa interior mientras un miembro de las fuerzas de seguridad les pega con un bate. "¿Así que quieren protestar?", les gritan los oficiales.
En otro video se ve a Ediluh Guedez Ochoa, jueza de Yaracuy, denunciando las presiones del gobierno para que deje presos a los jóvenes manifestantes. "Cuando los quise liberar, el gobierno no me dejó", dice la jueza. "Mi familia y yo recibimos amenazas de muerte. Hago un llamado a mis colegas para que no tengan miedo".
Traducción de Jaime Arrambide
The Washington Post
Por Anthony Faiola
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