El chavismo acelera la deriva autoritaria al imponer una Corte a la medida de Nicolás Maduro

BOGOTÁ.– Ni apertura democrática ni consenso con la oposición, ni siquiera una justificación para los que propugnan que Venezuela ya se arregló. La Asamblea Nacional ha designado un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para los próximos 12 años tan chavista como el anterior, que se había erigido en el principal martillo contra la oposición y en factor clave para los fraudes electorales que han jalonado el mandato de Nicolás Maduro desde 2013.

“Es una nueva etapa de renovación e impulso del sistema de justicia por el bienestar y la paz del pueblo”, sentenció el jefe revolucionario para saludar la presentación de una Corte Suprema hecha a su medida.

En medio de irregularidades, de peleas en el seno interno del chavismo y con un mes de retraso, se confirmó que el nuevo TSJ pasa de 32 a 20 magistrados, tanto titulares como suplentes. A su presidencia regresa Gladys Gutiérrez, que ya lo dirigió hasta 2017, además de ser también rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE). Gutiérrez, vinculada personalmente con Hugo Chávez, ejerció como embajadora en España y fue allí, gracias a sus vínculos con el partido de la izquierda radical Podemos, donde consiguió el requisito que le faltaba para acceder a lo más alto del tribunal: aprobar su tesis sobre el “nuevo paradigma constitucional latinoamericano” en la Universidad de Zaragoza.

La nueva presidenta, además, viene de una etapa como embajadora de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) con la misión de obstaculizar el proceso de investigación dirigido por el fiscal Karim Khan. “Que ahora el TSJ esté presidido por quien hace días recibía instrucciones del Ejecutivo reforzará la apariencia y evidencia de que existe interferencia política en el Poder Judicial, afectando seriamente la posibilidad de que se haga justicia”, advirtió el internacionalista Mariano de Alba, asesor senior del International Crisis Group.

El hasta ahora presidente Maykel Moreno se mantiene como magistrado gracias a su intachable hoja de servicios revolucionarios y pese a su oscuro pasado, manchado con una condena por homicidio durante su etapa de policía. Moreno es uno de los dirigentes más reconocidos entre los amantes de la “dolce vita” revolucionaria.

“Desoladora la designación de los nuevos magistrados. La Fiscalía ante la CPI ya puede ver que será el régimen quien seguirá tomando las decisiones”, criticó la exmagistrada Blanca Rosa Mármol, jubilada a la fuerza del alto tribunal en 2015 como paso previo para transformar al TSJ en la principal maza contra la oposición y en factor clave para los fraudes electorales de Maduro.

Obstáculos

El penúltimo ejemplo data de diciembre pasado, cuando sus jueces ordenaron la repetición de las elecciones regionales en Barinas, cuna de la revolución, tras conocerse la victoria de la oposición y sin ningún motivo para ello. Una decisión tan arbitraria como las que surcan una década sin una sola sentencia en contra del gobierno, siempre por encima de la Constitución y capaz de gobernar en paralelo al país, además de intervenir y expropiar a los partidos políticos de la oposición.

“El proceso de designación de nuevos magistrados ha carecido de transparencia desde su inicio. El resultado parece reafirmar el control político de la independencia y autonomía de la Justicia para garantizar los derechos humanos”, advirtió la Comisión Internacional de Juristas (CIJ). La Constitución dicta que los magistrados sólo pueden formar parte del TSJ durante un período único de 12 años, pese a que entre los elegidos la mitad repite mandato.

La llamada “puerta giratoria” del chavismo ha funcionado de nuevo en la confección del tribunal. Así Tania D’Amelio, miembro del sector más duro del CNE durante 14 años, ya funge como magistrada del TSJ. Mientras repite Calixto Ortega, quien fuera uno de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) más cercano a Maduro.

La designación del nuevo TSJ por la Asamblea Nacional ha contado con el apoyo de partidos colaboracionistas y con la abstención del Partido Comunista de Venezuela (PCV), la única oposición real en este órgano chavista. El régimen ha compensado a la falsa oposición con dos magistrados: José Luis Gutiérrez, hermano de Bernabé Gutiérrez, a quien el propio TSJ le entregó la tarjeta electoral de la histórica Acción Democrática, y Luis Emilio Rondón, que ya apareciera como invitado de piedra en el CNE.

“Instamos a la comunidad internacional a desconocer este proceso que mantiene y profundiza la crisis institucional. Busca proteger a corruptos y a violadores de derechos humanos”, exhortó en un comunicado el gobierno interino.

La renovación del Poder Judicial era uno de los puntos clave en la negociación de México entre gobierno y oposición bajo el auspicio de Noruega, suspendida por Maduro. La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU también alertó sobre la responsabilidad del Poder Judicial en los crímenes de lesa humanidad que investiga la Corte Penal Internacional (CPI) ya fuera por acción u omisión.

“Comprendo y comparto plenamente la indignación y el rechazo causados por la composición del TSJ. Pero no entiendo por qué sorprende, si tenemos en frente a un autoritarismo hegemónico y si sus principales decisores aún retienen el poder fáctico sin ambigüedad de ninguna índole”, acreditó el politólogo John Magdaleno.

Sin sorpresas en la decisión final, pero sí con cierto estupor ante las críticas de dirigentes cercanos a Diosdado Cabello, ratificado el domingo pasado como vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV) y número dos de la revolución. Cuestionamientos que solo en contadas ocasiones se han hecho públicos en revolución.

“El TSJ es un desastre total. La culpa no es del mono (Maykel Moreno), sino de quien da el garrote”, acusó el diputado Pedro Carreño. “La separación de poderes no existe”, añadió el exgobernador Francisco Ameliach. Algo sabido y comprobado, pero siempre negado por el oficialismo.

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