El atentado fallido en Brasilia expone la polarización del país y revive el debate por el asalto del bolsonarismo

BRASILIA.- La cúpula del Supremo Tribunal Federal (STF) y la Policía Federal brasileña aseguraron este jueves que el atentado con explosivos contra el edificio de la corte respondió a la actuación de “grupos extremistas activos”, instigados en el pasado por funcionarios de la administración del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Francisco Wanderley, un brasileño de 59 años oriundo de Santa Catarina, en el sur del país, murió la noche del miércoles en la Plaza de los Tres Poderes luego de una secuencia de explosiones.

Según imágenes de las cámaras de seguridad del STF, Wanderley llegó caminando a la Plaza de los Tres Poderes y comenzó a arrojar explosivos contra la sede de la corte. Luego, se acostó sobre un explosivo y falleció después de que detonara.

A unos 400 metros, poco antes, el vehículo de Wanderley estalló cuando estaba estacionado frente a un edificio anexo de la Cámara de Diputados.

El hombre bomba fue en 2020 candidato a concejal por el Partido Liberal (PL), la misma agrupación del expresidente Jair Bolsonaro, y no consiguió ser electo. En las redes sociales había publicado amenazas explícitas a jueces del STF y otros políticos de Brasilia.

Según su exmujer, Wanderley pretendía matar al juez Alexandre de Moraes, responsable por investigaciones que salpican al núcleo político de Bolsonaro.

El grave episodio, a días de la celebración de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, reavivó los fantasmas del asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro invadieron la sede del STF, el Palacio del Planalto y el Congreso y destrozaron los predios públicos. Pedían una intervención militar que repusiera al expresidente en el poder.

Incluso en la casa de Wanderley, que el hombre alquilaba en los suburbios de Brasilia desde julio, la policía encontró inscripciones en un espejo vinculadas a los ataques antidemocráticos de enero de 2023.

El juez Moraes, que debe asumir la investigación por el episodio en la corte, dijo que el atentado fue resultado de un discurso de odio instalado en el país, y no “un hecho aislado de contexto”.

“Es un contexto que se inició tiempo atrás, cuando el famoso gabinete del odio comenzó a destilar un discurso de odio contra las instituciones, contra el Supremo, sus jueces y sus familias”, dijo el magistrado.

Al mismo tiempo, retomó la discusión sobre la propuesta, alentada por el bolsonarismo en el Congreso, de una “amnistía” para los responsables por el intento de golpe de Estado en 2023, presentada por sus entusiastas como un camino para la pacificación nacional.

Moraes dijo este jueves que una “pacificación es necesaria, pero no será hecha con una amnistía a criminales”. “Ofender, amenazar, eso en ningún lugar del mundo es libertad de expresión, es un delito. Eso se agigantó y desembocó en el 8 de enero”, agregó.

El jefe de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, dijo que el episodio será investigado como un acto terrorista e intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho. El hecho “marca que grupos extremistas están activos y necesitan que nosotros actuemos de forma enérgica”, dijo en conferencia de prensa.

El cuerpo de Wanderley fue retirado del centro de Brasilia este jueves, con la conclusión de las pericias y una barredura de la zona para detectar la eventual presencia de nuevos explosivos. El presidente brasileño, Lula da Silva, no se manifestó hasta el momento sobre el ataque. La noche del miércoles estuvo reunido con el jefe de la Policía Federal en la residencia oficial.

En una nota, el expresidente Bolsonaro lamentó las explosiones en lo que calificó como un “triste episodio” en un “hecho aislado”. “Ya pasó el tiempo suficiente para que Brasil vuelva a cultivar un ambiente adecuado para que las diferentes ideas puedan enfrentarse pacíficamente, y que la fuerza de los argumentos valga más que el argumento de la fuerza”, dijo el expresidente, en una publicación en redes sociales.

Durante su gestión, Bolsonaro protagonizó conflictos públicos con los jueces del STF, a quienes acusó de actuar de forma parcial para perjudicar su gobierno y, en 2022, para favorecer el retorno del presidente Lula da Silva al Palacio del Planalto.

Bolsonaro ha insistido públicamente en sus últimas apariciones en la necesidad de una amnistía para los responsables del 8 de enero de 2023, decisión que podría favorecerlo.

“Pido a todas las corrientes políticas y los líderes nacionales que den los pasos necesarios para avanzar en la pacificación nacional”, agregó el exmandatario, investigado como autor intelectual de esos ataques.

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