El asesinato en Colombia de Marcelo Pecci, especializado en la lucha antidrogas, dejó al descubierto el poder que ganó el crimen organizado en los últimos años; el homicidio enciende alertas en la región
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ROSARIO.- El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, de la Unidad de Crimen Organizado, en la playa de Barú, Colombia, puso al descubierto el poder que ganó en los últimos años el crimen organizado, que tiene niveles de coordinación y logística más eficientes y ágiles que los Estados de la región. Paraguay se transformó de forma acelerada, sobre todo en la pandemia, en un nodo logístico del narcotráfico de América del Sur, por los beneficios que aporta la hidrovía Paraná-Paraguay con la salida al Atlántico. Desde hace una década, el país fue perforado por organizaciones criminales cada vez más poderosas, como la brasileña Primer Comando Capital (PCC), cuya influencia empieza a llegar a la Argentina.
El minuto de silencio que pidió el presidente de la Corte Suprema de la Nación Horacio Rosatti para homenajear a Pecci en el acto contra el poder del narcotráfico en Rosario, que cien jueces realizaron el jueves, demuestra la preocupación que generó el homicidio del fiscal paraguayo. El crimen excede los problemas domésticos de Paraguay, que comparte con la Argentina una extensa frontera fluvial y la hidrovía, clave para el negocio agroexportador, pero también convertida en una nueva ruta estratégica del narcotráfico a nivel regional.
La forma en la que se planeó la ejecución de Pecci en la playa de Colombia, fuera de Paraguay -que llevaron adelante dos sicarios que aún no lograron ser detenidos-, puso al descubierto el creciente poder de las redes del crimen organizado para golpear con un asesinato en dos países a la vez.
El crimen se produjo en el tramo final de la campaña electoral en Colombia, en donde la primera vuelta será el 29 de mayo, en medio de un clima enrarecido. En cinco departamentos -entre ellos Bolívar, donde está Cartagena, lugar en el que se produjo el crimen- el cartel del Golfo realizó “cuatro días de paro armado”, como se denominó la extraña medida del grupo criminal, que tomó para responder a la extradición a Estados Unidos de Darío Antonio Úsuga David, conocido como “Otoniel”. En esos días de “protesta” se incendiaron cien colectivos y autos, que provocaron una fuerte conmoción a la par de las amenazas y seis crímenes.
El impacto institucional del homicidio del fiscal en Paraguay es demoledor, porque demuestra cómo las organizaciones criminales no solo pueden perforar con altos niveles de corrupción la política, sino eliminar al que se pone enfrente, como el fiscal la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado.
Alfil clave
Pecci tenía contacto permanente con fiscales y jueces argentinos y periodistas que investigan el narcotráfico. Se había transformado en un alfil clave en la lucha contra el crimen organizado a partir de ser un enlace importante de las investigaciones de las agencias especializadas norteamericanas, como la DEA, que considera a ese país como la plataforma de operaciones de grupos narcos trasnacionales, que hoy actúan con redes cada vez más sofisticadas.
Pecci tuvo un rol protagónico en el operativo que se llamó A Ultranza PY, una investigación sobre una red criminal de contrabando de cocaína entre Paraguay y Europa, y que involucra a políticos, miembros del Ejército y élites empresariales. La causa recién estaba en sus inicios, pero cristalizaba el alto nivel de penetración del crimen organizado, no solo en el Estado, sino en la economía, al usar como pantallas firmas exportadoras para traficar cocaína.
El fiscal, con ayuda de la DEA y Europol, detectó que esa organización, en la que figuraban empresarios que eran proveedores del Estado paraguayo, había lavado más de 250 millones de dólares. La ruta de narcotráfico que se estableció confirmó que Paraguay moldeó su matriz tradicional de productor de marihuana –en la zona del centro y norte del país están los cultivos ilegales más importantes de América del Sur- a convertirse en un nodo logístico para la provisión de cocaína, proveniente de Perú y Bolivia, a Europa y Asia.
Vínculos con el Estado
El impacto del operativo A Ultranza PY fue fuerte en Paraguay, porque aparecían indicios de que esta red de narcolavado tenía vínculos con el Estado. Las repercusiones de esta causa también provocaron un cimbronazo en la estructura de esta organización.
El 12 de setiembre pasado fue ejecutado en un BMW el empresario Mauricio Schwartzman, que era uno de los engranajes de esta banda, ligado a Alberto Koube, titular de la empresa Tapiracuai SA, una fuerte proveedora del Estado.
La punta de la madeja de esta red surgió luego de que en febrero del año pasado se secuestraron tres cargamentos, con un total de 27 toneladas de cocaína, en Amberes, Bélgica, y Hamburgo, Alemania. Una de los embarques con 16.174 kilos de estupefacientes, hizo trasbordo en el puerto de Buenos Aires.
El hallazgo se produjo luego de que las fuerzas de seguridad europeas lograron vulnerar más de 170.000 mensajes de teléfonos que usaban el sistema encriptado Sky ECC. La droga nunca fue detectada en el puerto de origen, en Paraguay.
“La cocaína se mueve en contenedores. Salen de los puertos legales de Paraguay y pasan por la hidrovía para llegar a distintas partes del mundo. No existen los controles en el río por una contradicción del propio sistema. Si hay más controles, el tráfico de contenedores se complica y, como consecuencia, se retarda el comercio. Es parte del sistema”, explicó a LA NACION el especialista Carlos Peris, que participó en un estudio en la región sobre crimen organizado que llevó adelante la ONG internacional Inshight Crime..
“La hidrovía, al ser el único canal para conectarse internacionalmente, es el camino no solo para el comercio legal, sino también para el narcotráfico. La mirada en Paraguay está centrada en el contrabando menor, en las lanchas que pasan de Clorinda, Formosa, a Asunción, con bolsas de azúcar, tomate, y artículos limpieza. Ese es el control en la hidrovía desde el lado paraguayo. Las barcazas no son controladas para agilizar la libre circulación de los ríos”, apuntó.
Mensaje mafioso
El crimen de Pecci provocó estupor en la Justicia paraguaya. Porque, según señalaron tres fiscales a LA NACION, la ejecución de Pecci es un mensaje para todos aquellos que tenían pretensiones de investigar a fondo las mafias, el narcotráfico y la corrupción, que no son muchos hoy en ese país.
Aunque todavía no hay certezas sobre quién pudo financiar la ejecución del fiscal, este hecho confirma los cambios vertiginosos que tuvo Paraguay en los últimos años en materia de crimen organizado.
Hasta la pandemia, el principal problema que enfrentaba Paraguay era la penetración de las principales bandas brasileñas, como Primer Comando Capital y Comando Vemelho, que hace más de una década y media se asentaron en la frontera de Pedro Juan Caballero, donde están la mayoría de las plantaciones de marihuana.
El crecimiento de PCC y CV fue vertiginoso y quedó expuesto con episodios de extrema violencia, como el crimen con un ejército de sicarios contra Jorge Rafaat Toumani en 2016 en pleno centro de la ciudad. Le dispararon más de 400 proyectiles calibre .50, que se usan para fusiles antiaéreos.
En octubre de 2020, el fiscal paraguayo encabezó un allanamiento en un hangar cercano a Asunción donde buscaban aeronaves que transportaban desde Bolivia la cocaína a Paraguay, que después se “exportaba” a Europa. En ese operativo el funcionario se topó con un helicóptero ploteado como si fuera de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Una hipótesis que circuló en Colombia días después del atentado contra Pecci fue que el crimen se podría haber tramado en una cárcel de Estados Unidos donde está preso desde el año pasado Nader Mohamad Farhat, ligado al grupo Hezbollah y una red de lavado en la triple frontera.
Farhat integra la red “Hijazi”. En agosto pasado, el fiscal paraguayo detuvo a miembros de este grupo que, en esa zona oscura de la frontera, tiene una estructura con “capacidad de blanquear cientos de millones de dólares” del narcotráfico.
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