Venezuela: duro informe de HRW sobre las ejecuciones extrajudiciales del chavismo
LA NACION
Un día del pasado enero, pasado el mediodía, un hombre que podría llamarse Juan Diego Rodríguez escuchó el ruido de la puerta que marcaría el principio del fin de su vida. Un agente uniformado de negro que portaba la sigla FAES -Fuerzas de Acciones Especiales- forzaba el ingreso a la casa en busca de un delincuente. En la vivienda estaba Juan Diego junto a su madre, Ana Lucía. Cuando el policía entró, a Ana Lucía la sacaron de su casa para tomar declaración a su hijo, quien, según explicó otro oficial, estaba denunciado por 20 cargos de narcotráfico.
Más tarde llegó al lugar un agente jerárquico de las FAES, que se dirigió a la habitación de Juan Diego y gritó que la puerta estaba cerrada. La madre pidió que no lo lastimaran y los policías pidieron a Ana Lucia que se fueran a la casa de un vecino porque su hijo debía prestar declaración. Según recordó la madre, en ese momento escucharon seis disparos.
Este es uno de los nueve casos que relevó la organización Human Rights Watch en su último informe, en el que denunciaron que las FAES de la policía venezolana cometieron ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en comunidades de bajos recursos como reacción a la oposición al gobierno de Nicolás Maduro.
Según el informe de Human Rights Watch, desde que se crearon las FAES, en 2016, los agentes de esta fuerza "han cometido impunemente graves violaciones de derechos humanos", que afectan especialmente a las personas de bajos recursos. Asimismo, el relevamiento detalló que esas prácticas abusivas coinciden con las denuncias de abusos que se realizaron contra miembros de las fuerzas de seguridad durante la denominada "Operación de Liberación y Protección del Pueblo" (OLP).
Para arribar a este diagnóstico, en junio y julio, Human Rights Watch entrevistó a testigos o familiares de nueve víctimas de abusos cometidos por agentes de las FAES en Caracas y un estado en el interior del país. Según cifras oficiales, desde 2016 hasta mayo de 2019, casi 18.000 personas murieron en manos de las fuerzas de seguridad en Venezuela en situaciones de supuesta "resistencia a la autoridad". Esta estimación fueron reconocidas por el ministro del interior venezolano, Néstor Reverol, que informó que hubo 5995 de estos casos en 2016 y 4998 en 2017. En tanto, las fuerzas de seguridad venezolanas causaron la muerte de alrededor de 7000 personas en 2018 y los primeros meses de 2019.
"En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
En el relevamiento de la organización se precisó también que los agentes que cometieron las prácticas abusivas vestían uniformes negros, en varias oportunidades tenían la cara cubierta e irrumpieron con camionetas negras sin matrícula en casas de bajos recursos. Cuando llegaban a los hogares, forzaban a los familiares de las víctimas a salir y aprovechaban la ocasión para tomar alimentos y otros artículos, según el testimonio de los familiares. En tanto, también expresaron que se colocaron armas y drogas en el lugar de los hechos para "sugerir que existió una resistencia a la autoridad".
En este escenario, a Tamara Taraciuk Broner, subdirectora interina para las Américas de Human Rights Watch, hay dos cosas que le preocupan: en primer lugar, la magnitud de los asesinatos y luego, que el Estado los califique como episodios de "resistencia a la autoridad". "Nunca hubo más consenso a nivel internacional de la gravedad de la crisis en Venezuela. Los que más sufren son las personas de las zonas de bajos recursos. Entran a matar supuestos delincuentes con total impunidad y sin evidencia. Pero esto es un patrón de las fuerzas de seguridad. No empezó con la FAES. Por eso, ahora queremos encontrar un mecanismo efectivo para dar el siguiente paso", explicó a LA NACION.
Ese paso siguiente se encuentra en estado de negociación. Según relató Taraciuk Broner, el Grupo de Lima presentó una propuesta que se discute en Ginebra. "Creemos que existe un consenso para que se adopte una resolución para tratar las violaciones de derechos humanos. Ahora hay que pasar a la próxima etapa que es tratar de que los responsables rindan cuenta en cualquier lugar. No hay ninguna opción de que ocurra en Venezuela, porque el poder judicial es un anexo del ejecutivo", dijo.
La iniciativa que podría aprobarse, según pudo saber este diario, se trata de la creación de un organismo conformado por expertos independientes que analicen la situación de Venezuela, reúnan evidencia sobre casos de ejecuciones arbitrarias y determinen responsabilidades individuales. Una vez tomada esa evidencia se llevaría a la Corte Penal Internacional. Pero los detalles sobre el funcionamiento de este mecanismo están en discusión y se votarían la próxima semana.
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