EE.UU.: qué rumbo económico puede tomar la mayor potencia con Biden en el timón
WASHINGTON.- El presidente electo Joe Biden asumirá en enero con una economía abrumada por el rebrote de coronavirus, un desempleo que afecta a millones de norteamericanos, y empresas que cierran ante la llegada del inverno.
Si los republicanos retienen el control del Senado, al nuevo gobierno se le puede complicar hacer frente a esos problemas económicos y cumplir con su promesa de campaña de aumentar el gasto público y los impuestos a los ricos y las corporaciones.
Pero tal como Trump lo dejó demostrado una y otra vez, el presidente tiene facultades para mover algunos hilos unilateralmente, sin aprobación del Congreso, y podrá influir en la maquinaria de la economía nacional a través de una variedad de decretos presidenciales, regulaciones y cambios de funcionarios.
"Es muchísimo lo que se puede hacer sin pasar por el Congreso", dice Felicia Wong, asesora del equipo de transición de Biden y directora del Instituto Roosevelt, una usina de ideas progresista.
Estas son algunas de las medidas que el gobierno de Biden podría tomar unilateralmente para intervenir en la política económica, desde estímulos a la economía hasta cambios en las reglas del comercio internacional, o modificaciones a los impuestos que pagan las corporaciones.
Estímulos
En los meses previos a las elecciones, Trump tuvo oportunidad de experimentar en carne propia los límites que tiene la Casa Blanca para reactivar la economía sin apoyo del Congreso. Trump reasignó algunos fondos federales para extender temporalmente la ampliación del seguro de desempleo y permitir que las empresas posterguen la deducción del impuesto a las ganancias de sus trabajadores, pero más allá de eso, se descubrió con las manos atadas. Los economistas y analistas políticos dicen que Biden puede intentar otros abordajes más creativos, sobre todo si un Senado controlado por los republicanos bloquea el gran paquete de gasto público que vienen proponiendo los demócratas.
Una de esas medidas podría ser impulsar una condonación parcial de las deudas universitarias, que según Wong funcionaría indirectamente como una inyección de dinero en la economía, al eliminar la carga de esos pagos en muchos hogares. Biden podría ordenarle al secretario de Educación, por ejemplo, que condone los préstamos estudiantiles hasta un cierto monto. Para Wong, ese monto tendría que ser de entre 50.000 y 75.000 dólares para hogares de ingresos bajos y medios, lo que beneficiaría enormemente a los trabajadores de grupos raciales y étnicos minoritarios.
El Poder Ejecutivo también podría ejercer su autoridad aumentando el salario mínimo de los contratistas del Estado a 15 dólares la hora, lo que representaría un importante alivio para decenas de miles de trabajadores.
Biden podrá ejercer cierta discrecionalidad adicional sobre el paquete de estímulo de 2,2 billones de dólares aprobado en marzo. A las pymes que aceptaron los créditos del Programa de Protección del Empleo se les exigía que no despidieran personal, y Biden podría ordenarle al Departamento del Tesoro un control más riguroso de esos créditos, para asegurarse de que ese dinero efectivamente va a parar al salario de los trabajadores.
Biden también podría copiar a Trump e intentar reasignar los fondos no gastados de aquel paquete de estímulo, incluidos cientos de miles de millones de dólares que se destinaron al Programa de Protección del Empleo pero que no llegaron a asignarse dentro del plazo límite establecido por el Congreso. También podría apoyarse en el Tesoro que las facilidades crediticias establecidas por la Reserva Federal sean más generosas y atractivas para los posibles beneficiarios, suponiendo que esas facilidades no hayan expirado cuando asuma la presidencia.
Impuestos
Durante su campaña, Biden propuso un aumento de billones de dólares en impuestos a las empresas y las personas con altos ingresos. Gran parte de esa agenda exigiría la cooperación del Congreso, pero en algunas áreas, el gobierno de Biden podría aumentar los impuestos por su cuenta, modificando la norma de aplicación de la emblemática ley impositiva de Trump de 2017.
Varias de esas normas se refieren a los ingresos obtenidos en el extranjero por corporaciones multinacionales que operan en los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro del gobierno de Biden podría intervenir para revertir la normativa de aplicación de la ley que impuso el equipo de Trump en 2017, que en los hechos exime a las multinacionales de un par de nuevos impuestos creados por esa ley.
Biden hizo campaña con la promesa de aumentar la carga tributaria de los ingresos de las multinacionales a nivel global, y podría intentar cumplirlo con regulaciones, cambiando la forma en que se calcula esa responsabilidad impositiva. Su Departamento del Tesoro también podría intentar revertir la así llamada exención de altos impuestos (high-tax exemption) que les permitió a algunas multinacionales reducir su carga impositiva en los Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de Biden también podría cambiar las regulaciones concernientes a las Zonas de Oportunidad, otra creación de la ley de 2017, que establece exenciones impositivas para atraer inversiones a zonas de elevada pobreza. Con esos cambios, podría poner requisitos más estrictos a los inversionistas para acceder a esos beneficios fiscales.
Comercio internacional
Como ha demostrado Trump, en Estados Unidos el Poder Ejecutivo goza de gran libertad en materia de política comercial.
Biden enfrentará varias decisiones comerciales a corto plazo, incluida la opción de continuar con la prohibición de TikTok y WeChat, las populares aplicaciones de redes sociales, y el mantenimiento de los aranceles a los productos chinos y la importación de metales.
Biden no necesitaría la aprobación del Congreso para abordar estos y muchos otros asuntos comerciales pendientes, como la disputa con la Unión Europea por los subsidios otorgados a Boeing y Airbus, las negociaciones globales por la aplicación de impuestos a los servicios digitales, o la posible aplicación de nuevos aranceles a Vietnam, otra idea de Trump.
Pero Biden sí necesitaría la aprobación del Congreso para aprobar cualquier acuerdo de libre comercio. De todos modos, sus asesores dicen que es poco probable que el flamante presidente busque nuevos acuerdos en lo inmediato, y que se enfocará en las prioridades nacionales.
Hay otras prioridades de Biden en materia de comercio que parecen trascender las líneas partidarias y hasta podrían contar con apoyo republicano en el Congreso, como fomentar el programa Buy American("compre productos norteamericanos") para destinar más dólares federales a productos estadounidenses o invertir en el desarrollo de tecnologías nacionales, como los semiconductores, para evitar que China se quede con nuevas ventajas competitivas.
Regulación financiera
Algunas de las más modificaciones importantes que hizo Trump a las regulaciones bancarias fueron a través de los organismos de control, y no del Congreso, como la flexibilización de la Regla Volcker, que prohíbe que los bancos apuesten a favor de sí mismos, y una reformulación de la Ley de Reinversión Comunitaria, que exige a los bancos inversiones en comunidades pobres.
Los nuevos funcionarios de los organismos reguladores tendrán margen para deshacer esos retoques o imponer otros nuevos, que seguramente irían en la dirección de controles más férreos. Al igual que el lento goteo de la desregulación bajo la administración Trump, es probable quecualquier cambio que surja de la Reserva Federal y sus agencias reguladoras sea constante y en pequeñas dosis.
"En el frente legislativo, los demócratas la tienen complicada", dice Ian Katz, director y analista de política financiera de Capital Alpha Partners. "Donde sí pueden accionar es con las regulaciones."
Pero es posible que esos cambios tarden en llegar, por más que Biden quiera colocar a funcionarios pro-regulación en los diversos organismos. Uno de los cargos con más poder en materia normativa es el de vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, que actualmente ocupa Randal Quarles, designado por Trump y con mandato vigente hasta octubre de 2021.
Protección al Consumidor
El gobierno de Biden también podría ejercer su poder en lo referido a las protecciones de las que goza el consumidor, incluidos el cobro de deudas, préstamos de adelanto sobre el sueldo y ejecuciones hipotecarias abusivas.
En junio, la Suprema Corte dictaminó que la Casa Blanca tiene la facultad de remover sin causa al director de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor, en contradicción con una ley federal destinada a poner límites a la injerencia del Ejecutivo en los organismos independientes. Eso significa que Biden tendrá la libertad de reemplazar a Kathleen Kraninger, la actual directora de la oficina, por alguien más dispuesto a escudriñar rigurosamente a las empresas y obligarlas a cumplir.
Katz dice que algunas de las medidas que podría tomar el gobierno de Biden de manera inmediata atañen a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, como la regulación de los adelantos sobre el sueldo y la normativa sobre el cobro de deudas.
Un documento técnico de principios de este año del exdirector de dicha oficina, Richard Cordray, señala que mientras dure la pandemia se deberían frenar las ejecuciones hipotecarias y los desalojos, y controlar atentamente las prácticas de los cobradores de deudas.
The New York Times
(Traducción de Jaime Arrambide)
Por Ana Swanson
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