EE.UU. cuestionó la política de seguridad de Bukele y lanzó una advertencia de viaje para El Salvador
La sede diplomática en el país centroamericano aseguró que “el crimen violento” sigue siendo una preocupación y alertó sobre la suspensión de derechos constitucionales bajo el régimen de excepción
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LA NACION
SAN SALVADOR.- La embajada de Estados Unidos en El Salvador emitió el lunes una alerta de seguridad nivel 3 a los viajeros y recomendó reconsiderar las visitas al país debido a que el crimen violento continúa siendo una preocupación en amplias partes del país y alertó sobre el régimen de excepción.
“Aunque se ha dado una reducción importante en la actividad relacionada con las pandillas, el crimen violento continúa siendo una preocupación en amplias partes del país”, recogió el comunicado de la embajada estadounidense en el país centroamericano.
“Las autoridades locales pueden carecer de recursos para responder efectivamente a incidentes criminales graves, aunque la concentración de los recursos en áreas turísticas significa que estas áreas tienden a contar con mayor presencia policial que las áreas urbanas”, agregó el texto.
Además, la alerta de seguridad señaló que el país permanece bajo el estado de excepción que se aplicó en marzo de 2022 como respuesta a un incremento en los homicidios.
El estado de excepción “otorga a las autoridades la facultad de detener a cualquier persona de quien se sospeche actividad pandilleril y suspende varios derechos constitucionales, que incluyen las protecciones normales de los procedimientos penales tales como el derecho a un proceso sin demora. Las condiciones carcelarias son duras”.
El comunicado detalló que “numerosos ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros han sido detenidos bajo el Estado de Excepción, algunos en una manera supuestamente arbitraria”.
La sede diplomática no proporciona información de los ciudadanos estadounidenses detenidos, pero en abril de 2022 un periódico local reportó que Yonny Alcides Lobos Diaz, de 42 años, y un adolescente de 17, quienes residen legalmente en Estados Unidos, fueron capturados durante una redada policial. Trascendió que horas después fueron liberados.
Las autoridades salvadoreñas, sin previo aviso, pueden restringir el paso a ciertas zonas por medio de puntos de control en donde se sospeche que hay actividad de las pandillas y, en consecuencia, informa la sede diplomática a los ciudadanos estadounidenses de que el acceso y la libertad de movimiento dentro de estas áreas puede ser limitado.
Al respecto, el presidente Nayib Bukele respondió al comunicado de la Embajada a través de un posteo en su cuenta de Twitter en el que indicó que El Salvador detiene a criminales “comprobados” y acusó a Estados Unidos de apresar inocentes.
“El Gobierno de los Estados Unidos encarcela a inocentes comprobados y, al mismo tiempo, se preocupa de que encarcelemos a criminales comprobados”, publicó.
Durante el régimen de excepción, que cumplirá un año el 27 de marzo y que ha sido duramente criticado por vulnerar derechos humanos por colectivos de derechos humanos, las autoridades dicen haber capturado a 65.291 personas acusadas de ser miembros o colaboradores de las pandillas.
Unas 3745 personas fueron liberadas después debido a que no se pudo establecer un verdadero vínculo con estas estructuras criminales, mientras que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recibió más de 7900 denuncias de abusos del Estado, en gran parte por detenciones arbitrarias. Hay más de 57.000 con prisión provisional decretada por un juez, pero sin condena.
Los defensores de los derechos humanos que han denunciado reiteradas irregularidades con el estado de excepción, también dicen haber documentado la muerte de algunas personas en custodia del Estado.
El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele comenzó a implementar una política de mano dura contra las pandillas después de una jornada con 62 asesinatos registrados en 2022, el día más violento bajo su administración.
El Congreso entonces, a solicitud de Bukele, aprobó un estado de excepción que se ha ido renovando recurrentemente con el que aseguran combaten a grupos criminales. Desde entonces está restringida la libertad de asociación y suspendidos los derechos de los detenidos a ser debidamente informadas de sus derechos y del motivo del arresto, así como de la asistencia de un abogado.
Pero las autoridades justifican la política de mano dura contra las pandillas, resaltando una considerable reducción de los homicidios. Según estadísticas oficiales, el 2022 cerró con un registro de 495 homicidios, la cifra más baja de las últimas décadas. Aunque ese informe no incluye al menos un centenar de muertes de pandilleros que fallecieron en presuntos enfrentamientos con las autoridades.
En 2015, El Salvador, en ese momento considerado uno de los países más violentos del mundo, registró 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Agencia AP
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